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    Derecho social a la vivienda

    Sr. Director:

    Baltasar Brum nos enseñó desde los orígenes de la ley del 13 de julio de 1921, dictada por el Consejo Nacional de Administración y con la firma de Batlle y Ordóñez, más conocida como “ley Serrato”, el derecho a una vivienda digna y decorosa.

    Ese mismo Batlle y Ordóñez, ignorado por el neobatllismo, luego de ser dos veces presidente de la República fue uno más en el gobierno colegiado fruto de sus ideales.

    Esta ley en su artículo primero estableció:

    Los empleados públicos y los empleados y obreros de las empresas particulares comprendidos en los beneficios de las leyes sobre jubilaciones que tengan más de 10 años de servicio (...) podrán realizar con el banco hipotecario (...) adquisición de fincas de propiedad del banco, adquisición de fincas pertenecientes a particulares y préstamos de edificación.

    Esta ley es la base fundamental para el inicio de las acciones del Banco Hipotecario, además debemos considerarla como la columna de las políticas sociales del Partido Colorado, cimiento para el desarrollo del individuo como célula de la sociedad.

    Nuestro grupo de trabajo, iniciado hace ya más de 30 años, como la nueva generación del doctor Amílcar Vasconcellos, se ha desarrollado tomando como su norte el Batllismo, en su clásica concepción colectiva, estableciendo como objetivo la superación del individuo.

    En este contexto hoy impulsamos el retorno a las políticas de vivienda en el más puro y social sentido, que le permitió ser pionero hace más de un siglo.

    Es oportuna la hora para, en el marco histórico de los 50 años de la Ley Nacional de Vivienda Nº 13.728, más conocida por las iniciales PNV, hacer hincapié en un eje social que a nuestro entender es el sustento lógico para la mayoría de los problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad.

    En efecto, la vivienda hoy no ocupa un lugar preponderante en las acciones políticas del gobierno o en los programas de aspiraciones de quienes buscan sucederlo en la conducción de la República.

    Compartamos la historia de los programas de desarrollo de la construcción de viviendas en nuestro país.

    A partir de la “ley Serrato” de 1921, el sueño de la casa propia en nuestro país ya no fue tal, se podía transformar en realidad y así fue.

    Pero no solo el Estado, a través del Banco Hipotecario, propició el desarrollo sino que inversores privados contribuyeron, empresarios privados aportaron, bancos privados aportaron, el pueblo todo aportó.

    Los jóvenes, cuando planificaban formar una familia construían primero su casita y era posible, por las leyes de avanzada vigentes, el Estado, las grandes textiles ILDU, Puhasa, Campomar y Soulas, La Mundial, Paylana, industria frigorífica, el Banco de San José (luego Banco La Caja Obrera) tenían préstamos blandos, fácilmente pagables y a pocos años para construir o comprar viviendas.

    Aún hoy recorremos los barrios obreros de la época de Luis Batlle, en la calle José Serrato, en el Cerro, en La Teja o en el interior del país en el departamento de Treinta y Tres o Paysandú (Paycap). Las grandes empresas que citamos pagaban viviendas y se las descontaban mensualmente a sus trabajadores.

    Todo era posible, era el Estado batllista, el Estado de bienestar y no era que sobrara la plata, sobraban las ganas de hacer. Los apóstatas u opositores al Batllismo decían y dirán que esto era posible por las contingencias mundiales, pero no era así, nuestros representantes consideraban su deber hacer las cosas.

    Lo más importante eran las ansias de avanzar, los desafíos del porvenir, porque los ciudadanos de la República habían aprendido a cimentar la esperanza.

    Esa esperanza que el Partido Colorado alimentara y que nos llevó, como dice el himno de nuestro partido, a conquistar otras altas cumbres.

    En un recorrido al vuelo de nuestros logros en materia de vivienda, nos encontramos con el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), viviendas que llegaron en todo el país a miles de trabajadores y de una calidad constructiva superior a las que se están construyendo y que no están al alcance de los trabajadores y jubilados.

    Estas viviendas, cuyos complejos con más de 60 años se erigen en todos los departamentos del país, fueron impulsadas por hombres de nuestro partido, y que ni el recuerdo colectivo ni el partidario atesora.

    El primer complejo de INVE fue construido frente al aeródromo de Melilla y su impulsor desde el Directorio del Banco Hipotecario fue don Pedro Bagalciague, un referente del Partido Colorado, iniciado junto a don Tomás Berreta en esa misma zona de Peñarol, Colón, Lezica, Sayago.

    Don Pedro, al que hoy a 33 años de su paso a la eternidad los viejos vecinos recuerdan con reverencia.

