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    Dirigentes de varios sectores del Frente Amplio plantean de forma “urgente” una “democratización” del Poder Judicial “a la uruguaya”

    Señores con “poderes especiales”, que toman decisiones y nadie los puede cuestionar. Intocables. Hombres “perfectos” que sentados desde su sillón con altos respaldos definen sentencias “irrevocables” que van en contra de las “mejoras y avances populares”: para varios altos dirigentes del Frente Amplio los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no son “neutrales” ni dan las “garantías necesarias” para la sociedad, y sus resoluciones “defienden” los intereses de “la derecha”. Por eso, iniciaron contactos informales y debates internos para estructurar una propuesta de adecuación del Poder Judicial y conseguir una “democratización” de la Justicia, inspirada en la reforma judicial que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero “a la uruguaya”.

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    La Cámara de Diputados del Congreso Argentino aprobó el jueves 25 la reforma judicial que aumenta los miembros de la magistratura y establece la votación popular de algunos de esos cargos. Esta decisión recibió un fuerte rechazo de la oposición y manifestaciones multitudinarias en su contra. Incluso generó la reacción de Organización de las Naciones Unidas (ONU), que emitió un comunicado en el que califica la ley como negativa por entender que no respeta los estándares internacionales y que pone en grave riesgo la independencia del Poder Judicial.

    Yerú Pardiñas

    Sin embargo la reforma argentina fue bien valorada por varios dirigentes del Frente Amplio que iniciaron conversaciones informales para adoptar “actualizaciones y reformas” al sistema judicial uruguayo, comentaron a Búsqueda diferentes legisladores y dirigentes del oficialismo. A las ideas, que hasta el momento habían sido “en voz alta”, los dirigentes comenzaron a “bajarlas a tierra” y a buscar el debate en la opinión pública luego de conocer las respuestas de la SCJ ante los pedidos de informe de varios parlamentarios por las últimas decisiones de la corporación.

    En febrero el máximo órgano judicial adoptó tres decisiones que molestaron al Frente Amplio y al gobierno. En primer término sentenció que la ley que anuló la “ley de caducidad” es inconstitucional, así como el nuevo Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). El tercer caso es el traslado de la jueza penal Mariana Mota a un juzgado civil; esta magistrada tenía a su estudio varios casos de violaciones de derechos humanos en dictadura (1973-1985).

    El secretario General del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Eduardo Lorier, cuestionó esas decisiones en declaraciones a Búsqueda y afirmó: “Estamos ante uno de los poderes más opacos de la institucionalidad uruguaya”. Eso lleva a la “necesidad de una democratización de la Justicia a la uruguaya”, opinó, y dijo que el proceso argentino es uno de los ejemplos a seguir entre otros. “Hay que buscar más transparencia”, remarcó.

    Para eso varios dirigentes piensan en reformar la Constitución y generar nuevos mecanismos para elegir los jueces y los ministros de la SCJ. En un acto del PCU el sábado 27 de abril, el dirigente comunista Juan Castillo, quien también es uno de los tres vicepresidentes del Frente Amplio, dijo que la fuerza política “ya resolvió” iniciar la discusión para una reforma constitucional que consideró “urgente”.

    En la misma línea opinó el secretario General del Partido Socialista, Yerú Pardiñas. Señaló que es necesario promover actualizaciones no solo en la SCJ sino también en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas. “Lo venimos viendo, no solo a raíz de los últimos fallos, sino a la luz de todo un análisis y las trabas institucionales que está teniendo nuestro país”, dijo Pardiñas a Búsqueda.

    El legislador socialista opinó que las decisiones deben apuntar “sobre todo” a “democratizar la actividad” judicial y que la “ciudadanía tenga mayor incidencia”. “Una estructura muy centralizada en cinco ministros lo hace un poder enorme”, cuestionó.

    Ineficiencia judicial.

    El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) opinó que es necesario cambiar la carrera judicial. Para él los problemas no solo están en las decisiones técnicas, sino también en la gestión interna de ese poder. “Realmente no sabemos si hay una gestión eficiente de materiales y recursos humanos; y hay muchos indicios de que tenemos un Poder Judicial con prácticas en lo administrativo de otra época”, manifestó a Búsqueda.

    Para el diputado del Nuevo Espacio (Frente Líber Seregni) Felipe Michelini, el primer paso debe ser la creación de un ministerio en el ámbito del Poder Ejecutivo dedicado a los temas judiciales. El legislador explicó a Búsqueda que su postura no surge por las últimas decisiones de la SCJ, sino que es un planteo que defiende desde hace tiempo. “Necesitamos un órgano que pueda ordenar el debate e interactuar con el Poder Legislativo y Judicial de una forma institucionalmente más adecuada”, argumentó.

    Por otro lado la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay (INDDHH) —que fue creada en 2012 en la órbita del Poder Legislativo— emitió un informe donde plantea que es necesario reformar la Ley de la Judicatura por la que se designa a los jueces, y crear un Consejo de la Magistratura para dar mayores garantías.

    El organismo está integrado por cinco miembros designados por el Parlamento. Uno de ellos, la ex fiscal Mirtha Guianze, señaló a Búsqueda que “dentro de la garantía de independencia están las cuestiones de nombramiento (de jueces), ascensos, traslados”. Según explicó, para la Institución eso “tiene que estar sometido a algún contralor con distintas integraciones plurales”.

    Para esto —consideró— no se requieren reformas constitucionales, sino una ley. “Tiene que haber otras garantías, un sistema de contrapeso para asegurar la independencia de los jueces y su integridad. (...) Que no sea la SCJ que haga todo”, dijo y remarcó que es la opinión de la Institución.

    La central sindical PIT-CNT manifestó de forma pública coincidencias con la postura de los dirigentes del oficialismo. En la proclama oficial del acto por el Día de los Trabajadores, el dirigente Richard Read advirtió que no se puede pensar en un país y una sociedad justa con decisiones como las que ha tomado la SCJ en los últimos meses. “Están actuando con impunidad”, se quejó.

    “Seres superiores”.

    El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) Alejandro Sánchez dedicó gran parte de un discurso a criticar a los ministros de la SCJ y a plantear que es necesario no solo modificar la Constitución sino pensar cambios en las “ideas de justicia”. Sánchez fue uno de los tres oradores, el viernes 26 de abril, junto con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el acto por el aniversario de la muerte del fundador del MLN-T Raúl Sendic.

    Según el legislador oficialista es necesario definir de forma “urgente” modificaciones en el Poder Judicial para permitir “avanzar en los cambios” sociales y políticos que busca el Frente Amplio. Opinó que las últimas decisiones mostraron que ese órgano judicial es “la última trinchera de combate de la derecha” y que por eso ha fallado en contra de las definiciones impulsadas por el oficialismo.

    Sánchez añadió que cada vez que alguien critica al Poder Judicial se lo acusa de “autoritario, atentar contra la bendita separación de poderes”, y por eso los “señores magistrados, que parecen ser grandes hombres sin orientación política”, adquieren un perfil de “seres casi superiores”.

    “Para no ser contaminado con lo terrenal, se autoorganizan para colmo de males, son una corporación de perfectos. Es el único poder que la gente no puede cuestionar, y sus resoluciones no pueden ser debatidas ni cuestionadas”, dijo y agregó que en la actualidad la Justicia “no es neutral” sino que es “de clase”.