Y tampoco hubiera correspondido tipificar otros delitos, porque no había evidencia, asegura. ¿Hubo quienes se beneficiaron con los negocios presuntamente irregulares? “Son suposiciones, que yo las puedo suponer también, pero me tengo que guiar por la evidencia”, dice. Y hasta ahí “no llegó la prueba” de la Fiscalía.
Es que se investigó el patrimonio de todos los involucrados y sus allegados y no surgió nada, explica Larrieu. Aclara, no obstante, que la Justicia no puede descartar que el dinero se haya ocultado en el extranjero: “No le vas a pedir información a todos los países.”, sostiene. “Se investigó de acuerdo a las posibilidades que tenemos”.
Los delitos de cuello blanco, reconoce, “son muchos más difíciles de probar”.
“¿Se quedaron con plata que no está en el país? Eso no lo podemos saber, pero tampoco tenemos ningún elemento para seguir investigando”, dice Larrieu.
—Comienza su fallo con aclaraciones sobre la connotación política del caso y sobre el alcance de su decisión, que no puede incluir valoraciones éticas o juzgar la eficiencia de la gestión de Ancap. ¿Por qué creyó necesario hacerlo?
—Justamente, porque es una causa que tiene una connotación política. Los denunciantes son representantes de los partidos de la oposición. El principal denunciado era en su momento el vicepresidente de la República. Aunque se quiera decir que no, tiene una connotación política. Hay temas que si uno los ve como ciudadano, le pueden parecer un disparate, como el gasto en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora (en la que se gastaron más de US$ 370.000). Puedo cuestionar por qué se gastó todo ese dinero, pero si para la organización de esa fiesta se siguieron los procedimientos correctos y se utilizó el presupuesto previsto para publicidad, no hubo delito. Lo menciono porque fue el caso más emblemático.
Son distintos tipos de responsabilidad. Puede haber responsabilidad política, civil, administrativa y penal. La sanción penal es justamente lo más restringida, la última ratio. Está acotada a determinadas conductas fijadas por la ley, no es lo que a mí me parece que estuvo mal, sino que tiene que encuadrar en el tipo penal. Obviamente como este caso es un delito con un tipo abierto, el abuso de funciones, hay un poco de valoración del juez también.
—Cuando leyó por primera vez el pedido fiscal, ¿supo enseguida que no estaba de acuerdo con buena parte de lo que planteaba?
—Fue un proceso. Al principio, cuando vi el pedido, dije “sí, hay unos cuantos que comparto”. Me parecían razonables. Yo me sabía las historias, no había estudiado todavía toda la documentación. Entonces tenía dudas sobre algunos de los pedidos de la Fiscalía, pero creía que otros estaban bien. Pero a medida que iba leyendo, e iba estudiando la documentación, y lo que decían los contratos, y lo que decían los informes, fui cambiando de opinión. Empecé a ver los descargos de la defensa, y analizar los hechos e interpretarlos, qué norma se aplica en cada caso, y a ajustar eso a lo que dice el delito... ahí empezó a cambiar. Sinceramente, ese fue el proceso. Cuando me senté con todo pensé que había alguno que no me parecía pero otros sí. Y después que empecé a ver, yo no tenía argumentos. Creo que una cosa que puedo decir es que trabajo a conciencia, y siempre lo hice. Puedo equivocarme, obviamente, no soy ninguna erudita del Derecho Penal ni mucho menos. Hubiera sido más fácil procesar a todos. Pero trato de trabajar a conciencia, estudiando, y resolver a conciencia. Y creo que traté de argumentarlo de una manera bastante entendible. Quería que la sentencia se entienda, que sea clara.
—Usted aborda en el fallo las críticas que ha recibido el delito de abuso de funciones por ser demasiado amplio. ¿Cree que debe ser aplicado de forma más acotada a como lo hizo la Fiscalía?
—Claro. Es un tipo abierto porque no dice “tal acto es delito”, como por ejemplo, el homicidio, que es “el que diere muerte”. Ahí no hay más que pensar. Pero el abuso de funciones es “actos arbitrarios en abuso del cargo en perjuicio de la administración”. No está específicamente determinado. Aunque tiene que cumplir cada uno de esos requisitos: que haya un abuso del cargo, que sea arbitrario, con exceso de poder y fines espurios, contrarios al interés público y en perjuicio de la administración. Esto último limita aún más, porque es lo que muestra el motivo, si la intención fue perjudicar a la administración. Todo eso acota la figura. Sin perjuicio de que cada uno lo interpretará un poco más o un poco menos.
—Su interpretación claramente es más estricta que la de la Fiscalía…
—Creo que sí. Yo entendí, en los casos que no hice lugar, que se siguieron los procedimientos, no hubo un exceso, nadie actuó fuera de sus competencias. Más allá de que entiendo que tampoco había una intención de perjudicar a la administración.
—Desestimó casi todas las irregularidades identificadas por la Fiscalía ¿El caso armado por el fiscal no era sólido? ¿O las denuncias de la oposición no tenían asidero?
—No sé si decir que no era sólido. Pero es justamente lo que yo entendí, que no, que los hechos denunciados pueden ser irregularidades desde otro punta de vista, pero desde el penal no configuraban delito. Pasa que es un tema de interpretación. Porque no hay duda sobre el procedimiento que se hizo con Exor o con Trafigura. Sobre eso está toda la documentación. En el caso de Trafigura, por ejemplo, no hubo una licitación para contratarla. La Fiscalía entiende que debió haber habido y yo entiendo que no, que encuadraba en las exoneraciones que prevé el Tocaf. De repente si llamaban a licitación Ancap podría haber ganado más, pero es una hipótesis. En este caso no es un tema de prueba, es un tema de interpretación. En muchos casos pasó eso.
