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En su etapa final antes de llegar al Parlamento, el proyecto de ley de inclusión financiera que promueve el Poder Ejecutivo está recogiendo algunas objeciones.
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La iniciativa, puesta en consulta el lunes 7 por el Ministerio de Economía (MEF), propende a que las transacciones económicas se canalicen preferentemente por medios electrónicos. Así, sueldos de trabajadores dependientes y pasividades deberán abonarse en cuentas bancarias especiales, y también las compraventas a partir de ciertos montos tendrán que hacerse mediante instrumentos de ese tipo, sobre todo los débitos.
La Asociación de Bancos Privados (ABPU) propone limitar las operaciones y montos que tendrán las cuentas para abonar sueldos y pasividades, y critica que se dé más información a la Dirección General Impositiva (DGI) sobre otras transacciones porque afecta la privacidad de los individuos.
“No hay ningún tipo de restricción sobre cuántos movimientos se pueden hacer por mes y los límites de las cuentas asociadas al pago de sueldos y pensiones. Esto compromete el plan de negocios de los bancos”, dijo a Búsqueda el director ejecutivo de la ABPU, Julio de Brun. “Yo podría depositar en esa cuenta, hacer transferencias y todo eso es gratis. Esto puede traer un impacto en la rentabilidad que las cuentas personales tienen para los bancos”, alegó.
“Además, si viene una empresa que no conozco, con recibo de sueldo, el banco no se puede negar a hacer la transferencia. Eso es un agujero grande en materia de control del lavado de dinero”, planteó como otro argumento en contra de la iniciativa.
Los bancos también cuestionan el artículo 77 que establece que las administradoras de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos de pago electrónicos, deberán entregarle a la Impositiva “información relativa a operaciones realizadas, establecimientos y tarjetahabientes”.
“O sea que la DGI puede saber que fuiste a tal joyería y compraste tal producto. Ese artículo invade la privacidad. Algo parecido se había discutido anteriormente (en la aprobación del régimen fiscal para monotributistas) y en la discusión parlamentaria quedó limitado a enviar información de montos totales, es decir cuánto gastó una persona en la tarjeta pero no en cada comercio”, explicó De Brun.
La ABPU también objeta la eliminación del uso de cheques endosables, los topes establecidos para los bancos a la hora de dar créditos de nómina de personal y la obligación de entregar un listado de alquileres que se paguen a través de instituciones bancarias.
Fuentes del MEF señalaron a Búsqueda que la reglamentación introducirá especificaciones sobre algunos de estos puntos. Por ejemplo, el dinero en las “cuentas-sueldo” podrá estar depositado o bien por hasta cierto tiempo máximo o con un tope en monto. Entre otras cosas, se prevé acotar la cantidad de reposiciones, de retiros desde cajeros automáticos y transacciones interbancarias gratuitas.
Como los bancos privados, la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) comparte los objetivos del plan de inclusión financiera pero tiene algunos reparos.
Entre otros puntos señalados en un documento difundido esta semana, esa institución sin fines de lucro opinó que la rebaja del Impuesto al Valor Agregado prevista para los pagos con tarjetas de débito desde el tercer mes de vigencia de la ley “coloca a los bancos en condiciones aún más ventajosas que las entidades emisoras de tarjetas prepagas”.
También alerta que los cambios en el régimen de retención de haberes para el pago de salarios incluido en el proyecto provocará un encarecimiento del crédito y concentrará el sistema “en menos instituciones con características bancarias”. Mientras “para los bancos y sus financieras se les suma un potencial de nuevo producto (...) para Anda y las cooperativas les cambia su modelo de gestión”, señala la institución.
