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Desde el pasado mes de junio, un grupo de trabajadoras sexuales de distintas localidades de Uruguay está impulsando la renovación de la ley 17.515, que regula el trabajo sexual en el país. Organizadas bajo el colectivo O.Tra.S. (Organización de Trabajadores/as Sexuales), están redactando una propuesta de reforma a la ley de 2002 y juntando firmas para contar con el apoyo de la ciudadanía (en redes se las encuentra como Renovar Ley 17.515).
Según la Dirección Nacional de Policía Científica, en el Registro Nacional del Trabajo Sexual hay ingresadas un total de 12.358 personas desde la aprobación de la ley: 11.559 mujeres y 799 varones. La mayoría abrumadora de mujeres hace evidente la necesidad de abordar estos temas desde una perspectiva de género, entendiendo las vulnerabilidades específicas a las que esta población está expuesta —algo que la ley no contempla en absoluto. Las trabajadoras organizadas calculan que por cada trabajadora registrada “hay tres que no lo están”, porque en realidad registrarse “no les aporta ningún beneficio”.
Si bien en su momento la ley representó un paso adelante porque sacaba a las trabajadoras de una situación de absoluta criminalidad, esta no garantiza en lo más mínimo los derechos básicos de quienes se encuentran en situación de prostitución. En ella se establece que las personas en ejercicio del trabajo sexual estarán bajo la órbita del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), algo que no parece tener sentido para una ley que tiene como objetivo regular un “trabajo”. Por un lado, se les exige mantener un carné sanitario con los controles de enfermedades de transmisión sexual al día (dejando así de lado el abordaje integral de su salud y priorizando la salud de los clientes). Al mismo tiempo, se otorga un excesivo poder a la Policía, manteniendo a las trabajadoras sexuales en una situación constante de “no normalidad” (el artículo 3º, por ejemplo, establece que las personas que ejerzan el trabajo sexual de acuerdo a las normas establecidas “no serán pasibles de detención por parte de la autoridad policial”, pero ¿por qué sería necesaria esa aclaración a la hora de regular un trabajo?). A través de todo el texto, se puede ver con claridad que estamos ante una ley que profundiza la estigmatización de las trabajadoras sexuales, reproduciendo estructuras de poder.
Las trabajadoras organizadas plantean en su propuesta salir de la órbita del MI y del MSP, y pasar a depender del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como tener una “carátula específica” para el trabajo sexual en el BPS (y no que figuren en Industria y Comercio como en la actualidad). Reclaman una ley con perspectiva de derechos humanos, que les garantice el acceso a “seguridad social, jubilación, formación, profesionalización y a la salud integral”. Piden que se les reconozcan los años de antigüedad de las compañeras que trabajan desde antes que la ley fuera aprobada (que con 60 o 70 años tienen que seguir trabajando), y piden también una jubilación temprana, a los 50 años de edad, debido a la características específicas de su actividad.
Es necesario entender las condiciones infrahumanas en las que muchas de estas mujeres trabajan, y que lo que se está buscando con la reforma de la ley es generar un “piso mínimo” de derechos laborales. Ante todo, resulta imprescindible asegurar a estas trabajadoras el acceso a licencias por enfermedad, licencias maternales o beneficios jubilatorios, sin que esto implique legitimar la figura de un patrón o proxeneta. Probablemente, el aspecto más problemático de la ley es la ambigüedad que presenta con respecto al proxenetismo: mientras que por un lado se considera un delito percibir un beneficio excesivo por explotar “una finca para el ejercicio del trabajo sexual”, por otro lado se regula abiertamente el funcionamiento de prostíbulos, casas de masajes y whiskerías, donde es sabido que las trabajadoras viven bajo una constante situación de explotación.
Se vuelve urgente apoyar a las trabajadoras sexuales organizadas en esta propuesta de reforma, un grupo de mujeres que, a pesar de las extremadamente difíciles situaciones laborales que transitan, se reúnen para proponer al Estado una ley más justa, que las contemple como personas. Puede resultar fácil darle la espalda a una realidad que no es la nuestra, que desconocemos, y, sobre todo, que miramos con muchos prejuicios. El estigma social que sufren las trabajadoras sexuales es tan grande que tiene fuertes consecuencias psicológicas para ellas y para personas de su entorno (como hijos/as o parejas). Seamos conscientes, sin embargo, de que su trabajo solo existe porque existe una enorme población de consumidores que lo hacen posible, consumidores a quienes jamás juzgamos y que pretendemos invisibles; y entendamos finalmente que el silencio cerrado que como sociedad mantenemos día a día sobre la doble moral sexual de privilegios masculinos no nos hace menos parte del problema.
