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De continuar la guerra en Ucrania y otros conflictos en diferentes partes del mundo, el desafío del 2022 será garantizar un mayor acceso a los alimentos actualmente existentes y para el 2023 una suficiente producción de alimentos.
A casi cuatro meses del inicio de la guerra, los datos siguen mostrando una tendencia al incremento de precios de los alimentos, particularmente en los países más carenciados, mientras crece la preocupación por los posibles efectos de estos aumentos. La potencial escasez de algunos productos puede generar inestabilidad interna en numerosos países, aumentando a su vez los flujos migratorios internos y externos.
Rusia y Ucrania, en conjunto, representan el 30% de la exportación mundial de trigo y maíz y el 63% de semillas de girasol. Según expertos, ya escasean 3 millones de toneladas de esos granos este año, no obstante el aumento de la exportación de otros países como India.
La subida de los precios de los productos energéticos y de los fertilizantes puede provocar el aumento del hambre en varias decenas de millones de personas, incrementando severamente la cifra de 811 millones que pasaban hambre en 2020, y que siguió aumentando por los efectos del Covid-19 en más de 100 millones en 2021, poniendo además en riesgo la próxima cosecha global.
Según un reciente estudio de la FAO y el Programa Mundial de Alimentación (PMA), ya en 2021 alrededor de 193 millones de personas en 53 países padecían inseguridad alimentaria aguda y necesitaban asistencia muy urgente, casi 40 millones más que en el 2020. Sigue siendo alta la alarma de hambruna en Afganistán, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.
Serán los países más frágiles de África y de Asia quienes pagarán el precio más alto, aunque numerosos países europeos dependan al 100% de los fertilizantes rusos, primer exportador mundial. Tal es el caso de Estonia, Finlandia, Lituania y Serbia, mientras países como Eslovenia, Macedonia del Norte, Noruega y Polonia, entre otros, también dependen en buena medida de ellos. Además, más de 50 naciones de otras partes del mundo dependen, al menos en un 30%, de esos fertilizantes rusos.
Entre los países que pueden verse más afectados por su dependencia de la importación de trigo y maíz de las naciones europeas en guerra figuran Egipto y Turquía, así como varios países africanos como Congo, Eritrea, Madagascar, Namibia, Somalia y Tanzania.
En relación con el aumento de precios de los alimentos, existen países como el Líbano que ya superaron el 300%. Sin embargo, incluso países más desarrollados están sintiendo el impacto del conflicto, como es el caso de Alemania, que sufrió un aumento de precios del 12%, o del Reino Unido, donde aumentaron más del 6%.
A fines de marzo, a poco más de un mes del inicio de la guerra, los productos alimenticios habían aumentado 12,6%, el más alto incremento desde 1990 según datos de la FAO.
La reducción de la producción puede determinar una inmediata caída de la calidad de la alimentación, causando como consecuencia un aumento de la crítica situación de la obesidad, que ya supera los 600 millones de personas, mientras más de 2000 millones sufren de sobrepeso, lo que puede también aumentar los riesgos de salud, desde aspectos cardiológicos a la diabetes.
“Necesitamos mantener el sistema de comercio global abierto y asegurar que las exportaciones agroalimentarias no sean restringidas o sometidas a impuestos”, señaló el director general de la FAO, Qu Dongyu.
Para Qu, hay que aumentar las inversiones en aquellos países afectados por el actual precio de alimentos, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar y lograr una utilización más eficaz de los recursos naturales (como agua y fertilizantes), impulsar las innovaciones sociales y tecnológicas que reduzcan de manera significativa las rupturas del mercado en la agricultura, así como mejorar la protección social y la asistencia personalizada para los agricultores más afectados en esta crisis.
El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, recordó la propuesta de la organización especializada con sede en Roma de crear un fondo global denominado Food Imports Financing Facility por un costo de 9.000 millones de dólares para afrontar el 100% de los costos alimentarios para los países más afectados en 2022.
