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    Denuncias y cuestionamientos a la ética acaparan la agenda política

    Si bien el 2017 quedará en la historia por la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, otros episodios que ponen en cuestión la ética están acaparando la agenda política en este tramo final del año.

    El Partido Nacional se ubica en el centro de la escena.El lunes 13, el Directorio blanco respaldó un informe de la Comisión de Ética que recomendó aplicar un “apercibimiento” al intendente de Soriano, Augusto Bascou, por compras de combustibles de la comuna a estaciones de servicio en las que él era socio, si bien entendió que no afectó intereses de la comuna. Su actitud “perjudicó la imagen del Partido Nacional y comprometió el buen nombre”, señaló el presidente del organismo, Luis Alberto Heber.

    El fallo enturbió la interna nacionalista.Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, esperaba un pronunciamiento interno más duro, porque con el tema de la transparencia se debe ser “contundente y no vacilar”, dijeron a Búsqueda fuentes de su grupo. Pero Jorge Larrañaga, conductor de Alianza Nacional, instó a su correligionario a respetar “la institucionalidad partidaria”.

    Por otro lado, la bancada de ediles frenteamplista de Treinta y Tres impulsa una comisión investigadora en torno a la “mala gestión” y “falta de control” en la recaudación de algunos impuestos por parte del intendente blanco Dardo Sánchez, con la sospecha de que ello podría darse “a base de un clientelismo político”, declaró el miércoles 15 en La República la legisladora departamental por el Frente Amplio Nancy Viera.

    Mientras, el director del Departamento de Planificación, Programas y Descentralización de la Intendencia de Colonia declarará como indagado, denunciado por una “posible conjunción del interés público y privado” en torno a un negocio inmobiliario.

    Frente.

    El oficialismo también tiene casos complicados.

    La Justicia de Crimen Organizado continúa indagando las presuntas irregularidades ocurridas en Ancap durante la gestión de Sendic. A la investigación se incorporó recientemente una denuncia del senador del Partido Independiente Pablo Mieres según la cual el también senador Leonardo de León (Lista 711) habría hecho un uso irregular de las tarjetas corporativas cuando era director de Alcoholes del Uruguay (Alur). El fiscal solicitó a esa subsidiaria de Ancap información sobre el reglamento que rige para esas tarjetas y pidió citar a De León como indagado, aunque esperará a tener toda la información para interrogarlo.

    En tanto, el politólogo Adolfo Garcé escribió en El Observador del martes 14 que el “camino expeditivo” —con prescindencia de la “multiauditoría del Frente Amplio y no sometiendo las negociaciones al escrutinio permanente de la oposición y la opinión pública sino hasta el final del proceso”— seguido por el presidente Tabaré Vázquez en torno al proyecto de una segunda planta de celulosa de UPM en el país “bien podría utilizarse en otros casos” importantes. “Se dirá que este estilo impide los controles democráticos. Luego de evaluar si esa observación es en serio, valdría recordar que hasta ahora, siguiendo el sistema de la gestión por comités o por directorios multitudinarios, con intromisión de la misteriosa poliarquía, tampoco se ha lucido la transparencia. Solo han reinado la ineficiencia y el dispendio”, disparó.

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