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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Moisés Guánchez fue a trabajar en la mañana del 5 de marzo a un local de comidas rápidas al sur de Caracas como de rutina, pero difícilmente imaginaba la pesadilla que viviría ese día. Frente al restaurante se desarrollaba una de las tantas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que se expandían por Venezuela, y su jefe decidió bajar cortinas a primera hora de la tarde. Al salir por el estacionamiento, el joven de 19 años se vio en medio de un grupo de 40 personas encerradas por la reja del predio y a las cuales miembros de la Guardia Nacional Bolivariana comenzaron a disparar balas de goma y gases lacrimógenos. Guánchez corrió en busca de resguardo, pero una moto con dos efectivos de la guardia le cerró el paso. “¡Ahí, ahí, dispárale!”, oyó que gritaban. Un guardia desde otra moto apuntó un fusil a su rostro y tiró. Le dio en el brazo. Guánchez siguió corriendo pero le volvieron a disparar, esta vez en las nalgas. Cayó. Dos guardias lo levantaron y le dieron una golpiza en las costillas. Otro guardia llegó y le disparó de nuevo, esta vez a los genitales.
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Con los pantalones empapados en sangre, Guánchez fue obligado a trotar hasta una autopista donde pasaban civiles oficialistas en motos que pedían a gritos su muerte. Un cuarto de hora después, lo esposaron y subieron a una camioneta negra sin placas pero con guardias a bordo, que se burlaron de su situación y lo amenazaron con violarlo usando un palo de escoba. Después de robarlo, lo llevaron a un hospital. El joven se desplomó en la sala de urgencias. Los médicos debieron realizarle tres transfusiones de sangre, operarle un testículo por lesiones y quitarle cinco perdigones de una pierna. Dos días mas tarde, aún internado, fue acusado por un fiscal de instigación pública y atentado contra la seguridad, pero una jueza rechazó los cargos. Los médicos pidieron a Guánchez que evitara volver a trabajar o estudiar durante al menos 40 días. Y tuvieron que volver a operarlo en un testículo antes de cumplirse ese plazo.
El anterior es apenas el resumen de uno de los varios casos de abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes opositores que denunció Human Rights Watch el lunes 5. La organización internacional documentó 45 episodios en los que se violaron los derechos humanos de más de 150 personas, en algunos casos como el de Guánchez mediante disparos a quemarropa o torturas. El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar”, se basó en entrevistas a más de 90 testigos, incluidas víctimas, familiares y abogados de las mismas. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la entidad, sostuvo que lejos de tratarse de “incidentes aislados” los hechos reportados son parte de “un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Se trató, por cierto, del informe más fuerte contra la administración de Maduro desde el comienzo de las manifestaciones opositoras en febrero, que hasta ayer miércoles sumaban más de 40 muertos, cientos de heridos y casi 3.000 detenidos. Pero con nuevos casos de represión policial y detenciones de manifestantes en las calles venezolanas en los últimos días, y con la oposición a punto de retirarse del proceso de diálogo iniciado con el gobierno, los cuestionamientos al país sudamericano resurgen desde diversos ámbitos del exterior.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó el viernes su preocupación ante “informaciones de uso excesivo de la fuerza por las autoridades en respuesta a las protestas” en Venezuela. Incluso la Internacional Socialista reclamó el domingo, a través de su comité latinoamericano, la liberación de “todos los estudiantes y presos políticos” venezolanos y el cese de “la persecución a opositores”. Sin embargo, estas exigencias y críticas al gobierno de Maduro contrastan cada vez más con el silencio de los países sudamericanos ante la situación venezolana, cuya gravedad sorprende incluso a observadores locales.
“Ningún analista se pudo imaginar que el gobierno iba a actuar de esa manera, porque no solamente (fue) la represión física sino también la tortura, la ilegalidad en procesos judiciales y el terror”, sostuvo Carlos Romero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Central de Venezuela. Pero negó que todo esto haya conseguido aniquilar la revuelta opositora, que surgió con reclamos contra la inflación galopante, la escasez de productos básicos como el papel higiénico y la inseguridad en las calles, y que en estos días parece volver a cobrar ímpetu. “El gobierno no ha logrado aplacar las protestas” porque “no ha dado muestras de querer dialogar con la oposición ni de enfrentar estas protestas por la vía pacífica”, dijo Romero a Búsqueda.
Encrucijada
Todo indica que la actitud que asuman en los próximos días los países de la región, comenzando por Brasil, será clave para determinar si habrá algún cambio en el tablero político venezolano. Desde antes de la muerte de Hugo Chávez, el gobierno de Dilma Rousseff ve a Caracas como un socio comercial importante, que además de integrar el Mercosur tiene deudas por varios cientos de millones de dólares con empresas exportadoras y constructoras brasileñas, por lo que ha evitado hasta ahora cualquier crítica directa a Maduro y sus hombres. Sin embargo, ante las denuncias de crecientes abusos en el país vecino, Brasil aceptó hace dos meses integrar una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para acompañar un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos.
Las conversaciones empezaron en abril con bombos y platillos oficialistas, pero sin arrojar resultados concretos y ahora están al borde del fracaso. El martes, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró “congelado” el diálogo. Uno de los argumentos citados para ello fueron las nuevas detenciones de estudiantes de los últimos días. Solo el jueves 8 fueron arrestadas 243 personas cuando las fuerzas de seguridad desalojaron cuatro campamentos opositores, en operativos en los que murió un policía por un disparo de un desconocido. Si bien la mayoría de los detenidos fueron liberados en los días siguientes, la Fiscalía anunció el procesamiento de 11 (ocho con prisión) bajo diversas acusaciones y más de 150 jóvenes han sido obligados a presentarse periódicamente ante los tribunales.
El lunes 12 hubo nuevos enfrentamientos en Caracas entre fuerzas de seguridad y manifestantes que reclamaban la liberación de los presos. Y ayer miércoles 14 los uniformados volvieron a lanzar balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar una marcha estudiantil en la capital, con decenas de nuevos detenidos reportadas por la prensa local.
Quizá el estancamiento del diálogo permita a los dirigentes de la MUD redefinir su estrategia e intentar tender puentes con otros opositores que nunca creyeron en ese proceso, ya que lo veían como una mera fachada para el exterior para dejar todo igual en casa. Los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia debían llegar este jueves 15 a Caracas para retomar las conversaciones entre el gobierno y la oposición junto a un representante del Vaticano. La alianza opositora indicó que sí se reuniría con estos “para explicarles la situación”, pero evitará hacerlo con el oficialismo hasta que este demuestre voluntad real de considerar sus demandas, que incluyen revisar caso por caso la situación de los opositores presos o crear una comisión de la verdad plural que investigue los abusos en las protestas.
Desde la troica de la Unasur surgió esta semana una inusual advertencia pública por parte de la canciller colombiana, María Angela Holguín, quien declaró: “Le hemos dicho mucho al gobierno venezolano que tratemos de avanzar para que la gente crea en el diálogo”. La situación de Venezuela llegó a tratarse en el encuentro privado que tuvieron el presidente José Mujica con su homólogo estadounidense Barack Obama el lunes 12 en la casa Blanca (ver página 3). Pero ahora que crecen las dudas y el escepticismo doméstico ante la posibilidad de un acuerdo político en el país, y aparecen graves denuncias externas de atropellos gubernamentales como la de Human Rights Watch, una pregunta vuelve a cobrar relevancia: ¿qué harán Brasil y los demás países de la región para evitar que casos como el de Guánchez se repitan?
