Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

“¿Cómo la ves?”

El contrato por 82 millones de euros, firmado en diciembre de 2023, para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) establecía un plazo de 45 días para que la empresa consiguiera los avales, uno de fiel cumplimiento (por 4,1 millones de euros) y otro de reembolso (por 8,2 millones de euros). A Cardama le tomó casi 11 meses y varias propuestas fallidas cumplir con ese requisito.

Ante un planteo del estudio sobre los primeros documentos finales remitidos por el astillero, el 4 de noviembre del 2024 llegó desde España a Defensa nueva documentación enviada por Cardama. Se suponía que eran los “originales” de las garantías de fiel cumplimiento, emitida por EuroCommerce Bank, y de reembolso, otorgada por Redbridge Insurance.

—(¿)Cómo lo ves? —preguntó el 5 de noviembre el director de Recursos Financieros, Damián Galó, a Delpiazzo.

—La verdad… no acreditan nada de lo que les pedimos… lo está mirando Agustín (Godoy), que quiero saber su opinión antes de decirle la mía. Mañana de mañana te aviso y hablamos.

—Ups. Mañana lo hablamos. Pero son originales, (¿) no?

Delpiazzo contestó con un audio de un minuto y medio. Le respondió que eran originales, pero no servían. “Tiene ahí algún apostillado como con un certificado notarial, pero que no dice nada; que dice que el documento tiene un contenido legítimo. Sí, ya sé que tiene un contenido legítimo, lo que quiero saber es si el que firma es quien dice ser que es y tiene facultades para representar a la institución que representa para otorgar la garantía. Es como mucho papel, como que aparenta cuando lo abrís que ta, cumple, pero después empezás a ver el contenido y no”, describió.

Delpiazzo propuso hablar directo con un abogado del astillero, porque parecía que “Cardama va a los ponchazos, tirando lo que le parece y la verdad que es preocupante”.

Al día siguiente, por WhatsApp y por correo electrónico, Delpiazzo le envió al ministerio los comentarios formales sobre los documentos.

En cuanto a la garantía de Redbridge Insurance, reiteraba, entre otras cosas, que la documentación entregada no permitía certificar que el firmante —Edmund Santiago— tenía poder de representación sobre la aseguradora.

Sobre el aval de EuroCommerce Bank, “se trata de un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito (aspecto que no es cuestionado). Por tanto, no surge de la documentación que el señor Alex Walsh pueda representar a la sociedad Eurocommerce LTD”.

El estudio Delpiazzo intentó “subsanar” esas “falencias”, pero se encontró con más problemas. “De los registros públicos accesibles online de esa entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. Asimismo, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior”, decía el correo electrónico, en el que se adjuntaban los registros públicos de Reino Unido. “Entiendo que sería importante poder contactar a los abogados de Cardama, que sin dudas comprenderán estos aspectos que solicitamos”, cerraba.

Galó agradeció por mensaje el “excelente informe” y se comprometió a “coordinar la comunicación entre estudios”.

Asumir que “no son truchos” y el “golazo”

Al final de ese día 6 de noviembre, Delpiazzo mandó otro mensaje de audio para fundamentar la necesidad del intercambio entre abogados y explicar por qué había demorado en enviar el informe sobre los documentos.

Delpiazzo le explicó que lo que pedía el estudio a Cardama podían parecer cosas formales, pero eran “de base”. “Si yo me presento a una licitación con estas garantías, ya te digo que cualquier administración me descalifica si no cumplo estas cosas”, agregó. “Entonces, más en este contrato, con la relevancia que tiene, la trascendencia que ha tenido, son cosas que se me hace difícil dejarlas pasar así”.

“Parto de la base de que son documentos que no son truchos” y que a Cardama “no debería costarle nada” conseguir lo solicitado, añadió Delpiazzo. Y agregó: “Creo que esto que mandó viene más de una confusión que de un ocultamiento o de intentar engañar”.

Galó le preguntó si podía pasar su celular a los abogados de Cardama, pero Delpiazzo prefirió el teléfono de línea del estudio.

