Defensa sancionó a un general ascendido por Tabaré Vázquez por haber puesto “en tela de juicio el régimen democrático”

El caso fue analizado el martes 13 en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde concurrió el subsecretario Jorge Menéndez. Según las versiones de los diputados, el general formuló sus polémicos comentarios en dos reuniones informales que mantuvo con ellos entre el sábado 3 y el domingo 4 durante una visita que realizaron para conocer la situación de las fuerzas uruguayas que cumplen una “misión de paz” en el Congo.

“Cuando el general se refirió estrictamente al sistema electoral uruguayo y al voto calificado, lo hizo plenamente consciente de las personas con que estaba hablando, nada menos que con los representantes del voto de la ciudadanía. No es un tema menor que sean diputados a quienes va dirigida esa reflexión. No estaba refiriéndose a cualquier otra persona con otra ocupación, sino a quienes somos los responsables del voto de toda una nación”, remarcó Arocena en el Parlamento, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

“Yo me retiré de la reunión —continuó Arocena— porque me pareció improcedente estar presente en un lugar en el que se hacen ese tipo de comentarios. Un general, esté donde esté, no puede hacer estos comentarios y nosotros, como legisladores, no podemos aceptarlos. Por eso me retiré de la reunión. Es más: no sé cómo se dice de forma educada, pero la realidad es que me entrompé porque no pude aceptar ese tipo de comentarios”.

Gloodtdofsky manifestó que está en contra de lo que afirmó Pintos, pero cuestionó que el hecho haya tomado estado público; de hecho, la aparición de versiones sobre lo conversado es uno de los argumentos citados por Rombys para explicar su denuncia y por el propio Ministerio de Defensa para sancionar al oficial.

“La gente intercambia opiniones libremente —más allá de su contenido— hablando. Si nuestros técnicos en la materia, que son los militares, no pueden hablar porque cada vez que expresan una opinión —por equivocada que sea— en tono respetuoso, amable y en su casa, sus dichos terminan en la prensa, vamos a tener problemas. Me parece que esa no es la forma correcta de vincularnos con una institución como las Fuerzas Armadas. Insisto con que discrepo rotundamente con lo que dijo el general, pero no me gusta la idea de que haya tomado estado de prensa”, cuestionó.

En la sesión, el diputado nacionalista Javier García criticó el procedimiento que adoptó el Ministerio para sancionar al general, en particular la falta de una investigación administrativa. De hecho, según García se decidió “una sanción con una sola versión”.

“No se realizó investigación administrativa porque para el Ministerio de Defensa Nacional, para el señor ministro, que es quien determina la sanción, fueron suficientes las declaraciones realizadas por un representante nacional bajo firma, como también la información brindada por los distintos medios de prensa”, contestó Menéndez, quien centró la sanción en que con los comentarios de Pintos “se ponían en tela de juicio el régimen democrático y el ordenamiento jurídico”.

30 días.

La del general Pintos, quien cumple su arresto a rigor de 30 días en la sede de la División de Ejército III, en Tacuarembó, es una más entre varias sanciones a generales desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005.

El 19 de octubre del 2006, además de destituir al entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, por haber mantenido sin aviso previo una reunión con dos dirigentes políticos en una unidad militar, el presidente Tabaré Vázquez ordenó el arresto a rigor por cinco días de los generales Miguel Dalmao y Pedro Aguerre, quienes estaban en el encuentro (Búsqueda Nº 1.377 y 1.378).

Un año después, en noviembre del 2007, la denuncia de oficiales de la Armada por comentarios que el general del Ejército Raúl Gloodtdofsky —hermano del diputado Aníbal— realizó en Haití, derivó en su arresto a rigor por 15 días, el relevo de su cargo como segundo jefe del contingente de Naciones Unidas en ese país, y su pase a disponibilidad. Gloodtdofsky había criticado, durante una cena, la actitud de la Armada ante el revisionismo del pasado reciente que había iniciado el gobierno de Vázquez.

Los dos siguientes casos surgieron por decisión militar, no política.

En junio del 2011, el entonces jefe del Ejército, Jorge Rosales, aplicó un “arresto simple” —una sanción más simbólica que material— a ocho generales que habían visitado, sin avisarle, a un camarada retirado detenido por una causa judicial sobre violación de derechos humanos en dictadura.

Un mes antes, en mayo, Rosales había dejado sin destino militar al general Luis Pérez, en el desenlace de una serie de cortocircuitos entre ambos.