Debate sobre medios se centra en los aspectos con “mayor venta”, como “la libertad de expresión”, y no en “lo que es esencial”

Pero aunque el diputado blanco Álvaro Delgado, que iba a exponer su posición contraria al proyecto, no pudo concurrir, los pocos presentes se las arreglaron para discrepar en torno a uno de los puntos fundamentales de la iniciativa: el Consejo de Comunicación Audiovisual, el organismo que el gobierno propone crear para aplicar la ley y calificar los contenidos que se exhiben al público.

El académico sostuvo que “habría que cambiar el proyecto” en ese punto porque “así como está planteado carece de la independencia que debería tener”.

“Es un organismo cuyos cinco miembros son propuestos por el Poder Ejecutivo” y eso “no es buena práctica”, opinó Kaplún.

Recordó que la Coalición por una Comunicación Democrática, que él integra, sugirió un mecanismo distinto, similar al que se usó para designar a los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Muchas de las objeciones que están viniendo hoy al proyecto de ley tienen que ver con esta cuestión y con todas las que se le pueden anexar. ¿Quién va a decidir sobre si este medio incurrió o no en prácticas discriminatorias? ¿Quién va a resolver sobre la renovación de una licencia o una frecuencia? (...) Cuando se habla de ataques a la libertad de expresión, cuando se habla de quién es capaz de regular bien todo esto, me parece que las características de este organismo son el problema principal y si uno quita esto y le da independencia me parece que por lo menos la discusión política cambia de eje o tendría que cambiar de eje”, afirmó Kaplún.

Durante una ronda de preguntas y comentarios, el periodista Edison Lanza, también docente de la Liccom y director de la organización Cainfo, dijo que “hay una cantidad de aspectos en los cuales la ley se aparta de lo que fue el consenso” que hubo durante las reuniones del Comité Técnico Consultivo que preparó las bases del proyecto de ley “y que fueron de algún modo producto de algún tipo de o transacción política o solución política”, como “no dotar de autonomía e independencia al órgano de control”.

Luego De Cola abordó esa cuestión. “Claramente sabíamos que esta iba a ser una discusión compleja, y creo que la discusión se está alineando con los aspectos que tienen mayor venta. Es un aspecto casi de mercadeo —sostuvo el director—. Se va por el lado de la libertad de expresión, los posibles ataques o las posibles situaciones contrarias a la libertad de expresión, y no se discute lo que es esencial, la otra parte esencial de esto, que tiene que ver con las autorizaciones, licencias, los permisos transparentes, los límites a la concentración, que es lo que realmente de alguna forma toca los intereses existentes en el sistema de medios de comunicación audiovisual en Uruguay”.

De Cola opinó que “la discusión está mal planteada en muchos aspectos y se están diciendo cosas que en ningún caso corresponden”. El director considera que “la discusión parlamentaria va a estar teñida por prejuicios, porque lo mismo que se está diciendo ahora se estaba diciendo antes de conocer un solo artículo del proyecto”.

Respecto del Consejo de Comunicación Audiovisual, el jerarca informó que la intención del gobierno “básicamente fue crear un órgano regulador a imagen y semejanza de los órganos reguladores que ya están creados en el país”.

“Pensamos que con eso nos íbamos a ahorrar parte de la discusión. Error estratégico”, añadió.

“Ursec, con absoluta discrecionalidad, podría hoy por hoy establecer una sanción a cualquier medio de comunicación. (...) Nosotros lo que hicimos fue crear un órgano regulador del mismo estilo de un órgano que en los 12 años de existencia nadie cuestionó y nadie dijo que las personas designadas (...) podrían convertirse en censores y estar persiguiendo a los titulares o amenazando con multas, sanciones y revocaciones. Entonces ahí nadie se cuestionó eso y por eso estábamos convencidos que si usábamos la misma fórmula por lo menos no íbamos a tener discusión con los partidos que votaron la creación de la Ursec en estas condiciones. Bueno, parece que esa estrategia no funcionó”, evaluó De Cola.

Dijo que el gobierno considera que el organismo “tiene la suficiente independencia” pero “los legisladores son libres de aprobar nuevas formulaciones que mejoren esta realidad”.

“Una cosa que no se está teniendo en cuenta en la discusión es que las sanciones graves y muy graves que coloca el Poder Ejecutivo con asesoramiento del Consejo de Comunicación Audiovisual son actos administrativos que son recurribles, (...) tienen la garantía del proceso judicial, o sea que la imagen esa de la Santa Inquisición cerrando medios de comunicación es muy difícil de comprar porque no va a ocurrir sin el debido proceso y sin que la Justicia intervenga. Por eso es que en definitiva nosotros estamos muy tranquilos con esta formulación, porque creemos que da suficientes garantías. (...) No hay que olvidarse que Uruguay es un régimen tradicionalmente presidencialista, con lo cual no siempre el sistema político toma ese tipo de organismos con ese nivel de independencia”, afirmó.

Kaplún respondió que “en realidad sí hay críticas a la Ursec y desde hace bastante tiempo” y que “en el Comité Técnico Consultivo las hubo y bastante fuertes, no solo de parte de los representantes de la sociedad civil, sino de los empresarios”.

“Me parece que ahí está el equívoco que puede haber habido —opinó—. Ha sido cuestionada por izquierda y por derecha la Ursec. Por lo que hace y por lo que no hace. (...) A nadie le preocupa mucho que la Ursec tenga todas esas potestades mientras no las cumpla. (...) Lo que hay en el aire de muchos actores es el temor a que algunas cosas efectivamente se cumplan”.