Aunque queda un largo camino para las próximas elecciones, la relación entre el oficialismo y la oposición frenteamplista adquirió en los últimos días un tono tenso típico de las campañas, a partir de acusaciones y reproches cruzados.
Aunque queda un largo camino para las próximas elecciones, la relación entre el oficialismo y la oposición frenteamplista adquirió en los últimos días un tono tenso típico de las campañas, a partir de acusaciones y reproches cruzados.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSimultáneamente con la habitual discusión en torno a la Rendición de Cuentas que trata el Parlamento y el incipiente debate acerca del anteproyecto de reforma de la seguridad social, se incorporaron otros asuntos polémicos.
Por un lado, el senador del Frente Amplio Charles Carrera fue cuestionado a partir de una investigación del programa Santo y seña de Canal 4 que lo involucra, de su época de director general de secretaría del Ministerio del Interior, en la presunta internación en el Hospital Policial y entrega de tickets de alimentación a un civil que en 2012 resultó herido por una bala perdida de supuesto origen policial. Luego de difundida esa información, el domingo 7, esa cartera de Estado presentó una denuncia penal por entender que pudo haber irregularidades en torno a la asistencia brindada a la persona que resultó lesionada.
Carrera se defendió y también fue respaldado por el Frente Amplio, que habló de un “ataque” al legislador: “Todo lo actuado está documentado y fue conforme a derecho”, hubo “acciones con lógica humanitaria ante una familia que se encontraba en una compleja situación” y se descartan “intentos de encubrimiento, ya que en su momento fueron llevados a cabo procesos administrativos y judiciales para esclarecer el caso”, señaló esa fuerza política en una declaración emitida el lunes 8. Su presidente, Fernando Pereira, agregó en rueda de prensa que la denuncia es un intento por “dañar la imagen de un partido que colocó proa hacia 2024 y ha construido una organización para volver a gobernar; esto genera nerviosismo”.
El miércoles 10 el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió con la bancada del Partido Nacional e informó algunos detalles de los hechos denunciados. Cuantificó en el equivalente a US$ 260.000 el gasto en tickets entregados al damnificado. “Lo importante es que se conozca, que se vea que aquí la denuncia la hizo la familia, por un lado, y Asuntos Internos (del Ministerio del Interior), por el otro, y que hay elementos suficientes como para preocuparnos del desvío de fondos públicos sin respaldo legal, contrarios a derecho”, señaló el senador Jorge Gandini. Estimó que la situación se podría tipificar bajo el delito de “abuso de funciones”.
El “mismo argumento de Cendoya, Placeres, Sendic y otros más. Victimización y apelar a la falsa (sic) de la sensibilidad social: la solidaridad que no se hace con el dinero propio sino con la malversación de fondos del Estado”, señaló en Twitter el senador nacionalista Sebastián da Silva.
Antes de que el ministro fuera recibido por los legisladores de su partido, varios parlamentarios del Frente Amplio lanzaron el hashtag #PreguntasaHeber para, en la misma red social, cuestionar al jerarca: “¿Cómo se piensa frenar la ola de homicidios que está viviendo el país?”, planteó Alejandro Sánchez; “¿Por qué le dio un pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia y acusado de ordenar asesinar a un fiscal antidrogas paraguayo?”, señaló Daniel Caggiani; “70% de caída en gastos de equipamiento policial y dos años y medio de caída sostenida de salario. ¿De verdad que este era el apoyo a la Policía?”, disparó la diputada Bettiana Díaz.
Otro cruce, por cuestionamientos al gasto en el Canal TV Ciudad, tuvo como protagonistas a la presidenta de la Departamental del Partido Nacional y excandidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, y a la actual intendenta capitalina, Carolina Cosse.
Además, el Ministerio de Trabajo difundió el martes 9 un análisis según el cual al menos cinco de cada 10 trabajadores (54,4%) privados no perdieron poder adquisitivo salarial o sí, pero hasta 1%. Para el resto (385.802 asalariados) la remuneración real bajó hasta 4% cuando se compara julio pasado con un año atrás.
Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT han cuestionado al gobierno por el deterioro del salario real medio, que fue de 1,6% en los 12 meses a junio.
“Vemos que hay una enorme diferencia entre lo que podría ser una política inclusiva y lo que es una política de concentración del ingreso y de la riqueza”, dijo a Búsqueda el senador y exministro de Economía en períodos del Frente Amplio Danilo Astori.
En entes como Ancap y UTE, los directores frenteamplistas cuestionaron la gestión del oficialismo.