En el inicio de una serie de gestiones que ayer miércoles 8 derivaron en una extensa reunión en el Parlamento, el diputado nacionalista Jaime Trobo se reunió dos semanas atrás con el presidente José Mujica para plantearle su inquietud a raíz de informaciones sobre la realización, por parte del propio Estado, de escuchas telefónicas ilegales.
Consultado por Búsqueda, el propio legislador confirmó que se reunió con el jefe de Estado en la Torre Ejecutiva, y si bien declinó profundizar la información, afirmó que Mujica “compartió la misma preocupación”.
De hecho, aunque no lo mencionó, Trobo aludió a ese encuentro ayer durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se analizó su denuncia y se interrogó a jerarcas de gobierno sobre la posibilidad de que los instrumentos de escucha telefónica se utilicen con fines distintos al combate al crimen organizado.
En medio de un áspero contrapunto que mantuvo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, Trobo aseguró: “A mí me sorprende que el ministro del Interior no ofrezca a los ciudadanos una información más profunda, más respetuosa, y más cabal de esta, que es una cuestión de alta sensibilidad. Y lo digo francamente, porque yo esperaba una preparación en otros términos, vinculada con la visión que me han dado otros gobernantes, de mayor jerarquía que usted, de la preocupación que hay sobre este tema, y también alguna versión que esas jerarquías me dieron, sobre que en el Uruguay ocurren algún tipo de operación de estas características realizadas por terceros”.
Frente a él, el Ministerio del Interior desarrolló sus respuestas sobre cuatro ejes centrales. Dijo —primero— que no va a divulgar las características técnicas de los equipos de espionaje de escuchas telefónicas de que dispone. Aseguró que —segundo— las escuchas telefónicas son la “más efectiva” herramienta en el combate del crimen organizado con que cuenta la Policía y que siempre se hacen con autorización judicial. Sin embargo, aseguró —tercero— que el Ministerio del Interior no tiene más que unos “artesanales” y “elementales” equipos de fabricación casera, “inventados” por personal de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Por último —cuarto punto— consideró que existe un intento de desprestigio de la herramienta de las escuchas telefónicas, promovido por organizaciones criminales.
“Secreto a voces”.
Cuando comenzó la sesión, en presencia del ministro Bonomi y del director Nacional de Policía, Julio Guarteche, Trobo fue al punto: “Cuento con informaciones veraces y de fuentes confiables en el sentido de que las comunicaciones telefónicas, especialmente las comunicaciones de telefonía celular, en ocasiones son intervenidas por alguna persona o entidad que cuenta con tecnología adecuada a tal objeto. (...) A mí me consta, por informaciones que recibo de personas relevantes, confiables, que desde algún lugar se intervienen conversaciones de telefonía celular. Yo creo que ese secreto a voces que —lo digo con franqueza— existe en el ámbito político desde hace un buen tiempo, debe ser desvelado o desmentido”.
En esa línea, el diputado pidió que los jerarcas le informaran cuáles son los equipos de los que dispone el Estado para “interceptar, intervenir, bloquear o registrar” los equipos de telefonía, la forma en que esos equipos fueron adquiridos, ya sea por compra, licitación o donación, por ejemplo, y los protocolos y medidas de seguridad en torno a las escuchas y el marco legal que las ampara.
Apenas terminaba de hacer su exposición el diputado, cuando Bonomi marcó la cancha: “Yo voy a comenzar diciendo que algunas de estas preguntas no corresponden y no las vamos a responder. Las características del equipamiento, a nosotros acá no nos corresponde responder”.
Sin perjuicio de ello, el ministro acotó que “en este momento el desarrollo de la tecnología permite que hasta empresas, periodistas, hasta embajadas, puedan contar con tecnología para escuchas que no pasan por un juez ni por ninguna de las empresas de telefonía”.
Trobo le reprochó su negativa, cuestionó la ausencia en la sesión del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, y reiteró su pedido de datos. Una vez que Bonomi reafirmó que no daría esa información, que mantuvo un contrapunto a gritos con el diputado nacionalista, y que se le comentó que podía pedir que la sesión taquigráfica fuera omitida, el ministro exclamó: “¡No, con esta cantidad de gente no, no vamos a hablar de la tecnología!”.
El argumento que manejó es que esa es información que puede ayudar a grupos criminales. “Ministro, usted sabe bien que capaz incluso que adentro del Ministerio se sabe esta información sin necesidad de que usted la diga”, le contestó Trobo.
En contraste con la posición de Bonomi, cuando le tocó su turno, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, respondió de inmediato que la información que se le pedía estaría disponible sin problemas, aunque aclaró que no la tenía en ese momento y que se la transmitiría cuanto antes. Menéndez remarcó más de una vez el marco legal que rige las escuchas telefónicas, que lo que esté por fuera de esas normas “es un delito”, y que a su juicio el espionaje telefónico es cuestión de la dictadura y su Ministerio no lo hace en democracia.
Hecho en Uruguay.
El escenario que describió Guarteche es complejo. El actual jerarca de la Policía Nacional, quien dirigió durante años los servicios de combate al narcotráfico, relató una actualidad de escasez y limitaciones tecnológicas básicas.
Aseveró que la Policía no cuenta con los elementos imprescindibles para realizar escuchas telefónicas sofisticadas, como ser los equipos “estratégicos” (una central fija con capacidad de espiar faxes, correos electrónicos, mensajes de texto y de voz) o los “tácticos” (“valijas” con capacidad de interceptación de diálogos telefónicos en un espacio físico acotado).
Lejos de todos eso, aseguró: “Lo que tenemos es una solución tecnológica que hemos encontrado, muy elemental, muy artesanal, que fue inventada por los efectivos de la dirección que comandé y que después se distribuyó al resto de la Policía Nacional, con capacidad muy limitada y —si me permiten una opinión— un Estado no debería permitirse no tener equipos de interceptación estratégicos y tácticos bajo su égida, con los controles necesarios por parte de las autoridades que corresponda. Pero lo que tenemos ahora es un equipo muy precario, elemental, artesanal, hecho con diferentes partes unidas por los técnicos de la dirección de drogas”.
De inmediato sostuvo que “no hubo ingreso del exterior de ningún equipo. Tampoco hubo adquisición ni fondos públicos o donación”.
Según la explicación del jerarca policial, el modelo inventado por los técnicos uruguayos fue objeto de varias copias que se distribuyeron en todas las jefaturas del país.
En cuanto al protocolo, Guarteche indicó que toda escucha telefónica se realiza con autorización judicial, que los datos se reportan de forma exclusiva al juez —no se informa a las jerarquías políticas— y detalló: “El registro de las operaciones es digital, no puede ser modificado bajo ninguna forma de la data ni de la voz, la custodia está a cargo del personal, el personal está sujeto a control, no tiene posibilidad alguna de sacar información salvo en los niveles más responsables, que son los que sacan información para llevarla a los juzgados, no tienen posibilidades técnicas de sacar la información”.
Fue entonces cuando cuestionó que “desde hace un tiempo la herramienta escucha telefónica está bajo ataque en nuestro país; se la está tratando de desprestigiar”. En esa misma línea, el propio Bonomi subrayó durante la sesión que “el desprestigio de la escucha viene de las organizaciones criminales, y utilizan todos los medios: en la prensa corren versiones... Todo apunta a destruir el elemento más efectivo que tiene el país para combatir a las organizaciones criminales”.
