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Fines primarios del Estado: las autoridades públicas deben velar por su cumplimiento. Y si no, renunciar. En la semana pasada sucedieron en Uruguay dos hechos graves que nos demuestran que algo está sucediendo en el Estado. Nos referimos a la trata de menores nada menos que en el propio local de un centro CAIF de Tacuarembó, a pocos metros de la Terminal Interdepartamental de Ómnibus, y al incendio provocado en dos escuelas públicas de Flor de Maroñas, Montevideo, que tenían contratado un servicio policial 222 pero que el mismo brilló por su ausencia.
El Estado se justifica cuando vela por el bien común. Cuando no lo hace se convierte en un leviatán violador de los derechos humanos.
Nos preguntamos qué controles realizaba el INAU al Centro CAIF de Tacuarembó, donde se prostituían menores de la zona. Asimismo, cabe también preguntarse qué contralores realizaba el Consejo de Enseñanza Primaria del servicio 222 de la Policía que debió estar el sábado de noche próximo pasado y que por no estar, las dos escuelas de Flor de Maroñas no solo fueran hurtadas sino que también fueron vandalizadas con incendio inclusive.
Mil niños quedaron sin clases y cien mil dólares costará al erario público la reparación. Nos preguntamos cuándo se habrán de aplicar los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, cuándo los funcionarios públicos omisos van a responder con su patrimonio por sus omisiones contumaces en el desempeño de sus cargos. En cualquier país civilizado, ante estos hechos graves, el primero sobre la salud e integridad física y moral de menores del Instituto que justamente existe para resguardar esos bienes de los menores y, el segundo, sobre el derecho a la educación de los niños, las autoridades que no logran explicar lo sucedido renuncian y, si no lo hacen, son cesados por las autoridades superiores de las que dependen.
Pero en Uruguay nada pasa, se mira para otro lado y siempre la culpa la tiene otro. Esto es típico de los países subdesarrollados, donde no existe sensibilidad y conciencia de que los servidores públicos que no sirven deben dejar su lugar a otros que sí estén capacitados para hacerlo.
Una de las formas de medir el avance ético de una sociedad es justamente éste, el de la sensibilidad de los gobernantes para dar un paso al costado cuando su impericia o falta de capacidad técnica para gestionar un organismo público produce los daños que comentamos.
