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    Debido a exoneraciones tributarias y a la flexibilización de la normativa, Maldonado resigna más de US$ 12 millones anuales

    En los últimos años, la Intendencia de Maldonado (IM), liderada por el blanco Enrique Antía, apoyó la construcción de numerosos proyectos inmobiliarios que exceden los límites permitidos y trascienden la normativa urbana vigente. Esto fue impulsado a raíz de un decreto aprobado en 2015, en el que se exoneraba a los inversionistas de pagar un impuesto extra por la superficie construida fuera de lo preestablecido, al tiempo que se les suspendía hasta 2020 el cobro de la tasa de edificación y de la contribución inmobiliaria.

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    Esto ha sido cuestionado por ediles de la oposición, quienes aseguran que tanto las excepciones edilicias como la gran cantidad de exoneraciones ofrecidas a emprendimientos en Punta del Este, brindan beneficios millonarios a empresarios particulares, algo que va en desmedro del bien común y del interés general.

    La temática comenzó a ser trabajada también en el ámbito académico. Una monografía elaborada en el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República (Cure), analizó el impacto urbano y medioambiental que las construcciones tendrían en el territorio, y estimó además cuánto dinero dejaría de percibir la comuna por tres de los proyectos más importantes. En ese sentido, entre el edificio Venetian Tower, desarrollado por el arquitecto Daniel Weiss, el World Trade Center de Punta del Este localizado en pleno centro de la ciudad, y el emprendimiento del argentino Sergio Grosskof, las torres Fendi Chateau, se estima que el tributo que la comuna deja de recibir es de unos U$S 12 millones.

    Paralelamente, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) elaboró un informe al que accedió Búsqueda sobre la situación de Maldonado en función de la exoneración tributaria y la flexibilización urbana. Según el documento, esa política departamental “implica reducir el rol del Estado como agente ordenador del territorio, ignorar los planes de ordenamiento territorial y mermar los fondos para políticas sociales”. A la vez, asegura que los beneficios generan injusticias entre los propios desarrolladores privados, entre los vecinos próximos a los proyectos y entre las personas más necesitadas, que ven reducidos los fondos disponibles para la concreción de políticas sociales.

    Interna política.

    Durante una exposición llevada adelante el pasado martes 15 de mayo, el edil del Movimiento de Participación Popular Joaquín Garlo afirmó que desde que asumió la actual administración se otorgaron más de 50 flexibilizaciones a la normativa, en las que las excepciones más solicitadas y autorizadas fueron altura máxima (62% de los casos), Factor de Ocupación Total (59%), Factor de Ocupación de Suelo (48%) y cantidad de pisos (45%).

    El edil presentó algunos puntos contemplados en el informe de la Dinot, que llegó a la Junta Departamental a pedido de su titular, el edil Eduardo Antonini. Según el documento, lo fundamental sobre las excepciones otorgadas es la ganancia económica que implica para los desarrolladores privados, “que de un día para el otro se ven favorecidos al aumentar notablemente el aprovechamiento que pueden dar a sus terrenos”. Además afirma que mientras algunos inversionistas se adaptan a la totalidad de la normativa, para otros “la excepción es la regla”.

    El informe fue elaborado a partir de 28 expedientes referidos a excepciones edilicias y plantea las cantidades a las que la IM renunció para brindar los beneficios tributarios: en el caso de la tasa de edificación, se recaudarían más de $74,5 millones anuales, 60% más que lo generado en 2015. En lo que respecta a la contribución inmobiliaria, la Dinot aclaró que es casi imposible calcular el monto, debido a la falta de información observada en todos los expedientes. Sin embargo, afirma que según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 2013 la contribución inmobiliaria urbana representaba el 45% del total de ingresos del departamento.

