Desde el BCU impulsan cambios normativos para que no solo el BSE pague las pasividades de las AFAP, que serán masivas desde 2017

Un documento de trabajo elaborado por Cecilia Dassatti y Natalia Mariño, dos funcionarias del Departamento de Estudios y Regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, propone diversos cambios normativos —que eventualmente vayan más allá que la emisión de títulos de deuda en unidades reajustables (UR)— para ampliar el número de jugadores en el mercado de pólizas previsionales. Eran varios al inicio del régimen de AFAP que surgió en 1996, pero las privadas se retiraron.

En Uruguay la jubilación común por Banco de Previsión Social (BPS) se con?gura con 60 años de edad y 30 de trabajo, en tanto que, aun sin llegar a esos años, los a?liados se pueden jubilar desde los 65 años por el pilar de AFAP.

A partir de datos de la cartera de a?liados de cada una de las cuatro administradoras a diciembre de 2013, Dassatti y Mariño realizaron algunas proyecciones a futuro. Trabajaron con información de 1.198.645 personas (de un total de 1.209.875 afiliados a diciembre de 2013), de las cuales 56% eran hombres, 94% realizó la opción de subdividir su aporte entre el BPS y la AFAP, y que poseen una densidad de cotización promedio de 67%. Su sueldo nominal promedio de aportación era de $ 19.993, y el saldo medio acumulado en sus cuentas individuales ascendía a $ 185.668.

De sus cálculos surge que el fondo de ahorro previsional (la masa total de dinero administrado por las AFAP) alcanzará niveles cercanos al 45% del Producto Bruto Interno —PBI— en 30 años. Se trata de un proceso con tres fases: la actual, con un número de jubilaciones “reducido”; la segunda, en los próximos 10 años, en la que se produce un “aumento significativo de los retiros por jubilación”, y una última, de “maduración del sistema, en la que se estabiliza el crecimiento anual” de la cantidad de pasividades. Así, al cabo de 30 años, el total de jubilaciones llegaría a unas 700.000.

A su vez, las pasividades promedio parten de niveles cercanos a $ 3.700 y más que se duplicarán en el horizonte de 30 años, estiman las técnicas del BCU.

Esas proyecciones se basan en que habrá 30.000 nuevas afiliaciones al año, que la economía uruguaya crecerá a un ritmo de 3% anual, que se mantiene la densidad de cotización histórica y que las inversiones de las AFAP arrojan un rendimiento de 2,5% real anual medido en UR, entre otros supuestos.

“Problema de descalce”.

“En vistas del crecimiento signi?cativo en la cantidad de jubilaciones a pagar bajo este sistema, resulta relevante analizar el impacto en las cuentas de la compañía aseguradora que hoy en día se encarga de dichos pagos”, si no aparece ningún privado ofreciendo pólizas previsionales, señalan. En este sentido, los egresos anuales por concepto de jubilaciones del BSE alcanzarían niveles de 2,5% del PBI, lo cual implica un “fuerte aumento” si se compara con los $ 250 millones abonados en todo 2013 (0,02% del PBI).

De esa forma, la participación de la rama de seguros previsionales medida como el cociente entre esos activos y el PBI llegaría a cerca de 25%.

Dassatti y Mariño aluden luego a la reciente emisión de títulos en unidades reajustables (UR) realizada por el gobierno equivalente a U$S 1.000 millones, adquirida en su totalidad por el BSE. “El motivo de esta emisión respondió al ampliamente discutido problema de descalce” de monedas que experimenta la institución en dicha rama (dada la obligación de capitalizar las jubilaciones en una tasa en UR y la inexistencia de títulos en dicha unidad). En vistas de los resultados obtenidos en su estudio, dicen, de continuar con esta política de emisión de deuda en UR la cobertura requerida representaría emisiones gubernamentales por un 25% del PBI.

Más jugadores

“En virtud del crecimiento signi?cativo que experimentaría la rama de seguros previsionales, (...) resulta relevante analizar la viabilidad de que ingresen otras compañías aseguradoras” a dicho mercado, plantean las funcionarias bancocentralistas.

A su entender, el descalce de monedas existente entre la capitalización de las obligaciones previsionales y las inversiones asociadas a la rama de vida previsional “se presenta como uno de los principales elementos que obstaculizan” la entrada de esas aseguradoras al negocio. “Si bien el gobierno ha implementado medidas al respecto, las mismas no subsanan el problema sustancial, con lo cual es relevante re?exionar acerca de posibles medidas alternativas”, agregan.

En particular, añaden, los modelos de otros países otorgan una “mayor ?exibilidad en la ?jación del nivel de la tasa de interés técnica a través de una mayor participación de los agentes del mercado. De la misma manera, es menester pensar en la actualización y metodología de cálculo de la tabla de mortalidad, encontrándose entre las opciones a explorar el cálculo de tablas por parte de las aseguradoras y su validación por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros, la introducción de tablas de mortalidad dinámicas, o la revisión de los parámetros utilizados en la metodología vigente” por parte de esa repartición del BCU.

Por otra parte, según las funcionarias “cabe cuestionarse si el mecanismo actual de indexación re?eja efectivamente el costo de vida de los jubilados, o si debe ser sustituido por un mecanismo directamente vinculado a la evolución de la in?ación o de una canasta de bienes representativa del consumo de la población pasiva”.