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Desde su creación la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), la editorial más antigua de textos jurídicos, ha estado asociada a grandes nombres del derecho uruguayo. Horacio Cassinelli redactó los estatutos de su creación en 1966 y, tras el retorno a la democracia en 1985, su Junta Directiva estuvo integrada, entre otros, por Adela Reta.
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Esa historia de lustre, sin embargo, está lejos de la difícil situación económica que atraviesa ahora la institución. En los últimos días debió realizar fuertes recortes de personal enviando a casi todos sus trabajadores al seguro de paro, y está al borde de la quiebra.
En la última reunión del 2019 de la Junta Directiva de la FCU, las autoridades le comunicaron al personal que ante la compleja situación económica que enfrenta la institución serían enviados al seguro de paro todos los funcionarios, excepto dos, según relataron a Búsqueda fuentes de la organización.
La Junta Directiva honoraria está integrada por cuatro miembros: el presidente Marcelo Vigo, Pablo Bicudo, Nicolás Brener y Gerardo Torres.
En su página web, la FCU indica que cumple sus tareas “sin ninguna subvención ni financiación externa”. Su actividad se cubre con “la venta de libros y el aporte desinteresado de muchos colaboradores, que se destinan a financiar aquellos servicios que, por su carácter deficitario, no se podrían asumir de otra forma”.
Han publicado textos allí importantes firmas vinculadas a lo jurídico como Jorge Gamarra, Santiago Carnelli, Gonzalo Fernández, Cristina Mangarelli, Dora Szafil y varios jueces renombrados.
Ese mecanismo de financiamiento, sin embargo, parece no seguir funcionando. De acuerdo a los informantes, la FCU, para enfrentar la falta de ingresos, decidió desde hace un tiempo no pagar los derechos de autor.
A raíz del anuncio, los funcionarios cuestionaron lo que ha sido la gestión de la institución en los últimos siete años. Apuntaron a decisiones que, según advierten, desembocaron en la crisis económica actual. En una carta enviada el 20 de diciembre por los trabajadores de la FCU, a la que accedió Búsqueda, se denuncia que esta situación tuvo su inicio en el año 2012 cuando la fundación resolvió no designar administrador o gerente, cargo que quedó vacante, y la Junta Directiva asumió su responsabilidad.
Para los funcionarios, esto fue un error porque “no es sostenible que un órgano honorario, rotativo y que desconoce el funcionamiento cotidiano, logre acompañar las decisiones y las necesidades que las finanzas, las ventas y los desafíos editoriales requieren”.
“Por eso no podemos aceptar que la crisis que ahora nos comunican se asocie a los sueldos. Esta crisis empieza y abarca mucho más complejidades que las suma de los sueldos”, agregan. Y cuestionan que se le pague $ 60.000 de sueldo a un contratado, así como el pago a una consultora que “más que traer soluciones ha traído problemas y ni siquiera ha sido capaz de anticipar la situación económica actual”.
Y por eso plantean que no van a “aceptar parches o soluciones parciales que no estén dentro de un planteo general y coherente que abarque toda la Fundación y su complejidad”.
“Vamos a salir de esta situación, pero con un compromiso de trabajar todos juntos por FCU. Es necesario hacer un diagnóstico de la Fundación, preparar un plan estratégico y, a partir de ahí, una reestructura en su funcionamiento para cumplir sus metas. Plan estratégico que también debería incluir a los autores”, agregan en la carta.
Además, los funcionarios piden que se respeten los “compromisos asumidos” frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que incluyen la realización de reuniones periódicas entre trabajadores y autoridades, articular líneas de trabajo y la mejora del funcionamiento.
Piden un “mínimo reconocimiento” a los autores que “habiendo publicado 110 títulos en el año no ven atrás de ello el esfuerzo y el trabajo” que hay. Y por último, insisten en la carta que los “números rojos” son “responsabilidad exclusiva de la administración” y que no debería seguirse el camino de la reducción de personal.
