Creció la asistencia financiera al sistema de seguridad social

Eso genera presiones fiscales que preocupan a las autoridades económicas. El ministro del área, Danilo Astori, dijo el sábado 5 en un congreso organizado por el Colegio de Contadores y Economistas que con la ley de flexibilización de las pasividades aprobada en 2008 “se están pagando un promedio de 30.000 nuevas pasividades al año”. Eso genera un costo —estimado en US$ 330 millones anuales— que superó las estimaciones hechas por el gobierno, generando “una gran tensión para la situación fiscal del país”, agregó el jerarca.

Parte de la asistencia salió de los ingresos que recibe el Estado por tributos. Por ley, al BPS le corresponden siete puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como la totalidad de la recaudación por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto a la Lotería. Según un informe de ese organismo previsional, el año pasado recibió US$ 1.377 millones por IVA, US$ 232 millones por IASS y US$ 925.000 por Loterías.

Durante 2016 el resultado operativo del BPS fue negativo en casi US$ 500 millones. La cifra surge de restar los egresos por pagos de prestaciones y subsidios con los ingresos por aportes de trabajadores y empresas, así como de algunos impuestos afectados. No toma en cuenta los gastos administrativos del organismo e incluye como egreso la transferencia a las administradoras de fondos previsionales (AFAP), que ascendió a US$ 994 millones.

Además de esos ingresos afectados, el BPS también recibió asistencia directa de Rentas Generales.

Institutos especiales.

Otros servicios previsionales precisaron fondos del gobierno para cubrir sus defasajes financieros.

En 2016, al servicio de retiro policial se le transfirieron US$ 156 millones, mientras que al de las Fuerzas Armadas —la caja militar— fueron US$ 492 millones. En este último instituto, que el gobierno quiere reformar porque impacta en el déficit fiscal, se pagaron también jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y una bonificación por años de servicio percibido por los militares.

Las tres cajas paraestatales (de bancarios, escribanos y la de los demás profesionales universitarios) recibieron dinero por algunas partidas fijadas por ley. Las pasividades de los profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial, por ejemplo, deben ser abonadas por Rentas Generales. De allí sale también el dinero para compensar a profesionales que hayan sido despedidos o abandonaron el país durante la dictadura militar. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias recibe aún un aporte para compensar la eliminación —en 2004— de un impuesto a las retribuciones personales.

Estas tres cajas poseen inversiones financieras que las ayudan a compensar los desequilibrios operativos que también las afectan, sobre todo por el impacto del envejecimiento de la población. Las dos que amparan a universitarios estudian reformas para mitigar sus déficits y consolidar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Futura reforma.

Durante el foro del sábado 5, realizado en el hotel Radisson Victoria Plaza, Astori señaló que se debe reformar el sistema “tomando nota” de la demografía uruguaya y teniendo en cuenta que el país enfrenta un bono demográfico hasta 2030, año en el que la cantidad de pasivos superará al número de trabajadores en la etapa activa. “Todos los parámetros básicos de un sistema previsional tienen que ser analizados y transformados”, agregó. El ministro de Economía no habló de plazos para una eventual reforma.

Murro dijo que “comparte” la idea de que la seguridad social “requiere reformas periódicas”. Agregó: “Integra lo que planteó el presidente. El 10 de junio se informó sobre la solución para los cincuentones, que esperemos que se apruebe lo antes posible en el Parlamento, al igual que la reforma de la caja militar. Pero al mismo tiempo se creó un grupo interministerial para recibir insumos, diagnósticos y propuestas sobre la situación de la seguridad social para el próximo gobierno. Todos los sectores tienen que participar”, declaró el jerarca a Búsqueda.