Críticas al Poder Judicial

En el número correspondiente al pasado 22 de enero —por ejemplo— bajo el título “Fiscales uruguayos observan con ‘consternación’ muerte de Nisman y recuerdan vínculo con Montevideo” se aludió a esto.

Esto en cuanto al círculo político y judicial de nuestro país y a la coexistencia libre de peligros, amenazas y agresiones que recíprocamente se garantizan las principales figuras de un ámbito institucional y otro.

Pero también creo acertado el comentario del fiscal Carlos Negro en lo atinente al resto de la sociedad: “Siempre puede haber un loco suelto que cometa un atentado o alguien que se enoje con una decisión de un juez o un fiscal”.

¡Sin duda!; “y cada vez más”, agregaría yo, siguiendo su línea de pensamiento.

Francamente no sé cuántos compatriotas enojados con decisiones de jueces y fiscales entrarían en la categoría de “loco suelto”, según el baremo técnico de calificación psiquiátrica manejado por él, pero es un hecho que las actuaciones fiscales y judiciales están irritando y enfureciendo cada vez a más gente; con sobradas razones y desde hace ya mucho tiempo; véase que ni siquiera un dictamen encomendado por la Suprema Corte de Justicia en setiembre del año pasado a la empresa consultora Cifra - González Raga & Asociados habilitó a sus propietarios a formular algún concepto siquiera mínimamente laudatorio en relación con su imagen, so pena de ver menoscabada nuevamente sus ya bastante alicaídas reputaciones: atinaron a fijar en un prudente 42% la parte del pueblo que “no confía” en el Poder Judicial; esto —de cualquier manera— constituye casi un cincuenta por ciento de la población del país. Es dable colegir —en consecuencia— que mucho más de la mitad probablemente ha de pensar que por su intermedio no se imparte justicia; y si tan bochornoso reporte no hubiera sido lo bastante alarmante y vejatorio para espabilarlos, un popular abogado comentándolo ironizó: “Bueno, de ser cierto ese dato es claro entonces que un 58% de nuestros compatriotas desconoce por completo la realidad jurídica de la nación”.

Estimo —por tanto— que todos los actores judiciales deberían sumarse a la postura del presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Gómez, quien habría dicho —según lo publicado en el referido artículo—, “esto me hace reflexionar mucho con respecto a la responsabilidad que tenemos todos quienes analizamos temas de relevancia en la sociedad”.

¡Excelente! ¡Apoyado! ¡Hace mucho que deberían estar haciéndolo! En la referida encuesta se alegaba, para sustentar las penosas conclusiones difundidas, que los consultados habían expuesto en forma reiterada conceptos como: “Un mismo caso en distinto momento tiene veredicto a favor y en contra”; “no todos los jueces o abogados tienen los mismos criterios para juzgar”; “un juez no mide con la misma vara a todos”; “no son neutrales”; “les faltan recursos para actuar bien”; “les falta independencia”; “les falta que realmente se animen a llamar a quienes tienen que llamar y juzgar a quienes tienen que juzgar”; “hay escasez de jueces”; “hay bajo nivel de conocimiento”; “hay falta de capacitación”; “se demora demasiado tiempo en hacer justicia y cuando ésta llega, ya no hay justicia”; y agrego yo que además hay —por si lo anterior no bastase para explicar el pésimo desempeño y el consiguiente desprestigio de nuestro Poder Judicial— insensibilidad; ¡muchísima insensibilidad! Insensibilidad explícita y formalmente promovida con entusiasmo irracional nada menos que por el recalcitrante ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Omar Chediak González, quien hoy —para un ya prácticamente irreversible deterioro y descrédito de la jurisprudencia nacional, a mi criterio— la preside por segunda vez.

En el seno de toda colectividad humana el sistema de justicia es de importancia vital; su correcto funcionamiento posibilita la convivencia pacífica entre quienes la integran, favorece un clima social de cooperación espontánea y generalizada y contribuye a orientar oportunamente y con eficacia el más lúcido esfuerzo mancomunado hacia objetivos de interés común; su mal desempeño —es decir: cualquier acción u omisión perversa de quienes actúan en su nombre— origina e intensifica entre personas y grupos, ocasionalmente antagónicos, animosidades, inquina, resentimiento, encono, agresividad y, por último —fatalmente— violencia. En el caso de nuestro país, la desidia, la impericia, las arbitrariedades, la insensatez, las ambiciones descontroladas, el oportunismo fullero y toda una estrafalaria gama de taras morales, ideológicas y corporativas de muchos y prominentes jurisconsultos viene arraigando, multiplicando, agravando y perpetuando entre nosotros disensiones, disputas y contiendas evitables y extremadamente lesivas, para las cuales anulan con sus malhadadas intervenciones toda vía de solución pacífica; también ocasionan importantes pérdidas al Estado que a través de Rentas Generales debe luego indemnizar a las víctimas de su proceder nefando. Y quizá de ahora en adelante —acaso por las multiplicadas reacciones hostiles que inducen en la población sus desatinos, vicios y lacras funcionales mucho más que por las amenazas del hampa (ya que jamás a causa de sus cofrades políticos, a estar por la calificada opinión del fiscal Carlos Negro)— deberemos realizar un cuantioso desembolso para proteger a muchos que —para colmo— verán así reforzada su capacidad para cultivar despreocupadamente su incuria, su iniquidad, su vocación autocrática, sus delirios mesiánicos o su megalomanía despótica.

Sergio Hebert Canero Dávila

CI 1.066.601-8 Force Majeur