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    Derechos humanos

    Sr. Director:

    En lo que parece ser una maniobra coordinada, cuyo origen no puede ser otro que diplomático, se han sucedido visitas de llamados “expertos” en temas vinculados a los derechos humanos. Aparecen rodeados de una aureola moralista y sacrosanta con la pretensión de impartir doctrinas en aspectos de la vida del país, cuya ciudadanía resolvió en la forma que lo hacen las democracias.

    Si bien hay antecedentes anteriores a octubre de 2011, es a partir de esa fecha cuando la maniobra aludida cobra más vigor. Convocada por algún mecanismo “amigo” o “compañero” se presenta en Uruguay la delegada de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, cuando, seguramente por mera coincidencia, se debatían dos temas álgidos:

    -Nulidad de la Ley de Caducidad, Proyecto de Ley Nº 18.831

    -Baja de la edad de Imputabilidad

    Se conoce que se intentó un intercambio de correspondencia con la mencionada jerarca, quien no se dignó siquiera contestar. Una actitud tan impropia de una alta funcionaria de la ONU motivó otro intento, esta vez ante la propia y Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Sra. Navanathem Pilay, quien, desde su sacrificada abnegación por tales derechos, atiende esos asuntos sacrificadamente en Ginebra (Suiza). Seguramente el volumen de trabajo le impidió una alta respuesta, efectivizándola tres meses después mediante interpósita persona.

    A estar a nuestros informes, para este tipo de “expertos” —no importa su jerarquía— no debe existir la prescripción para los delitos de lesa humanidad además de exhibir desconocimiento en cuanto a la irretroactividad de la ley penal.

    Como puede apreciarse, solamente mentes contaminadas, ideológicamente hablando, pueden expresar tal absurdo jurídico y, además, revelan ignorancia supina, deliberada o no, de las previsiones relevantes del Estatuto de Roma al respecto.

    En setiembre de 2013, el país “sufre” la primera visita oficial a Uruguay del “experto” Pablo de Greiff, cuyo comunicado se transcribe: “Primera visita oficial a Uruguay del experto en Justicia Transicional de la ONU, Pablo de Greiff. Ginebra (25 de setiembre de 2013) - El experto en Justicia Transicional de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, visitará Uruguay del 30 de setiembre al 4 de octubre de 2013 para evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de los años 70 y 80. ‘Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son los cuatro pilares de mi mandato como Relator Especial de la ONU’, explicó el Sr. de Greiff, ‘y su implementación busca remediar el legado de abusos masivos de los derechos humanos, ayudar a proporcionar el reconocimiento debido a las víctimas, fomentar la confianza y la reconciliación, y fortalecer el Estado de derecho’”.

    En octubre de 2013 se reunió el Comité de Derechos Humanos y Civiles con sede en ONU (Nueva York). Dicho Comité considera entre otros aspectos que el hacinamiento en las cárceles se había reducido y las soluciones jurídicas y políticas para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el período de gobierno militar continuó (al encomiar la reducción del hacinamiento, como se podría presumir, este Comité ignora los doce presos que murieron calcinados en la cárcel de Rocha).

    Miembros del Comité encomiaron a Uruguay por ser el pionero en muchos ámbitos de los derechos humanos. Obviamente tal encomio no tiene en cuenta y prescinde de aquellos derechos que hacen a la educación, seguridad y salud en los cuales la incapacidad de gestión rebasa largamente todo límite tolerable.

    Más recientemente, en setiembre de este año, irrumpe en escena la señora Mariana Labastié, quien, como sus predecesores, aboga en la misma dirección de aquellos en entrevista con los presidenciables, excepto uno de ellos.

    Con una mise en scene cuidadosamente elaborada, esta “experta” exhibe la soberbia propia de un autoritarismo autogenerado en el ámbito de Amnistía Internacional. Por eso es difícil discernir la causa de la legitimación que le brindaron los presidenciables concurrentes. Así, debieron soportar expresiones en el sentido de que la Ley de Caducidad es ilegítima para Amnistía Internacional y además, cuando advertida la Sra. Labastié de que dicha ley fue plebiscitada por dos veces, manifestó: “Nosotros sostenemos que los derechos humanos no se plebiscitan”.

    Hugo Ferrari

    Presidente del C.E.DD.HH.U.