La intervención de la Presidencia de la República en la modificación de una instrucción general con el objetivo de impedir la clausura de dos casos generó alarma en ámbitos políticos y judiciales y reeditó el debate sobre la conveniencia de que el Poder Ejecutivo forme parte del consejo que asesora a la Fiscalía General. Además, volvió a poner sobre la mesa la idea de que, tras el cambio de rol que el nuevo Código del Proceso Penal dio a la Fiscalía, este sea un organismo dirigido de forma colectiva y no bajo el mando de una sola persona.
El jueves 13 Búsqueda informó que el Poder Ejecutivo, como integrante del Consejo Honorario que aprueba las instrucciones generales que orientan a los fiscales, se basó en su interés de que no se clausuraran dos expedientes para promover la modificación de una norma. El Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho estatal se negaron a votar la propuesta de Presidencia porque entendieron que no podía basarse en casos concretos y que ponía en riesgo la independencia técnica de los fiscales. La modificación, que incorporó la defraudación tributaria entre los delitos cuya persecución es de interés público, se aprobó con los votos del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y del representante de la Asociación de Fiscales Willian Rosa (Búsqueda Nº 2.024).
Tras la publicación, el senador colorado Pedro Bordaberry advirtió que se trataba de un hecho “gravísimo”. “No se puede dejar en manos de decisión política del gobierno qué delito perseguir y qué no”, escribió en su cuenta de Twitter. “Debe reverse este sistema; en su momento votamos en contra”, añadió.
Esa mañana, el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, planteó la misma preocupación durante un seminario sobre partidos políticos y Poder Judicial organizado por la Facultad de Ciencias Sociales.
“No es correcto que en el consejo asesor de la Fiscalía para determinar las instrucciones generales esté incluido un representante del Poder Ejecutivo, menos aún de la Presidencia de la República”, dijo el legislador.
Además, sostuvo que “el cambio del rol de la Fiscalía amerita preguntarse si está bueno que sea un fiscal general unipersonal o si sería más garantista para todos una Fiscalía General con una cúpula colectiva”.
“Me parece que es un tema que hay que discutir”, añadió.
El politólogo Adolfo Garcé, uno de los organizadores del seminario, compartió el planteo. “Me pregunto si la Fiscalía no debería ser un cuerpo colegiado”. Hoy el fiscal general es Díaz, señaló, de quién aseguró tener “la mejor opinión”. Pero “¿si mañana tenemos a Trump?”, planteó.
Garcé mencionó que durante una ponencia más temprano Díaz sostuvo que la Fiscalía debía tener más poder y autonomía. “Siempre y cuando dotemos a la Fiscalía de las mismas garantías que la Suprema Corte de Justicia”, opinó el politólogo.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que participaba en la mesa junto con Mieres, dijo que era un tema para “discutir”.
Connotaciones políticas
Cuando en 2015 se aprobó la creación de la Fiscalía General como un servicio descentralizado —y se sacó de la órbita del Ministerio de Educación, para darle más autonomía— la senadora frenteamplista Constanza Moreira planteó que debería transformase en un organismo colegiado “para dar más garantías”. Sin embargo, la idea no prosperó. “Vamos a una reforma de la justicia donde la Fiscalía de Corte tendrá un rol central”, advirtió Moreira.
Consultado por Búsqueda, Bordaberry recordó que esa propuesta fue rechazada en el Senado y dijo que, “aunque puede ser un cambio”, en su opinión “no necesariamente pasa por ahí”.
“A mi juicio lo que sí debiera reverse es el sistema de instrucciones generales. Si hay un delito previsto en el Código Penal debiera perseguirse y no dejarse a voluntad de una instrucción general, y si se piensa que no se debe perseguir, que se derogue”, afirmó.
Y aun si se aceptan las instrucciones generales, agregó, “no puede ser que ellas surjan de un organismo donde está el Poder Ejecutivo y otros actores que tienen clara connotación política”, afirmó.
El legislador señaló que es “un principio básico de Derecho” que no se puede “dejar sin efecto una norma general al momento que afecta a una persona en particular”, en referencia al episodio informado por Búsqueda. “Eso lleva a la arbitrariedad”, afirmó.
El fiscal Rosa, que votó a favor de la propuesta del Ejecutivo, dijo a Búsqueda que la Comisión Directiva de la Asociación de Fiscales entiende que el delito de defraudación tributaria debe estar entre aquellos cuya persecución tiene interés general debido a “la trascendencia que tiene para la administración pública”.
“Nuestra fundamentación se basó en el bien jurídico tutelado, no nos apoyamos ni tuvimos en cuenta la fundamentación del Ejecutivo”, afirmó. “A la hora de argumentar sobre la inclusión de un delito de interés general, evidentemente no se puede hacer una fundamentación sobre casos particulares, es totalmente inconveniente. Pero es un problema de la fundamentación, no de la instrucción”, sostuvo.
Por otra parte, Rosa dijo que la asociación nunca estuvo de acuerdo con que el Poder Ejecutivo integrara el Consejo Consultivo. “Desde 2016, cuando se discutió el tema en el Parlamento, nosotros planteamos que el consejo debía tener una mayor integración de fiscales. No veíamos razón para que el Ejecutivo lo integre, ni tampoco las organizaciones de la sociedad civil, o el Colegio de Abogados, que es la contraparte de la Fiscalía. Siempre discrepamos con eso”, afirmó.
El especialista en Derecho Procesal Santiago Pereira Campos dijo que no conoce experiencias en el derecho comparado de Fiscalías como órganos colegiados. “Quizás lo que habría que tener más desarrollados son los procedimientos para selección, remoción y contralor de la actividad del fiscal”, planteó, para el caso “de que el fiscal no fuera un fiscal serio, como el que hoy está actuando, sino que eventualmente fuera una persona que no tuviera condiciones para hacerlo”, planteó.
Por otra parte, dijo que “lo que sí está muy desarrollado” en los modelos acusatorios es la figura de los consejos asesores de la Fiscalía para elaborar instrucciones generales. “Lo importante es que esas instrucciones generales obviamente no estén basadas o inducidas por casos concretos, sino que tengan como regla generar condiciones generales para que no haya una aplicación tan distinta de la normativa que lleve a situaciones absolutamente diversas”, opinó.
Para el abogado Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados, “independientemente de quien integre el Consejo Honorario, es relevante dar publicidad a los fundamentos que los distintos integrantes expresan para conformar la voluntad de ese órgano, de modo de aventar cualquier suspicacia acerca de los criterios adoptados”. Pescadere, que aclaró que su opinión es a título personal, consideró también que “sería buena cosa que existiera también publicidad acerca del cumplimiento o incumplimiento de las instrucciones de los fiscales en los casos concretos”.
