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Hacer discursos encendidos y mostrarse orgullosos por la aprobación de determinadas leyes es algo común entre los legisladores. Así ocurrió esta semana cuando en Diputados se aprobó un proyecto que establece una cuota mínima de empleo en el sector privado para personas con discapacidad.
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Si bien los discursos fueron a favor de la propuesta, la medida sirvió para que se advirtiera que en el Parlamento a veces se aprueban leyes y después no se hace un seguimiento para saber si se aplican.
Un ejemplo claro es precisamente el de los cupos laborales para las personas con discapacidad. El proyecto que aprobó Diputados el martes 18 complementa el que se sancionó en febrero de 2010 para el sector público (ley 18.651). Allí se estableció que el 4% de los ingresos en el Estado deberían estar destinados para personas discapacitadas, pero esa norma no se cumple en la actualidad.
“Muchas veces aprobamos leyes, consagramos derechos y después no pasa nada. Deberíamos pedir disculpas por el doble discurso”, se quejó Fernando Amado (Partido Colorado). Recordó que en 2010 todos estaban felices por aprobar la ley sobre trabajo para personas discapacitadas en el ámbito público. “Hicimos discursos encendidos, pero en el fondo le tomamos el pelo a la gente. Todos sabemos que ni siquiera nosotros mismos aplicamos lo que votamos. Así la gente se va hartando de los políticos. Esta instancia debe servir como instancia de reflexión”, agregó.
Luis Puig (Frente Amplio) dijo que el proyecto aprobado sirve para “llamar a responsabilidad a los organismos del Estado” para que cumplan con la ley, al tiempo que permite “desandar el camino de las leyes que no cumplen su destino”.
Pablo Abdala (Partido Nacional) opinó que hay que “seguir el trámite” de las normas que se aprueban para luego hacer cumplir su “aplicación”.
Por su parte, el blanco Rodrigo Goñi afirmó que hay una “doble moral” respecto a la exigencia de un cupo mínimo de puestos de trabajo para personas con discapacidad, ya que el propio Estado no cumple con la ley y luego se la “impone” a los privados.
Según la Oficina Nacional de Servicio Civil, en 2015 ingresaron al Estado 22 personas con discapacidad, es decir el 0,33% de las vacantes generadas ese año, cuando de acuerdo a la ley deberían haberse incorporado al menos 269 (el 4%). Entre 2010 y 2015 entraron al sector público 256 personas con discapacidad: 41,8% con dificultades motrices, 18,4% con problemas de audición y/o habla, 14,4% con dificultades visuales, 10,2% con dificultades intelectuales y psíquicas, y 15,2% con problemas de otro tipo.
La escasa aplicación de la ley 18.651 fue una constante en el debate en la Cámara de Diputados el martes 18. Ruben Bacigalupe (Partido Nacional) planteó generar un “compromiso” entre todos los partidos para convocar a todos los jerarcas del Estado a fin de “pedirles que comiencen a cumplir con la ley que los obliga”.
Germán Cardoso (Partido Colorado) dijo que en este caso es un tema de “voluntad” de los jerarcas involucrados. “Cualquier intendente de cualquier partido, cualquier presidente de cualquier ente autónomo, cuando hace un llamado puede perfectamente incluir la cuota de discapacitados”, afirmó.
Proyecto.
El proyecto que crea cupos de trabajo para discapacitados en el sector privado fue aprobado por unanimidad.
Pero Rodrigo Goñi fue el más crítico con la norma. Opinó que el proyecto se quedó “corto” y le “faltó creatividad”, “ambición” y “coraje”. Además dijo que es “voluntarista” e “impreciso”.
La iniciativa fue presentada en agosto de 2015 por el entonces diputado comunista Óscar Andrade y defendida ahora por quien tomó el cargo, Gerardo Núñez.
El proyecto, que pasó al Senado, establece que las empresas privadas en cuyas planillas de trabajo haya al menos 25 trabajadores, “deberán emplear a personas con discapacidad, en un porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores en todo nuevo ingreso que se genere”. Las empresas que incumplan esta norma podrán ser sancionadas (con amonestación o multa).
Cada empresa deberá generar las condiciones de accesibilidad adecuadas en el puesto de trabajo. Además, la persona con discapacidad contratada no podrá ser despedida, salvo notoria mala conducta, causa grave o incompatibilidad del grado de discapacidad con el cargo o las tareas que realiza.
Se establece además una licencia extraordinaria para este tipo de trabajador de hasta tres meses (sin goce de sueldo). Los trabajadores que tengan hijos con discapacidad o enfermedad terminal tendrán derecho a una licencia especial anual de 96 horas.
“No nos estamos planteando un proyecto de ley con aspectos caritativos, planteamos un derecho”, afirmó Puig.
“Este proyecto es otro mojón importantísimo en el avance de derechos”, agregó Amado. El legislador colorado advirtió sobre no caer en la “cómoda ilusión de que luego de aprobar el proyecto se comienza a cambiar automáticamente. Tenemos la obligación para que el derecho se concrete, de lo contrario es un fuego de artificio”.
Amado además criticó la oposición del sector empresarial. “No ha habido proyecto de ley que a las cámaras empresariales les viniera bien. Han estado sistemáticamente en contra de todo proyecto de cambio en materia de legislación laboral”, aseguró.
Semanas atrás el presidente de la Comisión de Relaciones Sociolaborales de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, cuestionó el proyecto porque “se crean puestos de trabajo por ley”, y consideró que será inviable aplicar la norma (Búsqueda Nº 1.884).
