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Desde diversos ángulos, la ley de “inclusión financiera” —que entre otras cosas apunta a sustituir el uso de dinero en efectivo por medios electrónicos de pago— recibió cuestionamientos de las gremiales de escribanos y de los agentes inmobiliarios. Desde la asociación de bancos privados hubo algún comentario crítico, pero también respaldo a un proceso que anticipaban como inevitable.
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Esas visiones surgieron en un foro —titulado Inclusión financiera: beneficios y desventajas— organizado el miércoles 16 por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).
“El tema está entre la libertad y la obligatoriedad de la ley. Queremos un Estado protector pero no sentirnos perseguidos por obligaciones que se suman y se suman”, dijo Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Además afirmó que en el desarrollo de su actividad, el sector inmobiliario está “bastante desprotegido”.
El empresario dijo que existen presiones desde operadores del interior para sumarse a la campaña de recolección de firmas para anular la norma. Pero destacó que su cámara está “90% de acuerdo” con las modificaciones que el gobierno ha realizado, aunque la ley aún “es perfectible”.
Además de obligar al pago de pasividades y sueldos a través de medios electrónicos, desde abril pasado la ley de “inclusión financiera” limitó el pago en efectivo de transacciones de alto monto, por ejemplo de inmuebles o vehículos. El Poder Ejecutivo prepara flexibilizaciones al régimen, en algún caso atendiendo planteos de los escribanos (ver Búsqueda Nº 1.967).
En el foro de ADM la presidenta de la Asociación de Escribanos, Ana María Ramírez, dijo que todavía persisten “muchas dudas que hacen a la inseguridad jurídica del país” y que se derivan de la cantidad de normas aprobadas luego de la ley de inclusión, votada en 2014. “Cambiaron las reglas de juego a la población. En el interior no se tiene conocimiento de lo que está sucediendo y la academia está con problemas de interpretación. Estamos pidiendo auxilio” buscando una prórroga, aseguró.
Ramírez entiende que los notarios son de los que “más trabajan de forma honoraria” para el Estado controlando el pago de ciertos impuestos, una tarea a la que ahora se le suma chequear el origen de los fondos. “Hemos mantenido nuestros honorarios aunque cada año las cargas aumentan y no hay un beneficio visible desde el Estado”, se quejó.
Para el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Roberto de Luca, la inclusión financiera tuvo algunas ventajas, como el incremento de la oferta de servicios, beneficios a la hora del pago y la libertad de elegir al banco a través del cual se cobra el sueldo. “Hay una fantasía de que los bancos escribimos la ley”, dijo, y aclaró que se trata de una regulación “que hasta ahora no es rentable” para las instituciones financieras. “Damos servicios sin ingresos, hacemos promociones para incrementar el uso de tarjetas, bajamos los aranceles (de los sellos) y los costos de las transferencias y además invertimos para mejorar el sistema que ahora tiene nuevos competidores”, recordó.