    Por otro lado, el informe hace referencia al Retorno por Mayor Valor Inmobiliario, creado durante el gobierno del Frente Amplio. Entiende que su aplicación ofrece “reglas de juego claras para todos los actores del mercado e impide que se generen injusticias”, al tiempo que “evita presiones por parte de lobistas y desestimula el ‘amiguismo’ entre las partes involucradas”. A través de ese impuesto se recaudaron entre 2011 y 2015 más de $188 millones, que fueron asignados al Fondo de Gestión Territorial, destinado a obras, planes de desarrollo y viviendas de interés social. Según los cálcu­los, en el caso de que no hubiese sido suspendido su cobro, se recaudarían anualmente más de $37,6 millones. De esta manera, la renuncia fiscal anual de la intendencia asciende a unos $112 millones.

    Según Garlo, “sería un ejercicio interesante” comparar los expedientes de las excepciones votadas en este período con las rendiciones de cuentas de los candidatos a la intendencia por los blancos en las últimas elecciones. “Quizá surjan coincidencias”, comentó.

    Ocupación.

    El argumento central esgrimido por la intendencia para el otorgamiento de estos beneficios tributarios era la reactivación de la industria local de la construcción, al considerar que era una forma de reducir el desempleo en ese sector de actividad. Pero para la Dinot, este no es un punto viable: “¿Qué va a pasar en dos años cuando se finalicen las obras y los trabajadores queden desempleados? ¿Renovar excepciones? ¿Y así entrar en un circulo infinito de exoneración a la construcción?”, cuestionaron.

    En enero de 2018 se registraron menos trabajadores en la industria de la construcción que en enero de 2017, según datos del Banco de Previsión Social. En esa línea, Pedro Arismendi, secretario general del sindicato de la construcción en el departamento fernandino, indicó la semana pasada a Brecha que los proyectos solo generaron 200 de los 700 a mil puestos inmediatos que la administración prometió a cambio de apoyo a las excepciones, por lo que desde el sindicato solicitaron tener una reunión urgente con el intendente para pedir explicaciones.

    El argumento central esgrimido por la intendencia para el otorgamiento de estos beneficios tributarios era la reactivación de la industria local de la construcción, al considerar que era una forma de reducir el desempleo en ese sector de actividad.

    Además, muchas de las obras aprobadas no han comenzado y solo se ha “movido arena de un lado a otro para cumplir con el plazo de inicio y no perder los beneficios fiscales”, aseguró Garlo. Una de las hipótesis manejadas para el retraso es que los tiempos electorales sean un factor de peso, que se quiera comenzar el trabajo durante la campaña “para ganar votos”.

    “Se dijo que el atraso de las obras era culpa de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que solo tenía dos funcionarios y que no podía analizar en tiempo y forma todos los expedientes que tiene a estudio. Eso es una gran mentira”, acusó el edil. Sostuvo que de los 24 expedientes que corresponden a Maldonado, nueve no cuentan con el permiso de construcción de la intendencia y a 11 les falta información que los inversionistas no han aportado aún, por lo que para él la responsabilidad es de la comuna y de los desarrolladores.

    Cálculos millonarios.

    El estudiante de la Licenciatura en Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial del Cure, Leonardo Zeballos, junto a su tutor José Sciandro, comenzaron a trabajar en 2017 en una monografía acerca de las excepciones como instrumento para la planificación territorial.

    Según indicó Zeballos a Búsqueda, hay muy poca información y los expedientes están incompletos, lo cual dificulta el análisis de la situación. No existe un trabajo técnico riguroso y faltan datos clave de los proyectos.

    Igualmente, con la colaboración de economistas y arquitectos, lograron llegar a cálculos estimativos sobre tres de los más grandes megaproyectos aprobados. Según el material, la IM deja de percibir por concepto de Retorno por Mayor Valor unos U$S 2.851.068 por el edificio Venetian Tower, ubicado en la Parada 17 de la playa Mansa de Punta del Este, U$S 1.874.408 por el WTC Punta del Este y U$S 7.182.716 por el Fendi Chateau. Además, la Dinot afirma que si se calcula el porcentaje de desvío de la normativa, el Venetian es el caso más extremo, alejándose en un 647% de la reglamentación vigente.

    “Este modelo de desarrollo que se da en Punta del Este es insostenible y va a terminar matando la gallina de los huevos de oro”, comentó el estudiante.