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Mientras estaba en campaña, el actual director por las empresas en el Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, tuvo varios cuestionamientos hacia el organismo que pretendía dirigir. Lo definió como un lugar “rancio”, en el que había “veneno” contra los empresarios. Para sustentar su discurso electoral, el por entonces candidato solicitó datos al BPS a través de un pedido de acceso a la información pública. La respuesta nunca llegó.
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Como pasaron cerca de 600 días desde que ingresó ese pedido al amparo de la Ley 18.381, Pereyra demandó al BPS ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El rechazo —por omisión— a otorgar la información afecta el “principio de transparencia y rendiciones de cuentas”, alegó en el escrito ante ese órgano, al que accedió Búsqueda. La negativa o la “demora injustificada” generan un “ambiente de opacidad y desconfianza” para gestionar los fondos públicos y “obstaculizan la posibilidad de un escrutinio adecuado” de la ciudadanía, añadió.
En octubre de 2019 Pereyra solicitó datos sobre el sistema de contratación de las empresas de comunicación que tiene el BPS y el costo que implicaba contratar el servicio. Pidió conocer la existencia de un departamento de marketing y los costos, en caso de que existiera.
Pereyra asumió como director social del BPS en diciembre de 2021. “Ni siquiera en mi calidad de tal he podido acceder a esa información”, afirmó en el recurso que presentó ante el TCA.
El plazo legal que tienen los organismos para entregar la información que establece la ley de acceso es de 20 días hábiles, con la posibilidad de prórroga de 20 días más. Pereyra constató que, transcurridos estos plazos, el BPS no emitió “ninguna resolución”, lo que es una “clara violación” al “silencio positivo” que establece la norma. Con eso aludió a la obligación de los organismos de emitir una resolución para negar la información que le solicitan.
Pereyra presentó el recurso judicial ante el TCA amparado en la potestad que la ley otorga a quienes hacen un pedido de acceso. La negativa del BPS no es “ajustada a derecho”, sostuvo. Los datos que pidió, afirma el director en el escrito, son de “suma relevancia para evaluar y comprender el manejo de recursos y funcionamiento interno del área de Comunicación”, para asegurar “transparencia” y “eficiencia”.