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Con “el espíritu de colaborar en asuntos vinculados con las violaciones a los derechos humanos en la pasada dictadura cívico-militar” (1973-1985), el Ministerio de Defensa pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) información sobre el personal militar que tiene orden de captura nacional o internacional.
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El objetivo de Defensa es “sistematizar” las órdenes de captura para “adoptar medidas internas” y “cumplir las resoluciones judiciales”, según consta en una reciente circular de la Corte —a la que accedió Búsqueda— en la que comunicó a los juzgados penales el pedido de información enviado por el ministro de Defensa José Bayardi.
La información solicitada incluye los nombres y los documentos de identidad de los militares involucrados en las causas tramitadas en los juzgados sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. También pide las fechas de las órdenes de captura internacional y nacional dispuestas por la Justicia y las causas en las que fueron ordenadas. El ministerio requiere además conocer las fechas en que se comunicaron las órdenes de captura a las autoridades competentes —Ministerio del Interior o Interpol— para cumplir las medidas.
Consultado por Búsqueda, el ministro Bayardi dijo que “el determinante” fue el caso del militar retirado Pedro Mato, vinculado a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y condenado a cadena perpetua en Italia por el Plan Cóndor. Mato, que está prófugo de la Justicia desde hace años, realizó trámites en mayo pasado en una unidad militar de Rivera para seguir cobrando la jubilación, según informó el semanario Brecha el 6 de setiembre.
El ministro ya había solicitado a principios de setiembre información sobre los pedidos de captura vigentes al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, según informó Radio Uruguay.
Para evitar situaciones como la de Mato, Bayardi planteó a la Corte que comunique “directamente” a Defensa las órdenes de captura para anexar una copia a las unidades militares a fin de impedir la llamada “revista de existencia” —un certificado exigido a los militares como requisito para cobrar sus retiros y pensiones— a personas buscadas por la Justicia.
“Pedí a la Suprema Corte que informe oficialmente al Ministerio de Defensa, y no a través de la prensa, los pedidos de captura para ordenar a los oficiales la inhabilitación de firmar los certificados de existencia a militares requeridos que se presenten ante cualquier unidad militar, y dar cuenta inmediatamente a la autoridad policial competente”, afirmó Bayardi.
Comunicación oficial
Más allá del caso de Mato, Bayardi explicó que Defensa “nunca recibió una comunicación oficial de la Corte para sistematizar los pedidos de captura nacional o internacional sobre militares requeridos por la Justicia”.
El caso de Mato divulgado por Brecha motivó una investigación judicial para averiguar cómo alguien con dos pedidos de captura —uno de Uruguay y otro de Italia— pudo realizar ese trámite en territorio uruguayo.
Según Bayardi, Defensa “constató y comunicó a la Justicia” que había un certificado de existencia firmado por un militar retirado requerido en una unidad militar en Rivera. El ministro dijo que no tomó medidas disciplinarias contra los oficiales del cuartel militar donde se produjo la irregularidad ya que el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Rivera.
El problema, para Bayardi, es que “nunca hubo una información oficial ni de la Corte ni de ningún juzgado ni de nadie al ministerio para librar la orden que determine la imposibilidad de firmar certificados de existencia a personas requeridas” por la Justicia.
Según Brecha, desde su creación en febrero de 2018 la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad solicitó a la Justicia la captura de 10 personas investigadas por crímenes cometidos durante la dictadura.