—(¿)La idea es q(ue) me llame Cardama directamente? Porque preferiría con el abogado —acotó Delpiazzo.

—Dale tranqui. Coordinamos.

El 8 de noviembre Delpiazzo le mandó otro audio a Galó. Lo había llamado al estudio “un abogado de EuroCommerce Bank”, a quien pudo explicarle lo que necesitaban: “un certificado que diga que Alex Walsh es el que firma y que tiene facultades para otorgar este documento”.

El presunto abogado de EuroCommerce Bank, según el relato, le respondió que lo iban a hacer, que Cardama estaba “con urgencia” pero que tendrían que esperar al lunes. “Le dije: la verdad que esperar de acá al lunes, con todo lo que hemos esperado, no nos cambia nada, que preferimos hacer las cosas bien”, escribió Delpiazzo. “Cuestión que me va mandar por mail el documento y así lo vicho”.

Galó contestó por audio enseguida y con un tono que denotaba su satisfacción.

—Dale, José, excelente. Por lo menos hablaste con un colega, eso es importante, porque le pasamos el teléfono del estudio. Así que, ta, buenísimo. Te agradezco el mensaje y, bueno, esperamos hasta el lunes; un día más, un día menos, es un golazo.

Búsqueda consultó al estudio Delpiazzo cuál era el nombre del abogado que llamó en representación de EuroCommerce Bank, si hablaba en inglés o español, y desde qué teléfono se había comunicado. José Miguel Delpiazzo respondió que “lamentablemente” no están “habilitados legalmente para poder contestar las preguntas” porque están “sometidos a secreto profesional”. Y agregó: “Sin perjuicio de ello, lo que sí puedo decir es que todas las actuaciones en que hemos intervenido fueron oportunamente entregadas al gobierno”.

EuroCommerce Bank, domiciliada en Londres, no declaraba empleados ni actividad económica ante el regulador de Reino Unido; Búsqueda informó a fines del 2025 que la compañía fue dada de baja del registro oficial por diversos incumplimientos.

Disolucion de EuroCommerce

La crítica final

Y aun cuando esa llamada entre Delpiazzo y el presunto abogado tuvo lugar, fue insuficiente para que Cardama enviara la documentación correcta. El dueño del astillero mandó un acta de manifestación supuestamente tomada por el notario Luis Calabuig De Leyva en la que decía que un ciudadano español llamado Francisco Sabater Cabanes había llegado a la oficina y declarado que Alex Walsh tenía poder de firma en EuroCommerce Bank.

El 14 de noviembre, el estudio Delpiazzo le mandó un correo electrónico a Mario Cardama, quien otra vez estaba en el medio de los intercambios, con instrucciones más precisas. Tenía que mandarle un correo a Sabater, nombre que aparecía en el acta, para que volviera a ir a la oficina del notario “con los documentos que acrediten fehacientemente su representación por Eurocommerce y manifieste que: Alex Walsh tiene facultades suficientes en representación de Eurocommerce para emitir la garantía bancaria a primer requerimiento número 241022ECB/1 de 22 de octubre de 2024”.

Al día siguiente, Cardama mandó la copia del acta con la versión requerida por el estudio.

Las dudas de Delpiazzo persistieron hasta último momento. “La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor, una y otra vez”, escribió en un correo el abogado uruguayo el 27 de noviembre de 2024, cuando Cardama había enviado los documentos finales apostillados. “En este caso, el acta no es la misma que nos entregaron para revisión la semana pasada, aunque sí repite su contenido (esto puede ser porque nosotros tenemos el original)”.

Casi un año más tarde, después de que el gobierno de Yamandú Orsi denunciara un presunto fraude contra el Estado porque EuroCommerce Bank podía ser una empresa fantasma, el notario Calabuig De Leyva dijo a Búsqueda que las actas con su nombre “podrían ser falsas” y luego presentó una denuncia penal en Valencia. El propio Cardama se consideró una víctima de ese posible fraude por parte de la compañía británica y también denunció el tema en la Justicia de su país.