Los cobayos de Daniel Martínez. Los vecinos, los permisionarios de “boliches” y sus concurrentes son sometidos a constantes idas y vueltas (más vueltas que idas) en la normativa por parte de la administración municipal, de la que hace más de un año es responsable Daniel Martínez, aunque su partido es tan responsable como él.
Más allá de que el titular de la comuna montevideana comience a acomodar el cuerpo para proyectarse como candidato a la Presidencia de la República, la responsabilidad por los actos de sus subalternos es suya. No la puede eludir, ni siquiera jugando como un adolescente populachero encima de una bicicleta.
Desde el 29 de abril de 2016 rige el Decreto 35.899, sancionado un día antes por la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Prohíbe a la administración expedir autorizaciones por el término de un año para el funcionamiento de locales de baile, esparcimiento nocturno, etc., en áreas determinadas por una media docena de calles y avenidas de diferentes barrios.
También, ese decreto que apenas tiene cinco meses de vigencia, determina los horarios de cierre, estableciendo la 01h00 para los días lunes a jueves y a las 03h00 los días viernes, sábado y domingo.
Como es de rigor, antes de las firmas de Martínez y de Fernando Nopitsch (el secretario de la comuna), se comunica a todas las dependencias de la órbita comunal.
No pasó siquiera un mes cuando empezaron las “vueltas”, sin que nunca se hubiera dado cumplimiento al aludido decreto. Los primeros que no se dieron por enterados fueron el prosecretario de la IM Christian di Candia y los alcaldes Carlos Varela (Municipio B) y Andrés Abt (Municipio CH).
Estos tres funcionarios se lanzaron por su cuenta a repartir volantes y conversar —durante varios fines de semanas— con los concurrentes a los espectáculos y con los bolicheros, “respaldados” por jóvenes militantes políticos, incluyendo una nacionalista, quien hizo público que “tenía amistad con muchos dueños de boliches” (a confesión de parte…).
El objetivo, según lo hicieron público hasta el hartazgo en los medios de prensa, era convencer de que no perturbaran el descanso de los vecinos que viven en las proximidades a esos boliches, que escandalizan por encima de los 60 decibeles y se aglutinan hasta media docena por cuadra, llegando en la zona del Parque Rodó a contabilizarse 30 en seis manzanas.
Los “iluminados” subalternos de Martínez, a espaldas del Decreto 35.899, propusieron a los bolicheros que no permitieran el ingreso de público pasadas las tres de la madrugada. Algunos le siguieron el apunte y se multiplicó el caos cuando cientos de erráticos jóvenes gritaban, bebían y bailaban al son de la música proveniente de automóviles estacionados frente a los boliches. Consecuencia: multiplican el ruido a tal punto que se hacía (y hace) imposible el descanso de los residentes en la zona.
El experimento de los “operadores” de Martínez (léase Di Candia, Varela, Abt y los jóvenes militantes) avanzó y llegó con un texto (nunca oficial) a la JDM, donde se alude a la colocación de sensores de ruido en el espacio público, planificación territorial y generación de nuevas centralidades (¿?) y una encuesta barrial sobre la relación de “los y las vecinas con la movida nocturna”.
Llegaron a acordar con los bolicheros que estos no permitieran a los parroquianos salir a la vía pública con bebidas alcohólicas y que instalaran vallas para que salieran a fumar por tandas no mayores a 10 personas.
Además proyectan una “coordinación institucional con el Ministerio del Interior para inspección confeccione (sic) lista de locales con venta de alcohol pos 00h00” y con el MSP para implementación del proyecto “Free Pass”, que exonera de pago de entrada a los jóvenes que al ingresar al boliche no hayan consumido alcohol.
En ese texto nada se dice del control de calidad de las “pastillas” que pueden tomar los asistentes. Vale recordar que un control de esa naturaleza se hizo el 3 de julio pasado en un espectáculo en la Rural del Prado. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se interesó en saber quién autorizó realizar ese control, según publicó su semanario el jueves 22. Nadie, hasta ahora, mostró la mano, pero la piedra se tiró.
La idea se fagocitó de por sí y según fuentes de la JDM aguardan otro texto que sustituya al vigente decreto 35.899 y a este (no oficial) del que se enteraron por una hojita que alguno mandó y por lo que repitieron en los medios.
En forma paralela y tras el cierre de un boliche (Paullier y Guaná) por parte de la Policía, en aplicación del decreto 422/980, el celo funcional de Di Candia llevó a que a Martínez le “saltara la cadena” y librara un exhorto al Ministerio para que no clausuren boliches si antes no consultan con la administración municipal, según le dijo a Montevideo Portal su lugarteniente Di Candia. ¿Es celo funcional o se trata de cuidar la chacra y demostrarle al Poder Ejecutivo que quien manda sobre los boliches es el gobierno municipal de Montevideo y que los de afuera son de palo?¿Qué pasa si esto se extiende a todo el país y a las competencias propias de otros Ministerios? Es necesario reflexionar y alguien debe hacerlo.
A todo esto, un sector de “cobayos” de ese laboratorio experimental, sufridos vecinos de las zonas aturdidas por los ruidos molestos y el comportamiento social, mandó una nota a la JDM el 22 de julio de 2016. En ella fijan su posición, demandando en su primer numeral la prohibición de la habilitación en zonas pobladas de locales cuyo destino sea “Espectáculos Públicos” y que aquellos que tenían su habilitación al 29 de abril de 2016 puedan desarrollar su actividad hasta por 12 meses a contar desde la promulgación del Decreto 35.899.
Apunta también el sector a que la administración controle el estricto cumplimiento de los artículos D 2848 y 2849, capítulo IV del volumen XIII – Espectáculos Públicos.
La situación parece clara: los laboratoristas, como no pueden o no saben cómo hacer para que se cumpla con la normativa, pretenden cambiarla. Tampoco saben cómo cambiarla y de ahí que intenten hacer su campaña política mientras continúan sometiendo a ensayos a los “cobayos”, que, hartos de tanta inoperancia, resolvieron demandar por la vía civil a la IM y al Ministerio del Interior, por su falta de control del orden público.
Esta tragedia que se arrastra varias administraciones la viven los vecinos desde la Ciudad Vieja a Manga, pasando por Cordón Sur, Parque Rodó, Pocitos, Buceo y el barrio que usted elija.
Cada vez es más la gente que se rebela ante la impotencia. Lo único que reclaman los trabajadores, los estudiantes, los ancianos y los enfermos es tener derecho a su descanso. Mientras tanto, ven cómo los derechos de los que se divierten están por encima de sus propios derechos.
Las denuncias se suman y hay algunas que reflejan el inconfundible hedor que se desprende de la irregularidad.
Y acá aparece la trillada conclusión: ¿ineptitud, negligencia o contubernio?
Camelia Huino
