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Defensoría de Vecinos instalará un Observatorio de Derecho a la Vivienda para prevenir abusos y estafas
El trabajo se enfocará primero en las pensiones, donde “se ha consagrado un sistema de desprotección, discriminación” y hasta “criminalización” de quienes se alojan en ellas
Aunque priorizará la situación en las pensiones, en una segunda etapa el proyecto se centrará en los asentamientos y en las personas en situación de calle. Foto
A raíz de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, miles de personas tuvieron que recurrir a alternativas de vivienda accesibles como pensiones y casas de inquilinato. Pero en estos alojamientos las condiciones no siempre son adecuadas, e incluso llegan a ser abusivas. Desde la Defensoría del Vecino advierten sobre situaciones de estafas, discriminación y una “desprotección” general de la población que habita en estos sitios, y creen que la falta de información sobre los derechos de los usuarios facilita que estos problemas ocurran.
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Para ello esta oficina, que trabaja como ombudsman de la ciudadanía, está impulsando la creación de un Observatorio Social del Derecho a la Vivienda. Con esto pretende promover un espacio de trabajo conjunto entre organismos públicos y la sociedad civil para brindar orientación y contribuir a un mayor conocimiento del derecho a la vivienda y acceso a la Justicia.
La titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM), María Elena Laurnaga, explicó a Búsqueda que el objetivo del observatorio será dar seguimiento y prevenir situaciones de vulneración de derechos, “generando insumos para anticipar situaciones de mayor vulnerabilidad”. Además, buscará multiplicar los esfuerzos que hoy llevan adelante diversas instituciones.
“En el territorio hay dos temas cruciales. Uno son las problemáticas de convivencia, como los conflictos vecinales. Y el otro es todo lo que deriva de la falta de vivienda”, explicó. Para la jerarca, lo segundo se vincula a “la dignidad de las personas, la libertad y la seguridad”.
Justamente, uno de los grandes déficit en el ejercicio de los derechos en Uruguay es la vivienda, opinó Laurnaga. Y si bien la Defensoría “no puede cambiar la dimensión estructural” del problema, sí puede contribuir a crear espacios de encuentro para que los actores vinculados al sector logren dialogar.
Así, la iniciativa propone abordar de manera temprana “las múltiples situaciones de vulneración del derecho a una vivienda adecuada que se registran en el departamento”, mediante el acompañamiento, el asesoramiento y la promoción de la cultura jurídica. Esto permitiría a las distintas instituciones y organizaciones “tener mejores posibilidades de brindar respuestas adecuadas y en menor tiempo, evitando dejar en situaciones de desprotección a colectivos vulnerabilizados”, explicó Laurnaga.
Etapas
El observatorio tendrá dos herramientas: por un lado, un equipo de territorio conformado idealmente por seis personas que será el encargado de producir la información primaria de las situaciones que se monitorearán, desde desalojos, casos de discriminación, violencia de género, racismo y xenofobia. El objetivo es que este equipo luego alerte a los organismos competentes y también se asegurará de proveer a las personas alojadas en los establecimientos información clara sobre sus derechos.
Por otro lado, se creará una mesa de articulación y monitoreo integrada por las organizaciones no gubernamentales y unidades públicas que integren el observatorio que procesará los datos a partir de reuniones periódicas, analizará diversas recomendaciones y desarrollará “un trabajo de incidencia” en las políticas públicas vinculadas al tema.
El observatorio pretende trabajar en etapas. La primera estará enfocada en personas migrantes y nacionales que viven en pensiones; una segunda etapa se centrará en personas que habitan en asentamientos irregulares; y la tercera, en las personas en situación de calle.
La información que se genere permitirá alertar anticipadamente ante una eventual situación de crisis, supervisar las medidas de atención dispuestas por las autoridades y facilitar el acceso a la Justicia, por ejemplo, ante casos de estafas. También buscará dar seguimiento a los casos más extremos de vulneración de derechos y a combatir la discriminación y estigmatización de la población afectada.
Según indica la propuesta formal del proyecto, a la que accedió Búsqueda, en los últimos años “se ha consagrado un sistema de desprotección, discriminación y violencia hacia las personas que viven en pensiones”. Además, “se ha constatado la criminalización de las personas que habitan en pensiones, nacionales y migrantes”, y “se han constatado abusos y estafas contra esta población” por parte de titulares o encargados de establecimientos regulares e irregulares.
La idea es que el equipo de territorio empiece a trabajar los primeros seis meses con pensiones del Municipio B (Centro y Ciudad Vieja, entre otros, que concentra más del 70% de este tipo de locales en la capital). Serían grupos de dos personas especializadas en el área social y el área jurídica, explicó la jerarca.
Hoy jueves 30 finaliza el programa de subsidios para alquiler de pensiones impulsado por la Intendencia de Montevideo en el marco de la crisis sanitaria, que en 2021 apoyó a más de 500 familias en el Municipio B. En ese sentido, un relevamiento realizado por la administración de la alcaldesa Silvana Pissano mostró que el 78% de las personas que viven en pensiones dentro de su municipio trabajan, pero 43% de ellos tienen ingresos informales, lo que les impide acceder a garantías de alquiler.
“En 2020 la IM hizo un censo de pensiones que generó un conjunto de información que está sin explotar y es un insumo importante para revisar. Además, el Municipio B acaba de hacer más de 600 entrevistas para definir dónde focalizar el programa de subsidios y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay también nos aporta información. Hay datos interesantes para analizar”, comentó Laurnaga.
Actualmente, la Defensoría está elaborando el plan operativo para la etapa de implementación y recibiendo adhesiones de diversas instituciones. El Municipio B ya confirmó su apoyo al proyecto, mientras que los municipios A (Cerro, La Teja y otros) y C (Aguada, Capurro y otros) manifestaron informalmente su interés; asimismo, se prevé que los departamentos de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social de la comuna también respalden la iniciativa, así como el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población de la Facultad de Humanidades y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Asentamientos, entre otros.
El proyecto fue presentado a la Junta Departamental de Montevideo y está actualmente a estudio de los ediles, que definirán qué recursos asignarle al observatorio.