    Este don Pedro desde el Banco Hipotecario no se quedó con las leyes frías sino que buscó perfeccionarlas para que llegaran a más orientales, por lo que impulsó en agosto de 1969 la modificación del monto mínimo de ingresos para acceder a una vivienda, en 1970 créditos preferenciales para no videntes, en 1971 preferencia para causahabientes de funcionarios policiales, en 1970 ampliación de la ley para funcionarios de Ancap propiciando la creación de las cooperativas Paycap en Paysandú y en Montevideo (Bulevar Artigas y Uruguayana).

    Otro de los hechos y hombres que deseamos destacar es el de la ley de Mevir, plan de viviendas de erradicación de la vivienda rural impulsado por el Dr. Alberto Gallinal, a través de la Ley de Presupuesto de 1967 (Ley N° 13.640) que nació por iniciativa del ministro de Hacienda Dr. Amílcar Vasconcellos durante la presidencia de Óscar Gestido.

    Porque al referirse a esta ley de Mevir la historia omite que estas leyes especiales son iniciativa del Poder Ejecutivo y que su génesis la tuvo a partir del Dr. Vasconcellos.

    Pero avancemos en el tiempo, en el año 1971 se sanciona la Ley 14.006, impulsada en el Parlamento nacional por el ingeniero Ponciano Torrado, diputado de la Lista 315, ley que en su introducción manifiesta que se dispone la entrega de unos inmuebles ubicados en la villa del Cerro a los efectos de propender a la formación de un núcleo habitacional de carácter definitivo.

    Esta ley de agosto de 1971, promulgada con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco fue en definitiva lo que hoy llamaríamos una ley de regularización de asentamientos.

    En efecto, se habían ocupado con rancheríos unos terrenos fiscales en un barrio que hasta hace pocos años se denominó Villa Esperanza y que hoy conocemos como Nuevo Casabó.

    Con la conducción de una dirigente batllista, doña Celeste Villanueva, edila por nuestro partido y por la Lista 315 en la reapertura democrática, los ocupantes, ley mediante, construyeron sus viviendas de material y la ceremonia marcada era quemar el rancho en el momento de pasar a la nueva casa ya definitiva.

    No era batllismo teórico de escritorio, era batllismo de barricada y con soluciones. Hoy podríamos llevar adelante proyectos similares con el plan que desde hace tantos años defendimos junto a Lucio Cáceres, desde los gobiernos del Partido Colorado, de otorgar a los ocupantes ilegales de tierras lotes con servicios, pero nadie arriesga y los ranchos siguen.

    Bajo la égida de la Ley de Viviendas el Uruguay despegó, Parque Posadas, los edificios de la rambla Sur y tantos otros por todo el país.

    Pero lo más importante es que en el marco de esa ley el trabajador con ingresos inferiores a valores de hoy a mil quinientos dólares ($ 45.000) podía acceder a viviendas de excelente calidad y, lo más destacable, podía pagarlas.

    Claro que podrán contarnos de los altibajos, de las UR de los colgamentos, pero el acceso a la vivienda fue masivo y aún hoy amigos que ingresaron con ese marco regulatorio, con salarios equivalentes a esos 1.500 dólares pagan cuotas de $ 12.000, menores a un alquiler.

    Luego de esos planes se construyeron Millán y Lecocq, todos los Euskal Erria y el último gran plan Malvín Alto.

    A partir de esos planes empezamos como país a construir como el hornero, con el pico. Núcleos básicos evolutivos, más caros que una casa cara y poca cosa más.

    La situación de hoy en una política de viviendas fragmentada con Agencia Nacional de Viviendas, vendiendo y revendiendo casas 10 veces pagas a los más necesitados, Ministerio de Vivienda construyendo poco y mal y un Banco Hipotecario construyendo de interés social viviendas berretas y caras de interés de empresarios dedicadas a poblaciones con ingresos de más de 110.000 pesos mensuales con cuotas de 23.000 pesos por un dormitorio o, peor aún, un monoambiente.

    Viviendas construidas en parte con los fondos de las AFAP, pero que no pueden siquiera aspirar a comprar los dueños de los depósitos de esas AFAP o sea los trabajadores.

    Se están construyendo viviendas que no tienen final de obra, entonces al amparo de una modificación legal, que pasó inadvertida, modifican la titularidad catastral de los apartamentos construidos por lo que indirectamente se venden sin que intervengan las habilitaciones ni se escrituren, pero esa es otra historia.

    Los uruguayos debemos impulsar propuestas, queremos analizar políticas sociales de vivienda como eje conductor de las soluciones a nuestra sociedad en conflicto.

    Dante Nieves