—No fue un tema de que la Fiscalía se haya quedado corta en la evidencia.
—No. Porque en muchos casos lo que se discute no es cómo fue el negocio.
—En algunos casos la Fiscalía sospecha que los funcionarios cometieron irregularidades para beneficiarse pero no pudo demostrar que lo hubieran hecho. ¿Faltó probar esa parte para dar más firmeza a las acusaciones?
—Claro, eso son suposiciones, que yo las puedo suponer también, pero me tengo que guiar por la evidencia. Si se hubiera probado eso se trataría de otro delito y sería más sencillo.
—La oposición en sus denuncias plantea esa sospecha ...
—Claro, creo que es lo que hay atrás de toda esta denuncia, que ese era el trasfondo. Pero hasta ahí no llegó la prueba. Tampoco por deficiencia de la Fiscalía. Se estudió toda la situación patrimonial de los denunciados, de las personas vinculadas, y no surgió nada. Ahora, se pidió la información en el país, es imposible averiguar en todo el mundo...
—¿Si tenía sociedades anónimas en el extranjero, por ejemplo?
—Claro, si me decís están en tal lado, se puede pedir a ese país, pero no le vas a pedir información a todos los países. Excede nuestras posibilidades. También se investigó por la secretaría antilavado y la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), y no se demostró que hubiera crecido el patrimonio de ellos ni de sus familiares ni allegados ni vinculados. Ni los de la publicidad, ni las listas.
—¿Se refiere a la sospecha de si hubo apoyo al financiamiento de campañas políticas?
—Todo eso se investigó. No está. Al menos no está documentado. Me vas a decir que el que recibió no lo va a tener documentado. Bueno, pero si lo tiene en otro lado no sabemos dónde, como para pedir información. Tampoco hay ninguna persona que veas que cambió su situación y ahora vive maravillosamente. Entonces...
—¿Dice que no se pudo investigar más por las limitaciones que tiene la Justicia?
—Y sí, claro, por el tipo de delito. Es cierto, los delitos que se llaman de cuello blanco son mucho más difíciles de probar. Porque si recibo una coima no la voy a ingresar en mi cuenta. Entonces, de eso no tenemos prueba. Y si no hay prueba, no puedo suponer que hubo.
—Desestima la mayoría de los pedidos de la Fiscalía porque entiende que no hubo abuso de funciones. ¿Cree que en algún caso pudo haber cabido la tipificación de otro delito?
—No, creo que no llega a un abuso de funciones y menos llega a los otros, en los que sí tiene que haber un claro perjuicio, una intención, una contraprestación, un soborno. En este caso podría haber supuestamente un cohecho, un fraude, pero ahí tiene que haber realmente prueba de que se apropiaron de dinero.
—Llama la atención la diferencia entre la Fiscalía y el Juzgado. ¿Por qué si los dos intervinieron en la investigación y en los interrogatorios, hay una distancia tan grande en las conclusiones?
—De repente porque se trata de un delito que da un margen de interpretación. Porque es cierto que en general hay más coincidencia, sobre todo en los delitos comunes, porque si te agarran sacando la radio del auto, es muy fácil porque todos vemos lo mismo. En estos delitos más complejos, y sobre todo en el abuso de funciones que hay un poco de interpretación de cada uno, puede haber más diferencia.
—Usted que participó en todas las audiencias, ¿qué opina de los hechos en los que la Fiscalía decidió poner el foco? ¿Hubo otros casos o personas que usted hubiera incluido?
—No, creo que no.
—Hubo quienes insinuaron la existencia de motivaciones políticas, sobre todo en el caso de la Fiscalía, que se vio expuesta a otros casos polémicos. ¿Qué opina de eso?
—Creo que no hay ninguna intención política de parte del fiscal. Puede no gustar la decisión, pero nosotros tenemos que atenernos a lo que es un delito. El fiscal, por más que sea el acusador, no puede pedir delito por cosas que no son, porque está su responsabilidad funcional. Y de mi parte por supuesto que tampoco hay ninguna intencionalidad política. Yo resolví realmente convencida de lo que hice. Podrá compartirse o no, para eso está la segunda instancia.
—Había acordado con la Corte que una vez que terminara con el “caso Ancap” la trasladarían a los juzgados que trabajan con el nuevo Código del Proceso Penal. ¿No seguirá interviniendo en el caso?
—En un principio era lo que habíamos conversado. Pero queda a decisión de la Corte.
—Tras un año de trabajo de una comisión investigadora parlamentaria, y casi dos años de investigación en la Justicia, el fallo puede dejar “gusto a poco”. ¿Cree que fue una buena investigación? ¿Valió la pena el tiempo y esfuerzo que se dedicó?
—Creo que sí. Habiendo una denuncia importante como era esta, con personas con cargos importantes, había que investigar. Se investigó de acuerdo a las posibilidades que tenemos. ¿Lo que quedó por saber? Bueno, ¿sacaron plata para afuera? ¿Se quedaron con plata que no está en el país? Eso no lo podemos saber, pero tampoco tenemos ningún elemento para seguir investigando.
?? Sendic, historia de un procesamiento