Dilma Rousseff y el PT de Brasil caen del poder de la peor forma

Corresponde ahora al Supremo decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía, que involucra también a otros políticos importantes del gobierno y la oposición. Rousseff y Lula han rechazado las acusaciones. “Las denuncias hechas por el senador Delcídio son absolutamente livianas y, sobre todo, mentirosas”, declaró la presidenta a la prensa ayer miércoles. “Tengo la certeza de que la apertura de la averiguación judicial va a demostrar apenas que el senador, otra vez, faltó a la verdad”.

“Si ya era casi imposible que (la presidenta) evite la votación del impeachment, el pedido del procurador general alejó hasta la más remota posibilidad de que ella y su mandato sobrevivan a la votación en el plenario del Senado”, dijo Antonio Lavareda, profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de Pernambuco, en declaraciones a Búsqueda. 

“Organización criminal”.

Para el Partido de los Trabajadores (PT) que gobierna Brasil desde hace 13 años, el panorama difícilmente podría ser peor. Con importantes dirigentes procesados y condenados por el caso Petrobras o el escándalo previo de compra de votos en el Congreso conocido como mensalão, esa fuerza política que hasta hace poco tenía aura de invencible puede caer del poder del modo más doloroso: desprestigiada, acorralada y en medio de la peor recesión económica que el país haya tenido en décadas.

Rousseff insiste en que el juicio político en su contra es un “golpe” porque carece de sustento legal. Pero esa tesis ha sido refutada públicamente por tres ministros del Supremo, incluido José Antonio Dias Toffoli, que fue nominado por Lula luego de trabajar como abogado del PT. Aunque la izquierda y los sindicatos intentan movilizarse en las calles para impedir el juicio político, hasta ahora sus manifestaciones están lejos de paralizar el país. De hecho, son bastante menores que los actos a favor del impeachment. Según encuestas divulgadas en abril, tres de cada cinco brasileños apoya la salida de la presidenta, a quien aún le quedan tres años y medio de su segundo mandato.

Lula, un ex obrero que dejó la Presidencia al final de 2010 con una amplia popularidad tras gobernar ocho años en medio de un boom económico y promover programas sociales que sacaron a millones de la pobreza, era la mayor esperanza de resurrección del PT en las próximas elecciones presidenciales. Pero su futuro político y personal aparece seriamente comprometido por la denuncia que el procurador general presentó al Supremo: refiriéndose al esquema de corrupción en Petrobras, sostiene que “esa organización criminal jamás podría haber funcionado por tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del gobierno federal sin que el ex presidente Lula participase de ella”. 

Pero las acusaciones de corrupción y abuso de poder salpican en general a toda la clase política brasileña. La lista de nombres remitida por Janot al Supremo incluye una treintena de políticos sospechosos de participar de los fraudes de Petrobras, que se sumarían a otros 39 que ya estaban siendo investigados. Entre ellos figuran el senador opositor y ex candidato presidencial socialdemócrata Aécio Neves, así como el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que ya enfrentaba cargos de corrupción y lavado de dinero. 

Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Temer, a quien sigue en la línea sucesoria de la Presidencia debido al cargo que tiene en Diputados. Pero el Supremo decidió juzgar este jueves un pedido para apartarlo de ese liderazgo en el Congreso, bajo el argumento de que alguien que es reo en la Justicia está impedido de figurar en la línea de sucesión presidencial.

El propio Temer había sido citado por el senador Amaral como alguien que fue determinante para la designación de dos directores de Petrobras que acabaron presos por corrupción.

Pero el procurador general evitó hasta ahora pedir que el vicepresidente también sea investigado, por entender que las acusaciones en su contra carecen de peso suficiente. Algunos analistas creen que esto podría fortalecer a Temer ante la perspectiva de que asuma la Presidencia enfrentando una devastadora crisis político-económica. No obstante, las encuestas muestran que el vicepresidente carece de respaldo popular: apenas 2% de los brasileños decían en abril que votarían por él en una elección presidencial y 58% se manifestaban a favor de someterlo también a juicio político.

Temer, un experto en derecho constitucional de 75 años, ha indicado que apuesta a formar un gobierno de “unidad” con varios partidos. Pero esa tarea resulta compleja ante las acusaciones que recaen sobre algunos de sus principales aliados y candidatos a ocupar ministerios. Las exigencias de los grupos invitados a participar del probable gobierno también están cambiando los planes de Temer. Por ejemplo, su intención era reducir la cantidad actual de ministerios de 31 a cerca de 20, pero esta semana admitió que a lo sumo logrará eliminar tres. Esto plantea desde ya dudas sobre la fuerza política que tendría para promover un ajuste fiscal doloroso y reformas impopulares que apuntalen la economía. 

Otra condición que pusieron algunos partidos para apoyar al vicepresidente es que desista de ser candidato presidencial en 2018, algo que él mismo ya ha descartado públicamente. Pero esto también podría jugar en su contra. “El hecho de que Temer ya haya declarado que no será candidato, por un lado es positivo para su gobierno (porque) permite que se junten aliados a él”, señaló Lavareda. “Pero por otro lado es negativo para su gobierno, porque la reelección siempre es un factor que fortalece al presidente”.