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El gobierno ultima detalles para rescindir el contrato con Cardama, que presentó sus descargos sobre planteos de Defensa
Desde el Poder Ejecutivo se asegura que la decisión es “inminente”
Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi y Jorge Díaz, en octubre de 2025, cuando se anunció la denuncia penal por la garantía de "fiel cumplimiento" del contrato con Cardama.
El miércoles 11 era el último día que tenía el astillero español Cardama para presentar sus descargos ante los cuestionamientos más recientes que recibió por parte del Ministerio de Defensa, entre ellos una auditoría de la certificadora Bureau Veritas y dudas respecto de la garantía emitida por Redbridge Insurance Company. Las respuestas presentadas por la empresa contratada para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) parecen no haber sido suficientes para revertir la idea del gobierno de rescibidir el contrato, reconstruyó Búsqueda.
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La decisión final, en manos del presidente Yamandú Orsi, es “inminente” y de acuerdo a todas las fuentes implicará el fin de la relación comercial con el astillero. “Es una decisión política y es una decisión que también tiene connotaciones jurídicas y técnicas”, dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el miércoles 11 en rueda de prensa. Horas más tarde, en el programa Lado B, de TV Ciudad, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que “el gobierno va a resolver en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda, porque los procedimientos administrativos tienen sus garantías, sus vistas, sus plazos”.
El Ministerio de Defensa recibió en los últimos días un nuevo informe de los capitanes de navío Héctor Cardozo e Ismael González, quienes, sostuvieron fuentes del Poder Ejecutivo, volvieron a constatar problemas en los tiempos de construcción de las patrullas.
Según una fuente del gobierno, el informe sostiene que solo una ínfima proporción de los planos que el astillero presentó de las diferentes partes de la primera patrulla han sido aprobados, al tiempo que se desconoce la cantidad de planos que debería tener el proyecto.
En las conclusiones de la auditoría de Bureau Veritas dice que, tras 11 meses de iniciado el proceso de construcción, “el comprador declara que no dispone de proceso de construcción definitivo ni de planos definitivos ni de evidencias de obtención de aprobación ni permiso de construcción de conformidad con los requisitos de la bandera del Uruguay”.
“A la fecha de nuestra presencia en el astillero, no nos constan cronogramas definitivos actualizados para ninguna de las dos construcciones. Esta ausencia impide validar con certeza las fechas de entrega, verificar los procesos constructivos y gestionar adecuadamente las extensiones de plazo. Los representantes del Ministerio declaran haberlos solicitado”, agrega otro fragmento.
Tras la auditoría de Bureau Veritas y el informe de los capitanes de navío, el gobierno considera imposible que Cardama pueda llegar a tiempo a la fecha límite para entregar la primera nave, que, sumando las prórrogas previstas, está estipulada para el 23 de noviembre de este año.
Los problemas con las garantías
Cardama debía responder en el documento que envió el miércoles 11 a otro cuestionamiento del Estado uruguayo. A fines de enero, Defensa notificó al astillero que había detectado un problema con la garantía de reembolso que presentó —por un total de 8.224.000 euros— y que fue aceptada por la administración anterior.
El gobierno considera que el documento de Redbridge que envió Cardama “no constituye una garantía válida”, según el escrito de Defensa publicado por Búsqueda semanas atrás. Los representantes legales de Redbridge confirmaron a las actuales autoridades que “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”. Para el Ministerio de Defensa, se trata de un incumplimiento “grave y esencial” por no constituir la garantía, que lo deja “en una situación de desprotección absolutamente inaceptable”.
A raíz de este incumplimiento, el Ministerio le advirtió a Cardama que se reservaba el derecho de “declarar cancelado el contrato”, recibir la “devolución” de todos los importes pagados (unos 28 millones de euros hasta la fecha de notificación) y solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Los problemas con esa garantía se suman a la controversia con el aval de “fiel cumplimiento”, por 4.113.500 euros, emitida por EuroCommerce Bank.
La constitución de ambas garantías era requisito necesario para activar el contrato entre el Estado y Cardama, un hito que al astillero le tomó 11 meses cumplir.
En octubre del año pasado, el presidente Orsi encabezó una conferencia de prensa en la que informó que Uruguay podría haber sido víctima de un “fraude”. Los datos recabados por el gobierno y otros divulgados por Búsquedasugieren que EuroCommerce Bank, domiciliada en Londres, es una empresa “de papel”. La compañía fue dada de baja del registro comercial británico en noviembre por diversos incumplimientos. Varios documentos vinculados a la garantía —como el propio aval y las actas notariales españolas que fundamentan su veracidad— podrían ser falsos.
