Del diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter

Fui testigo directo de cómo se sucedieron, una y otra vez, los discursos de los legisladores frenteamplistas ensayando exaltar pretendidas mejoras en inversiones y en gastos públicos, a cuenta del gobierno saliente. Atónito, en la Cámara de Representantes, vi ese espectáculo casi surrealista, que intentó ocultar con palabras grandilocuentes las tristes cifras de la realidad. La situación nacional, en los días previos a la pandemia, mostró que, a febrero de 2020, se registró una tasa de desempleo del 10,5% y, desagregado ese dato por edad, asombra saber que la misma ascendió a 28% entre los jóvenes de 14 a 24 años, entre los cuales encontramos a una de cada tres mujeres jóvenes. Solo en el 2019, se perdieron 10.000 empleos, cifra que asciende a casi 56.000 en los últimos cinco años, dejando a más de 400.000 uruguayos en la informalidad. ¿De qué bondades hablaban los representantes frenteamplistas? La proyección de bajar el déficit en el pasado quinquenio, prometida por los augures del gobierno que se fue, además de no cumplirse, escaló a las cifras más altas de los últimos 30 años, comprometiendo la trayectoria de la deuda uruguaya y hasta llegando a poner en riesgo el tan valioso grado inversor. Era de esperarse en un ciclo así, ya que en los últimos 15 años los vínculos con el Estado aumentaron en casi 73.000 puestos. Ahora, tenemos a consideración el Presupuesto del actual gobierno y debemos analizarlo con una nueva variable sobre la mesa, que es la crisis mundial que deja el coronavirus, de la que Uruguay obviamente no escapa. La situación de las finanzas públicas ha trastocado los planes que se proyectaron en la campaña electoral, pero, de todos modos, el nuevo gobierno debe dar respuestas y no puede ni quiere rehuirles a las responsabilidades que implica gobernar. Uruguay destinaba aproximadamente un 9% de su PBI en salud pública, pero lo gastaba mal y sin mecanismos de control adecuados, dando una atención deficiente al usuario que, entre otras cosas, le hace padecer eternas demoras en la atención médica, dramáticamente prolongadas si de especialidades se trata. El nuevo gobierno destinó un sustancial aumento, en relación con el Presupuesto del quinquenio anterior, en los incisos más sensibles, como son los del MSP, Mides y Ministerio de Defensa, entre otros, pero se propuso administrar controlando esos aumentos. La intención deliberada es que ese esfuerzo sea percibido y llegue al usuario, con la consecución de resultados tangibles y constatables. Hay varios temas para atender de modo urgente. Tenemos que encarar con responsabilidad la atención de aquellas personas con adicciones, para así dar respuesta a esas familias que reclaman una nueva oportunidad de tratamiento para sus hijos. Para esto, es imprescindible realizar un trabajo coordinado con el Mides, para horizontalizar las políticas públicas y coordinar para administrar los recursos, sin que esto signifique duplicar esfuerzos y, por lo tanto, gastos. Es imperioso que enfrentemos con urgencia la problemática de los pacientes de la salud mental, para que puedan cursar sus enfermedades en condiciones dignas y con posibilidades de mejoras ciertas. Estas cosas atiende este Presupuesto. Otro ítem relevante que estará presente es un viejo anhelo de los vecinos del Cerro, en Montevideo, de tener su propio hospital, descentralizando así los hospitales públicos, que solo están en zonas céntricas de la capital. La norma también dotará al interior del país de los recursos necesarios para poder descentralizar la atención de los pacientes en sus localidades, sin que estos deban trasladarse a un centro de atención alejado, comprometiéndose así, muchas veces, sus posibilidades de tratamiento y mejora. Es seguro que esta no sea una norma perfecta, pero en el espíritu del gobierno está la necesidad de construir nuevas realidades. Creo con firmeza que este Presupuesto dará la oportunidad a nuestros compatriotas de mejorar sustancialmente su acceso al Sistema Integrado de Salud, de manera más equitativa, justa y descentralizada. Este esfuerzo, que es de todos, deberá repercutir en la gente que, al final, es la verdadera destinataria de las políticas públicas.