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Más que el envejecimiento de la población y su efecto en las finanzas del Banco de Previsión Social (BPS), a su directora en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, le preocupa cómo se están gestionando los recursos en el organismo previsional.Tras denunciar un mal cálculo en los aportes de la construcción así como el aumento sostenido de las certificaciones médicas, la jerarca dijo a Búsqueda que también deberían revisarse los criterios para otorgar el resto de las prestaciones para trabajadores activos.
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“No dramatizaría tanto el envejecimiento sino que me preocuparía más de la parte operativa. Cómo estamos haciendo todas y cada una de las liquidaciones activas y pasivas en el BPS”, agregó.
“En el banco hay una sumatoria de situaciones que si se hiciera una auditoría profunda… Haciendo una administración cuidadosa de nuestros recursos y cómo liquidamos nuestros egresos podríamos tener un equilibrio razonable. El Directorio debería trabajar más en todos los procesos, procurando una administración cuidadosa del dinero de los ciudadanos. Esa era mi expectativa en este período con tantos integrantes del propio banco. Yo revisaría todo”, dijo la jerarca.
El organismo previsional financia las prestaciones (de pasivos y activos) con los aportes jubilatorios y parte de lo recaudado del IVA; el déficit se cubre con transferencias de Rentas Generales, que en 2015 fueron por U$S 390 millones.
Propuestas.
El mes pasado, Domínguez hizo pública una falla en el cálculo de las licencias para los jornaleros de la construcción respecto a lo aportado, que estima significó una diferencia de U$S 50 millones en los últimos tres años. Durante el congreso del sindicato del sector efectuado el viernes 9, el dirigente Oscar Andrade advirtió que resistiría la “ofensiva” del BPS para no recortar “ni un milímetro una conquista histórica”, informó “El País”.
La representación sigue también de cerca el otorgamiento de certificaciones médicas, y su aumento, luego que en 2010 se estipulara que serían los médicos tratantes quienes expidieran las licencias laborales.
Este miércoles 14, Domínguez presentó ante el Directorio del BPS varias propuestas para disminuir el número de subsidios por enfermedad y ahorrar U$S 100 millones anuales. A partir de un proyecto del contador Alberto Sayagués, la representación pretende profundizar los cruzamientos de datos para detectar a los médicos y trabajadores que abusan de esta prestación, elevar el rango del médico certificador permitiéndole iniciar una Junta Médica y fijar una tabla de tiempos esperados de recuperación para cada enfermedad. La propuesta supone además aprobar una ley con sanciones para el empleado que mienta en su dolencia así como para el médico que la certifique, a través de una “denuncia penal automática”.
“Hoy la denuncia que podemos hacer en el BPS es larga y tediosa. Si no hay sanciones, no tiene ningún efecto todo esto”, alegó Domínguez.
Se mostró crítica con la reciente incorporación de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) al grupo de trabajo que formó el Ministerio de Economía junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para analizar el otorgamiento de las certificaciones. Para la jerarca, “no parece sano” que se realice una comparación a nivel latinoamericano ya que “la mayoría de los países no tiene esta prestación o la dan en otras condiciones”. Y agregó: “No estoy conforme con la creación de ese grupo de trabajo. Hay que hacer cosas en la interna” del BPS.
Por su parte, el presidente del BPS, Heber Galli, discrepó esta semana en El Observador TV con el ahorro en las certificaciones médicas estimado por su compañera de Directorio. Hablar de U$S 100 millones “es sostener que la mitad de los trabajadores y la mitad de los médicos del Uruguay son unos mentirosos”, declaró.
Retiro a los 65
En el marco del Diálogo Social Uruguay 2050, la representación empresarial en el BPS presentó algunas propuestas de trabajo tendientes a asegurar la sostenibilidad de las finanzas del organismo previsional. Pretende debatir la postergación de la edad de retiro así como modificar las tasas de reemplazo. Para Domínguez, el mínimo exigido para la jubilación debería paulatinamente subir hasta los 65 años.
La propuesta también plantea reducir los aportes patronales hasta eliminarlos, considerando que esto “promueve el empleo y la formalidad”.
En el documento se alude a la situación de los denominados “cincuentones”, trabajadores que ya tenían aportes al BPS durante la reforma que en 1996 modificó la seguridad social y que han presentado demandas de inconstitucionalidad tras comprobar una reducción en sus jubilaciones. Para Domínguez, esta es una situación “urgente” que hay que atender y propone computar los aportes por la totalidad del salario activo de los afectados (modificando la ley vigente).
La representación empresarial también plantea estandarizar los topes en las prestaciones del BPS, revisando el cálculo del subsidio por maternidad. Pretende fijar un límite a los gastos de gestión del organismo con un “análisis pormenorizado” de todos los egresos, “en especial los relacionados con la cantidad de recursos humanos y los niveles salariales”.
También propone deducir del IRPF los aportes hechos al servicio doméstico; establecer un seguro para las empresas unipersonales sin dependientes; revisar las asignaciones familiares apuntando a dar mejoras por ingresos formales, y dar la posibilidad de pagar los aportes personales en cuotas nominadas en unidades reajustables.
