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Carmelo Milán compite en tiro paralímpico. En 2015 participó en un campeonato en Brasil como preparación para su viaje en mayo a la Copa del Mundo en Hannover, Alemania. En ambos viajes fue con dinero que consiguió por su cuenta entre préstamos, rifas y alguna mano de amigos. Al regreso rindió las cuentas ante el Comité Paralímpico Uruguayo (CPU) y desde el gobierno destinaron $ 125.000 para que él recibiera por sus gastos de participación.
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El dinero ingresó al CPU y de allí $ 85.000 fueron para Milán, pero hubo un restante de $ 40.000 que no le llegó. La entonces presidenta del CPU era Graciela Nario. “Ella dijo que iba a entrar plata del exterior por donaciones y que ahí me daba mi dinero, pero que en ese momento lo usó para pagar otras cosas”, dijo a Búsqueda Milán. Ese dinero nunca lo recibió y por eso el deportista recurrirá a la Justicia penal para ampliar la denuncia que ya se presentó en contra de Nario y agregarle su caso.
En 2015 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) determinó la intervención del CPU con desplazamiento de sus autoridades. La abogada Margot Abril fue la interventora designada y tras meses de estudio decidió en junio pasado denunciar penalmente a la ex presidenta del organismo.
Desde un primer momento la interventora chocó con Nario, ya que cuando le pidió la documentación y las llaves del local la ex presidenta le respondió que estaba de vacaciones y que no volvería hasta febrero.
Para ganar tiempo la interventora fue al Banco República para conocer el saldo en la caja de ahorro de la asociación. Al 30 de diciembre de 2015 el saldo era de $ 3,4 y U$S 26. Con un detalle significativo: en el mes y medio anterior se habían retirado U$S 7.512, “desconociéndose a qué actividades se destinaron”, según consta en la denuncia penal. Incluso, uno de los retiros, de U$S 700, se hizo dos días después de que se interviniera la asociación.
El 5 de febrero, terminadas las vacaciones, Nario convocó a la abogada para darle la llave y la documentación. Al llegar, el conserje le entregó solo las llaves. Faltaban los estados contables, el padrón social, las actas de asambleas y la información bancaria.
La interventora le insistió a Nario, quien le dijo que no podía darle los documentos porque recurriría la intervención y usaría la documentación como prueba. Hasta el momento, no presentó el recurso.
La situación del CPU es aún más compleja, ya que hace meses no recibe fondos. El Poder Ejecutivo da las ayudas económicas condicionadas a la presentación de los estados contables, por lo que la asociación no recibe las partidas. Y empeora cada día.
Por ello la interventora acusa a Nario como responsable de la complicada situación del Comité. “Desde 2012 no cumplió con las intimaciones” del MEC, “violó flagrantemente los estatutos designando en forma antiestatutaria integrantes de la comisión directiva” y “ahora luego de la intervención obstaculiza la labor de las autoridades designadas desacatando un mandato legítimo, en actitud por demás llamativa que debe ser investigada”, dice la denuncia, que se presentó en el Juzgado penal de 17° turno. Agrega que “los hechos relacionados poseen apariencia delictiva”.
