Lobraus notificó al gobierno su intención de llevar a un arbitraje su reclamo contra Uruguay

Agregaron que el bufete Pinsent Masons, con sede en Londres, dirigió la misiva a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a la directora de Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, Dianela Pi, y a la titular de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía, Isabella Antonaccio.

“Decisiones arbitrarias”

El socio de Pinsent Masons Cem Kalelioglu declaró en un artículo publicado ayer, lunes 2, en Global Arbitration Review que los derechos de Lobraus “se han visto gravemente menoscabados por un patrón sostenido de decisiones arbitrarias, discriminatorias, incoherentes y poco transparentes por parte de las autoridades uruguayas a lo largo de varios años, que culminó en la cancelación unilateral sin precedentes de su concesión portuaria de 30 años sin compensación alguna”.

Añadió que la firma invirtió “capital y recursos en Uruguay confiando en los compromisos asumidos por el Estado. Procuramos tomar todas las medidas necesarias para reivindicar los derechos de nuestros clientes y asegurar una indemnización completa por las pérdidas que han sufrido”.

A fines de julio quedó firme la rescisión de la concesión a Lobraus, un proceso iniciado por resolución de la ANP de enero, tras “graves incumplimientos constatados” y el “vencimiento en exceso” de los plazos otorgados a la empresa para el pago de sus deudas por canon y multas —que superaban los US$ 500.000— y por la falta de las inversiones comprometidas en el contrato de concesión. Se trató de la primera rescisión unilateral a un concesionario realizada por la ANP.

El contrato de concesión de Lobraus tenía una vigencia prevista hasta 2046. Después de la rescisión, la empresa inició un proceso de cierre del negocio.