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En el Parlamento, la coalición es un “relojito” y el Poder Ejecutivo tiene la tasa de “efectividad” más alta de las últimas legislaturas, decía en febrero el politólogo Daniel Chasquetti, coordinador de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. También advertía, en contrapartida, que debían atenderse más las demandas de Cabildo Abierto, a quien hasta entonces no se le había votado ni un proyecto legislativo presentado en soledad (Búsqueda Nº 2.161).
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Tanto en Presidencia como en el Partido Nacional son conscientes de aquella advertencia, pero atender o no los pedidos de su socio es un problema que se puede resumir en un dicho popular que muchos dirigentes políticos suelen repetir: no es bueno desvestir a un santo para vestir a otro. Un ejemplo de estas dificultades es el proyecto de prisión domiciliaria que Cabildo Abierto presentó y para el que los blancos presentaron recientemente una alternativa.
La nueva redacción, a cargo de Carmen Asiaín, tiene el visto bueno de Cabildo Abierto y cuenta con un apoyo amplio entre los senadores nacionalistas. Con esa base, el proyecto ahora debe conseguir el alineamiento uniforme de la bancada del Partido Colorado, pero allí conviven miradas más afines al proyecto y cercanas con el histórico pachequismo con otras críticas de hacer un proyecto con “nombre y apellido”.
Legisladores colorados de ambas cámaras recibieron la semana pasada el proyecto alternativo del Partido Nacional. Si bien todavía no tomaron una postura, existen visiones internas contrapuestas que llegan incluso a la interna de los sectores.
Algunos de sus legisladores ya transmitieron que la nueva redacción no los convence. Uno de ellos es Pablo Lanz (Ciudadanos), cuyo voto es determinante para que la coalición logre la mayoría en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta. El legislador dijo a Búsqueda que no comparte el proyecto de ley, aunque aclaró que se trata de una posición personal y que el tema todavía no se conversó en la bancada.
Al argumentar su posición, Lanz señaló que los proyectos deben ser “con espíritu abarcativo y no específico”, para legislar “en función del interés general y no del particular”. Si bien consideró que la redacción realizada por el Partido Nacional “mejora un poco” la planteada por Cabildo Abierto, sostuvo que sigue sin conformarlo y que le gustaría conocer los “fundamentos” que motivan la iniciativa.
En una línea similar, el diputado Felipe Schipani (Ciudadanos) dijo a Búsqueda que no comparte “en absoluto” el proyecto. Otro que manifestó sus reparos fue Conrado Rodríguez, de Batllistas. El legislador, que dijo no haber visto la nueva redacción, consideró que no se puede “legislar con nombre y apellido”.
Con un tono bastante más conciliador, el senador Raúl Batlle, uno de los más reticentes con la propuesta inicial, consideró que la nueva versión está “bastante mejor”. El legislador aspira a que su partido logre una “posición consensuada” sobre el tema.
Otros apoyan abiertamente la nueva propuesta, como el diputado Gustavo Zubía, que está a favor de su aprobación a conciencia de que apunta a los militares retirados recluidos en Domingo Arena. “Fuimos opositores a la ley interpretativa de la caducidad y a la anulación de esta, entonces me parece que por razones de coherencia debemos votar la ley de prisión domiciliaria”, dijo a Búsqueda.
El exfiscal considera problemático que se den “procesamientos a 40 o 50 años” de los hechos, “violentando conceptos muy arraigados en el derecho penal como la prescripción, e invocando delitos que en su momento no estaban previstos”. Por eso, cree necesario “al menos” impulsar “una ley que mitigue las sanciones a quienes fueron procesados por esta legislación” y que en esencia constituye “una pequeña respuesta ante la derogación de las leyes que habría que hacer”. Se trata, sostuvo, de una “señal de pacificación y coherencia frente a un embate jurídico brutal”.
Base de apoyo
En la bancada nacionalista el proyecto alternativo ganó respaldo en los últimos días. Un reflejo del apoyo, explicaron legisladores nacionalistas, es el hecho de que haya obtenido “luz verde” para hacerlo llegar a los socios de la coalición. La redacción del proyecto aún no está cerrada para los nacionalistas.
Uno de los que manifestó recientemente su apoyo fue el senador Sergio Botana, que dijo semanas atrás que la nueva versión está más orientada a sugerencias del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que a dar respuesta a las demandas de Cabildo Abierto (Búsqueda N° 2.179).
Jorge Gandini, que había sido el más crítico de la redacción original, dijo en declaraciones a la diaria el pasado jueves 14 que la formulación actual a su juicio no mueve “demasiado las bases de la legislación actual”. De todas formas, aclaró que esperará a la redacción final para comenzar la discusión de la propuesta.
En tanto, Santiago Gutiérrez, uno de los dirigentes del sector que lidera Gandini, Por la Patria, se pronunció en su cuenta de Twitter “radicalmente en contra de cualquier proyecto que directa o lateralmente favorezca a violadores de derechos humanos”.
En el Frente Amplio consideran que el proyecto sigue siendo “invotable”, según dijo a Búsqueda el senador Charles Carrera. “No lo hemos discutido en la bancada, pero mantiene la misma finalidad que al principio: es con nombre y apellido y busca beneficiar a los represores presos en Domingo Arena, pero se le pone un maquillaje”.
El proyecto establece que la prisión domiciliaria será obligatoria a partir de los 70 años, y que entre esa edad y los 65 años queda a criterio del juez dónde se cumplirá la pena. Según pudo constatar Búsqueda, acorde a la nueva redacción, 15 de los 22 presos de Domingo Arena cumplen las condiciones para poder cumplir su pena en prisión domiciliaria.
El proyecto del Partido Nacional también dispone que las madres de hijos menores de cinco años, o de entre cinco y 10 años con algún tipo de discapacidad o problemas de salud, puedan acceder a la prisión domiciliaria, y no incluye el suministro de estupefacientes como “excepción” de este beneficio. Según Asiaín, de esta manera se puede garantizar prisión domiciliaria a madres con hijos pequeños que ingresan droga a las cárceles (Búsqueda Nº 2.182).
