Solicitamos a usted publicar la nota adjunta, en el entendido de que su semanario es también una herramienta para difusión de temas urgentes que afectan en este caso a un sector muy vulnerable, como son los jubilados y pensionistas, que integran mayoritariamente estos grupos de deudores y que carecen de recursos para manifestarse en redes y prensa.
Hemos leído en la prensa de este domingo lo que es aparentemente una respuesta a nuestra solicitud de retomar el tema en esta comisión. En entrevista al senador Carlos Camy se asegura que la solución será a través de una resolución administrativa.
Nos interesa saber si se trata de una resolución definitiva de esta comisión o es solamente una opinión del senador.
Agradecemos que nos hayan dado este espacio para poder expresarles nuestra agobiante situación, pero les pedimos que hagan lo posible para que se resuelva este tema acá a través de una ley. Por eso, reiteramos, el ámbito transparente es aquí en esta comisión. No entendemos por qué cambió el ámbito de tratamiento del asunto; existiendo proyectos de ley presentados, lo normal sería que el ministerio haga los planteos y aportes aquí, en esta comisión, que es donde están las personas democráticamente elegidas por los uruguayos y uruguayas para legislar.
El problema que tenemos los deudores en unidades reajustables, tanto en el BHU como en la ANV, surge a partir del fideicomiso creado en los capítulos I (modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario) y II (creación de la Agencia Nacional de Vivienda). Allí, por ley, unilateralmente se cambian las condiciones de nuestro crédito hipotecario. La cartera más pesada pasa a la agencia, mientras que el Banco Hipotecario se queda con las que se estima en ese momento “recuperables”. Por lo tanto el Estado decide unilateralmente que los créditos que se transfieren en fideicomiso a la ANV son los créditos sociales y los que se mantienen en el BHU pasan a ser comerciales. Esto fue reafirmado por la Sra. presidenta del BHU, Casilda Echavarría, en la Comisión de Vivienda del Senado de la República el 15 de junio de 2021.
Como hemos marcado en nuestra última audiencia ante esta comisión, las deudas que tenemos en el Banco Hipotecario no tienen fin… Eso lo demostramos con recibos a la vista.
Si bien consideramos que los colgamentos son injustos, un invento del Directorio del BHU de 30 de noviembre de 1984, algo que ni siquiera está creado por ley, algo que raya la usura, no vamos a ahondar en este momento sobre ese tema, que no lo han resuelto en gobiernos anteriores y parece que, a pesar de los proyectos de ley presentados, ahora tampoco tienden a resolverse.
El tema que nos mueve en esta audiencia es el siguiente: se han presentado tres proyectos de ley, pero aparentemente están “encajonados” porque el Ministerio de Economía no los comparte. Se están llevando reuniones con un grupo de deudores que nos ha censurado y nos ha borrado del grupo de Facebook por aportar ideas para ir a conversar al MEF: queremos se nos concedan las quitas que se otorgan en la ANV al BHU.
Nos surgió la interrogante, a los deudores del BHU: ¿por qué a nosotros que sacamos un crédito social, que evidentemente la mayoría tuvo que financiar porque nuestras cuotas se volvieron inaccesibles en el tiempo, se nos cambiaron las condiciones? Si bien éramos activos, ahora somos jubilados, sufrimos pérdidas de fuentes laborales, la crisis de 2002, la peor del Uruguay, solo por poner ejemplos… O sea, somos sobrevivientes en agonía…
No nos conforma que unilateralmente el Banco Hipotecario, que nos había otorgado un crédito social, solo por considerarnos “cartera recuperable” nos cambie las condiciones y nos incluya en el peor sistema financiero, pagando a través de los “colgamentos” más interés que cualquier banco de plaza… Es necesario que se tenga en cuenta que en el momento en que tomamos nuestros créditos no existían los actores privados en el mercado, que fueron habilitados a operar por ley recién en 2007. El único banco que otorgaba crédito hipotecario era el BHU… Nuestro peor enemigo… El monstruo que nos viene devorando y se ha devorado a compañeros, ya que les remataron las viviendas… cuando es el Estado quien debe garantizar el acceso a ella…
No sabemos a partir de qué se hizo la selección. Aparentemente no éramos cartera pesada. Pero hay algo que se debe considerar para abordar este tema: quienes estaban en condiciones de pagarlo hace años lo finalizaron, quienes no lo estaban perdieron sus casas. Quedamos nosotros, los 7.000 rehenes del banco, a los cuales no se nos ha aplicado ni siquiera la quita que aplicó la ANV. A pesar del lastre de los colgamentos y la UR, por lo menos esos créditos tienen un fin: en el Reglamento de Recupero del año 2016, en el artículo 31 se establece que “en ningún caso el plazo de refinanciación podrá exceder los 35 años a partir del momento de suscrito el préstamo original, salvo excepciones debidamente fundadas a juicio de la ANV, en cuyo caso, no podrá exceder de 15 años de la fecha de realizada la adecuación”. También el mismo artículo establece un límite de edad: 75 años.
Se debe entender que, si bien esta no es la situación ideal, garantiza el fin de la deuda.
La presidenta del BHU ha dicho ante esta comisión y en la prensa que no queríamos pagar nuestra deuda, que en esta solo se incluía los intereses que no hemos pagado… No es así, como ya dijimos: quienes podían afrontar su deuda en esa reestructura de 2008 ya la pagaron hace tiempo, a quienes no pudieron les han rematado la casa y a nosotros nos van extendiendo créditos que, como el compañero Julis Lerena, quien firma esta nota demostró con recibos en la pasada comparecencia que en algunos casos van hasta los 132 años de edad… Esto es usura, y no entendemos cómo los legisladores no lo incluyeron en la Ley 18.212, del año 2007, a esos efectos.
Al grupo de deudores que asistió a la convocatoria en el Ministerio de Economía, solamente se le informó que sus interlocutores les sugirieron que no se dijera lo que allí se habla para no generar ansiedad en el resto de la gente. Ansiedad tenemos desde hace más de dos y tres décadas por nuestra situación. Por lo tanto, no sabemos qué sucede, la prensa informó que iba a ser una solución política (nota de El Observador, domingo 16/10/2022).
Nuestros representantes y garantías están aquí, los partidos políticos están representados aquí, en el Palacio Legislativo, en las comisiones de las cuales se publican las actas en la web, no en el Ministerio en reuniones a puertas cerradas en donde se está jugando ni más ni menos que nuestro techo, el mismo que llevamos toda una vida pagando.
Dinorah Rodríguez (CI 2.711.290-9, deudora del BHU, 1999), María Cabrera Canepa (CI 3.551.875-3, deudora del BHU desde 1983), Julis Lerena (CI 3.080.278-1, deudor del BHU desde 1987), Silvia Cisneros (CI 3.724.839-4), Alicia Valerio (CI 1.258.821-5), Federico Riveron (CI 4.014084-6, deudor del BHU desde 1996)
