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Me dirijo a usted en relación con la nota publicada en Búsqueda el pasado 2 de junio, en la que se hace referencia a los “altos costos” que deben enfrentar las empresas para disponer sus residuos industriales peligrosos, y que por esta razón “hay empresas que eligen pagar multas” en vez de llevar dichos residuos al lugar que ambientalmente corresponde y que con tanto esfuerzo y compromiso hemos construido y aún estamos pagando.
La nota de marras recoge la opinión del Ing. Julio Sosa, quien es el director de Sostenibilidad de la Cámara de Industrias, sin embargo, en un tema de tan alta sensibilidad, aparecen diversas declaraciones que no se identifican personalmente con nadie, más que con “fuentes del gobierno”. Esto me generó sorpresa y una buena dosis de fastidio que me obligan a escribir estas líneas.
Casualmente en momentos en que se celebra el Día Mundial de Medio Ambiente, y mientras nuestra institución hace un esfuerzo enorme en construir y mantener para las empresas y el país un proyecto millonario imprescindible para que industrias actuales y futuras sean sostenibles, en este mismo momento leemos en este informe periodístico que desde la jerarquía se estaría admitiendo que una multa podría compensar el depósito irregular de un residuo peligroso, en un lugar que no dé a la comunidad las seguridades de que no contaminará el ambiente en que vivimos. Lo que es más, y por tanto inaceptable, nada dice esa nota sobre adónde fueron a parar los residuos en cuestión y a la postre “multados”
Siguiendo la lectura, encuentro que “fuentes del gobierno”, sostienen que “el diseño de la propuesta es totalmente insostenible para la industria nacional”. Casi que dicho como justificativo para aquellos que estarían esquivando el “costo elevado” y tomando el camino del atajo. Lindo ejemplo y lindo premio para las empresas cumplidoras que han depositado y pago hasta ahora y desde su inauguración, por las 82.000 toneladas de sustancias tóxicas que gracias a la obra que realizamos, están adecuadamente encapsuladas para siempre sin afectar el agua ni el aire que respiramos. Me surge entonces la necesidad de exclamar que fue en su momento justamente la dependencia del cuidado ambiental del gobierno (MVOTMA) la que conminó al sector privado a esta construcción y aprobó el proyecto de esta planta. No se realizó esta inversión millonaria por capricho de unos pocos, sino porque era y es una necesidad para el país, y la terminó asumiendo la CIU, una organización empresarial sin fines de lucro, endeudándose en gran medida, ya que no hubo nadie a nivel oficial que asumiera la responsabilidad ante la barrera que la industria debía sortear, como lo es la de disponer adecuadamente sus residuos industriales peligrosos.
La última sorpresa es cuando se menciona que “fuentes del Poder Ejecutivo” afirmaron que la actual administración “todavía no ha estudiado el tema”, pero concluyen que hay otras opciones para la disposición final y que se trata de un “defecto del diseño del plan de negocios”. Acá me pregunto: ¿cómo puede haber otras opciones a la disposición final de residuos peligrosos si en el Uruguay no existen?
Para finalizar, sostengo que para hablar de temas tan sensibles, es imprescindible que los actores implicados nos miremos a los ojos y en público, con nombre y apellido. Máxime cuando se trata de asuntos que nos atañen a todos.
En esta, los jerarcas ambientales nacionales y departamentales son mano.
