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En los países latinoamericanos, las décadas de 1970-1980 tienen como rasgo distintivo la instalación de crueles dictaduras militares. En ellas se torturó y se hizo “desaparecer” gente. Esos tiempos oscuros cesaron cuando se aunaron esfuerzos —tanto externos como internos— para ponerles fin en forma pacífica. Entre las medidas más efectivas se encuentra la denuncia de las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo. Estados Unidos, bajo la Presidencia de Jimmy Carter, fue un puntal; también las ONG dedicadas a esa labor. El resultado fue que la presión internacional obligó a ceder a aquellos autócratas.
Al volver la democracia —y aún estremecidas por el horror recientemente vivido— esas sociedades se prometieron a sí mismas que iban a impedir que una situación análoga se repitiera en el futuro. En lo posible se resarció a las víctimas. Y varias de ellas, aupadas en sus vivencias personales durante esa época, hoy gobiernan en sus respectivos países.
Uno se inclinaría a pensar que alguien que sufrió tormentos en el pasado desarrollaría una especial empatía y sensibilidad hacia gente que en el presente está pasando por situaciones parecidas. Pero no es lo que estamos observando. Por eso preguntamos: ¿de qué lado está su corazón? ¿Cerca de la gente que sufre injusto suplicio? ¿O siguen apoyando al comunismo, lo único que por otros medios? ¿Lo esencial es la defensa irrestricta de los derechos humanos? ¿O lo primordial es quién lo comete? ¿Hay dictaduras “buenas” o “malas” según la ideología de quien las impone?
Las respuestas a estas interrogantes surgen por sí solas al ver las reacciones de varios gobernantes de la región ante lo que está sucediendo en Venezuela.
Como es sabido, todavía están pendientes de aclaración las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2013, donde Nicolás Maduro fue ungido como heredero del difunto Hugo Chávez. A eso hay que agregarle que se acentuó el proceso de desmantelamiento de todo vestigio de separación de poderes, libertad de prensa y de expresión. Se encarcela a los opositores políticos y a los estudiantes que reclaman por la inseguridad y el desabastecimiento atroz hasta de los productos más básicos. Las manifestaciones son sofocadas por las fuerzas del orden, que ahora incluso tienen la autorización legal de usar armas letales contra gente indefensa.
Y, como ocurre en cualquier autocracia, se pasó a la fase que culmina el proceso: las torturas.
Según informa el diario “ABC” de España, el primero en denunciar internacionalmente la existencia de “la tumba” fue el ex presidente colombiano Andrés Pastrana. El ex mandatario declaró que “en Venezuela hay 83 presos políticos y casos aberrantes, como son las tumbas, a cinco pisos bajo tierra con aire acondicionado a temperaturas por debajo de cero, donde meten a estudiantes que protestan y que no ven la luz en tres y cuatro meses”.[1]
“La tumba” es una prisión especial situada en la nueva sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. Esas instalaciones son usadas por la policía secreta para torturar a los estudiantes manifestantes y a los opositores políticos. Son siete celdas pequeñas de dos por tres metros que no tienen ventanas ni baños, situadas en el sótano quinto del edificio mencionado. Los reclusos pasan allí las 24 horas del día vigilados por micrófonos y cámaras. Según denuncia Tamara Sujú Roa —abogada defensora de los derechos humanos—, desde hace más de cinco meses están encerrados ahí tres jóvenes estudiantes: Lorent Saleh, Gabriel Valles y Gerardo Carrero, por el simple hecho de “protestar contra el gobierno de Maduro”.
Human Rights Watch (HRW) —una organización independiente defensora de los derechos humanos— se sumó a las denuncias de malos tratos en la Venezuela “bolivariana”. Entre estas cosas, reprobó la impunidad de los autores de las muertes ocurridas durante las protestas populares del año pasado. En un comunicado, expresó: “A un año de la brutal represión de manifestantes no violentos y transeúntes, prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas”. [2]
HRW también condenó la medida del Ministerio de Defensa que autoriza el uso de fuerza letal para controlar protestas. Incluso la ONU y la OEA y otras organizaciones multilaterales han manifestado su rechazo ante esa norma. El director ejecutivo para las Américas de esa ONG, José Miguel Vivanco, enfatizó: “Emplear las fuerzas militares para controlar protestas políticas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta”. [3]
Ante el contexto mencionado, el actual gobierno de Estados Unidos afinó la puntería y fue al corazón del mal. Es decir, en otras ocasiones las autoridades norteamericanas han impuesto sanciones como el embargo sui generis, que a quienes más han perjudicado es al hombre común. En cambio, esta vez el presidente Barack Obama promulgó una ley que sanciona —directa y únicamente— a los funcionarios venezolanos acusados de violar derechos fundamentales. El castigo consiste en suspender las visas y el congelamiento de activos en territorio estadounidense “pertenecientes a funcionarios venezolanos a los que el gobierno federal identifique como responsables de violar los derechos humanos durante las protestas callejeras que sacudieron al país sudamericano” en el último año.
Tras la aprobación de la mencionada ley, el senador republicano Marcos Rubio manifestó: “Con estas sanciones, podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela”. [4]
Esta medida fue un primer paso de la comunidad internacional en la dirección correcta. Hoy, al igual que lo fue en las décadas de 1970-80. Es por esa razón que asombra el cinismo exhibido por varios gobernantes de la región frente a estos hechos.
Maduro pidió el apoyo de sus amigos y lo consiguió. Los cancilleres de la Unasur se reunieron el 9 de febrero en Montevideo. En un comunicado expresaron que “la aplicación de las sanciones unilaterales previstas en la ley vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la democracia en Venezuela”. [5]
En ese contexto, el presidente José Mujica recibió al canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tras esa reunión, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y Rodríguez brindaron en forma conjunta una conferencia de prensa en la sede gubernamental. Almagro declaró que “Mujica consideró que las sanciones no constituyen un instrumento válido ni conforme al Derecho Internacional y nunca han servido para fortalecer los posicionamientos de los pueblos, que son quienes verdaderamente ejercen la función de autodeterminación y de marcar los cambios en las democracias de la región (…); este tipo de sanciones traen perjuicios a los pueblos y desestabilizan las democracias no solo de Venezuela, sino también de la región, dado que el régimen de este país es un instrumento fundamental en la estabilidad”. [6]
En una de sus acepciones, el diccionario de la Real Academia Española define “cómplice” como el gesto que transmite solidaridad o camaradería.
Hay ciertas complicidades que son muy difíciles de entender… y mucho más de digerir.
