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Las contrataciones directas realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que recibieron observaciones del Tribunal de Cuentas, están en la mira de la oposición desde hace tiempo. El diputado Martín Lema (Partido Nacional) reclamó la presencia en el Parlamento de la ministra Marina Arismendi para que explique la situación, mientras que también realizó varios pedidos de informes.
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Esta semana Lema hizo uno sobre la contratación directa de la asociación civil Eusebio Vidal para atender un refugio en San José. El legislador consultó sobre el funcionamiento de esa organización, aunque hay un aspecto que le preocupa en particular: uno de los responsables de esa institución es edil suplente del Frente Amplio.
En las últimas semanas, Lema preguntó si algunas de las contrataciones directas que realizaba el Mides no tenían detrás una vinculación política. “Si el Mides no llama a licitación, ¿cuál es el criterio de contratación de organizaciones? ¿Amiguismo?”, escribió en Twitter el legislador el 20 de mayo. La ministra Arismendi respondió en la misma red social. “Advertencia: algunos legisladores del P. Nacional despliegan una campaña de injurias, difamaciones y falsedades contra” el Mides, dijo la jerarca.
El martes 30, Lema realizó un pedido de informes para conocer la situación de la asociación Eusebio Vidal que tiene la concesión de El Refugio en San José. El legislador señaló que en medios de comunicación del departamento se informó de “demandas laborales, problemas de higiene y de infraestructura” en ese refugio.
Además, Lema solicitó información ya que el Tribunal de Cuentas observó el convenio con la asociación civil debido a que el monto de la contratación no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el Tocaf que pudieran habilitar la contratación directa. Por esa razón, “hubiera correspondido la realización de un procedimiento competitivo”, según la resolución del Tribunal adoptada el 3 de febrero de 2016.
En enero de este año, el Tribunal volvió a observar el gasto por la contratación de varias organizaciones para la atención de personas en situación de calle. Entre ellas figura la asociación Eusebio Vidal. El Tribunal de Cuentas señaló que hay “errores de compaginación, armado y foliatura” que “no favorece el control” del llamado.
Uno de los responsables de la Asociación Civil es Humberto Greno, edil suplente del Frente Amplio, electo por la lista 901001 en las últimas elecciones.
Greno confirmó a Búsqueda que efectivamente es parte de la Comisión Directiva, pero aclaró que no está en el trabajo diario de la organización.
“¿La única opción que tiene la Ministra Arismendi en San José es la contratación directa de la ONG de un edil del Frente Amplio para Programa Calle? ¿Cómo sabe que no hay una opción más conveniente?”, se preguntó Lema ante esta situación.
A Comisión.
El diputado Lema consultará por este tema a la ministra Arismendi hoy jueves en la Comisión de Población de Diputados. También le planteará su preocupación por las varias observaciones que recibió esa secretaría de Estado por el Tribunal de Cuentas.
“En la concurrencia a Comisión de Población y Desarrollo le haremos un llamado de atención a la ministra Arismendi por gestionar su cartera sin transparencia y con irregularidades”, dijo Lema.
A mediados de mayo, el diario “El País” informó que en marzo de este año el Tribunal de Cuentas observó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides para la atención de personas que viven en la calle. El Ministerio decidió reiterar el gasto, que fue de unos $ 40 millones.
La semana pasada, Arismendi se reunió con la bancada de Diputados del Frente Amplio y allí explicó que las observaciones se generan debido a problemas de “velocidad” en la intervención de los gastos del Tribunal.
Cuando fue consultada sobre las denuncias de “amiguismo”, la ministra dijo que espera que quienes realizan esas acusaciones presenten pruebas.
Auditoría.
No solo el Tribunal de Cuentas fue crítico con contrataciones del Mides. Esa secretaría de Estado recibió observaciones de la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Respecto a los programas de atención a personas en situación vulnerable durante 2015, la AIN señaló algunos cuestionamientos: “Los vínculos contractuales del Mides con las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) se establecieron a través de la compra directa, no respetando la normativa relativa a los procedimientos competitivos de contratación, poniendo en riesgo la transparencia en la ejecución de estos procesos”.
Otro cuestionamiento de la AIN, en el informe de actuaciones de 2016, estuvo referido al Programa Calle. En el informe se indica que el Mides “no cuenta con inventario de los bienes de su propiedad que están afectados al funcionamiento de los centros, ni dispone de criterios definidos para estandarizar las compras de activo fijo que realizan las OSC, lo que implica un alto riesgo de pérdida o sustracción de bienes y falta de optimización de recursos”.
