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Como a comienzos de la década pasada, actualmente los entes comerciales e industriales del Estado mantienen una participación “importante” en la economía uruguaya, principalmente en los servicios. Sin embargo, en los años recientes su contribución al Producto Bruto Interno (PBI) se redujo respecto a 2005 a niveles cercanos a 6% del total.
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Eso surge de la revisión de las políticas comerciales de Uruguay que la Organización Mundial del Comercio (OMC) completó el viernes 27. Se trata de un análisis al que son sometidos cada ciertos años los miembros de esa institución multilateral.
En la anterior revisión del país, efectuada en 2006, la OMC había observado que la participación del Estado en la economía seguía siendo “considerable” y aludía a la ley de 1991, posteriormente parcialmente derogada en un referéndum, que transfirió algunas actividades al sector privado.
En el nuevo monitoreo de políticas completado la semana pasada el organismo emplea palabras casi idénticas para aludir al peso del sector público en la economía: “Las empresas propiedad del Estado operan en sectores clave como la energía eléctrica los combustibles, el agua potable y el saneamiento. Asimismo, participan en las telecomunicaciones, el transporte aéreo y ferroviario, los puertos marítimos y los servicios financieros. En conjunto, estas empresas tienen una incidencia importante en la economía nacional, al contribuir con un 6,6% del PBI en 2010”.
La contribución de los entes públicos a la economía en su conjunto había sido de 8,5% en 2005, cuando daba inicio la primera administración del Frente Amplio. En los años siguientes esa participación osciló siempre en niveles menores. Ancap y Antel fueron de los entes que más vieron reducido su aporte al PBI (ver cuadro).
Los datos fiscales al cierre del primer trimestre divulgados el lunes 30 por el Ministerio de Economía y Finanzas mostraron que los principales entes tuvieron en conjunto pérdidas por U$S 212 millones, sobre todo por los malos resultados de UTE y Ancap. Eso contrasta con las ganancias por casi U$S 9 millones que habían obtenido los entes en enero-marzo de 2011.
“Algunas empresas estatales prestan actividades calificadas como servicio público, otras operan en régimen de monopolio legal o mantienen una posición dominante en el mercado respectivo”, amplía la OMC en su extenso reporte, publicado el viernes 27.
Añade que la participación del Estado en la economía “ha contado tradicionalmente con un amplio apoyo de la sociedad uruguaya, como se ha manifestado en varios referéndums relativos a la legislación y al estatus de las empresas públicas”. También reseña que “en los últimos años, con objeto de cubrir las necesidades de inversión en infraestructura y prestación de servicios públicos, las autoridades han fomentado la participación conjunta de los sectores público y privado”. En esa línea menciona la aprobación en 2011 de la ley Nº 18.786 de “participación público-privada”, que establece el marco regulatorio para ese tipo de contratos que encargan a una persona de derecho privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación de obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, de infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos y de infraestructura social (centros de salud, viviendas de interés social, etc.).
Beneficios de la competencia.
La OMC realiza un breve comentario sobre el sector en el que participan los entes.
En telecomunicaciones, “el grado de competencia varía entre los distintos segmentos del mercado. El Estado sigue ejerciendo un monopolio de iure en la telefonía fija en todo el territorio nacional a través de Antel”, señala.
Acerca de la telefonía móvil, que está abierta a la competencia, en su informe observa que “ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2004. La apertura a la competencia ha redundado en mejoras en la oferta de servicios y la disminución de los precios. A fines de 2010, había 4,4 millones de teléfonos móviles activos (comparado con 600.000 en 2004), lo que representó una teledensidad de 132% (el umbral del 100% fue rebasado desde 2008).
En la banca, la participación de las dos entidades públicas “sigue siendo considerable” y los mismos representaron el 46% del total de los activos bancarios a fines de 2010 (53% en junio de 2005).
“No obstante la desmonopolización del mercado de los seguros en 1993, que resultó en el mejoramiento de los servicios y la reducción de los precios, sigue existiendo una fuerte participación pública en el sector a través del Banco de Seguros del Estado, que representa aproximadamente 57,3%”, excluida la rama de accidentes del trabajo que explota en forma monopólica.
