Decaen los “espíritus animales” de los empresarios para invertir

Previo a la última modificación al régimen introducida a comienzos de 2012 —que entre otras cosas redujo los beneficios—, ocurrió una oleada de presentaciones de proyectos. En los meses más recientes se observó un enlentecimiento en el flujo de aplicaciones para realizar inversiones buscando ventajas impositivas.

La denominada “ley de promoción de inversiones”, que se promulgó en enero de 1998 con el número 16.906 y se reglamentó a fines de abril de ese año, previó un mecanismo de franquicias impositivas para las inversiones que realicen las empresas en la adquisición de bienes muebles destinados al ciclo productivo, equipos para el procesamiento electrónico de datos, mejoras en activos fijos, bienes inmateriales (como marcas, patentes, modelos industriales, etc.) y procedimientos que incorporen innovación tecnológica. El beneficio, que con los años fue modificado, consistió originalmente en la exoneración del Impuesto al Patrimonio y del IVA, el Imesi a la importación y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social.

Los proyectos deben presentarse ante una Comisión de Aplicación (Comap) de la ley —coordinada por un delegado del Ministerio de Economía e integrada además por representantes de Industria, Ganadería, Trabajo, Turismo, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto— y son evaluados por equipos técnicos. A partir de eso se genera un informe al Poder Ejecutivo recomendando o no otorgar la exoneración, y la magnitud de la misma.

Fuentes oficiales informaron a Búsqueda que por estos días está cambiando el coordinador de la Comap: Emilio Corbo deja el cargo y en su lugar queda María Laura Arismendi.

El régimen sufrió varias modificaciones. Una de las más significativas se introdujo mediante un decreto en 2007 que amplió las exoneraciones fiscales (originalmente solo alcanzaba a las sociedades anónimas industriales y del agro, y las inversiones hechas con fondos propios) y simplificó la tramitación del beneficio, aunque paralelamente creó un mecanismo de seguimiento de los proyectos. También apuntó a una mayor generación de empleos y a que accedieran a los beneficios las empresas pequeñas y medianas.

Con un contexto de desocupación en mínimos históricos, otro decreto, de enero de 2012, modificó la matriz de indicadores con los que se evalúan los proyectos de inversión teniendo en cuenta, entre otras variables, la generación de empleo, la descentralización, el aumento de las exportaciones, la utilización de tecnologías limpias. Una ventanilla única de inversiones pasó a ser la receptora de los planes que pretendan recibir la exoneración impositiva y se fijó un plazo de 60 días para que se expida la Comap.

¿Fin de los récords?

En abril de 1998 se presentaron los primeros dos planes de inversión al amparo de la ley 16.906 y ese año cerró con 82 aprobados, según datos de la Unasep proporcionados a Búsqueda. La cifra se repitió en 1999, pero fue menor en los años siguientes (con un mínimo de 20 en 2003).

Luego comenzó un repunte y en 2012 fueron 891 proyectos con una inversión asociada de U$S 2.354 millones.

Las cifras del primer semestre de 2013 reflejan una moderación: se presentaron 373 planes por U$S 1.809 millones, en su mayoría industrias (70%) y comercios (17%). A ellos está asociada la creación de algo más de 2.200 empleos y exportaciones por U$S 141 millones.

La modificación de 2012 hizo que, en promedio, el régimen ahora otorgue menos exoneración a cambio de un mayor compromiso en la matriz de objetivos e indicadores, lo que “le resta fuerza a la presentación de nuevos proyectos” respecto a las condiciones que estuvieron vigentes con el decreto de 2007, explicó a Búsqueda Marcelo Sibille, de la consultora KPMG.

Además, muchas empresas se apresuraron a aplicar al sistema de beneficios antes de este último ajuste, y en varios casos tiene un cronograma de ejecución de inversiones de varios años. Por ello es “razonable esperar que cedan los ‘espíritus animales’ de los inversores, lo cual sería un factor explicativo adicional de que baje la frecuencia de proyectos presentados ante la Comap”, señaló.

Fuentes oficiales consultadas por Búsqueda dijeron que no perciben que la desaceleración de la actividad económica en el país esté influyendo en el nivel de inversión de las empresas, aunque no descartaron que ello empiece a verificarse más adelante.

En una investigación destacada en un concurso organizado el año pasado por el Centro de Estudios Fiscales, el economista Ignacio Gervaz concluyó que con los diferentes regímenes promocionales —desde la ley de estímulo industrial de 1974 a la de promoción de inversiones vigente— ha ido “aumentando considerablemente el sacrificio fiscal” en términos del Producto Bruto Interno. En 2008 y 2009, por ejemplo, los beneficios impositivos efectivamente utilizados por las empresas totalizaron U$S 118 millones y U$S 198 millones, respectivamente, conforme con ese estudio. Señala que en esos años los montos involucrados en los proyectos recomendados representaron en torno a una cuarta parte de la inversión privada global o formación bruta de capital.