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De las 633 vacantes generadas en el Estado en lo que va del año, 26 fueron dirigidas a personas con discapacidad. Si la proporción se mantiene, en 2018 se cumplirá —por primera vez— con la ley que obliga a convocar al menos 4% de los cupos a personas con limitaciones físicas o mentales que cumplan con las condiciones de idoneidad para el cargo. Pero mientras los entes autónomos y servicios descentralizados sobrecumplieron la cuota (7%), lo mismo que los gobiernos departamentales (9%), el Poder Legislativo no convocó a ninguno.
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Tras una reciente convocatoria pública en la que se anotaron unas 8.000 discapacitados, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) está elaborando una “lista de prelación” a la que puedan recurrir los distintos organismos públicos al momento de contratar personal y cumplir con dicha ley, informó a Búsqueda su director, Alberto Scavarelli.
Para él, son varios los factores que llevan a relegar laboralmente a los discapacitados, desde carencias de infraestructura accesible más allá de las entradas de los edificios a un “prejuicio cultural”. “Es todo muy romántico, hasta que le toca a su propio servicio”, señaló.
¿Inflación normativa?
El jueves 4 compareció a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, que tiene a consideración un proyecto de ley que promueve un cupo para discapacitados en el sector privado. “¿No estamos incurriendo en una especie de inflación normativa, impulsados por el mejor ánimo, por un objetivo que nos está haciendo fracasar porque en definitiva la expectativa que se genera ocasiona más daño a la gente que queremos ayudar?”, reflexionó el senador blanco Carlos Camy. Scavarelli dio su opinión: “Saliendo del rol y sacándome el sombrero (de director de la ONSC), podría pensar, por ejemplo, que esto podría ser objeto de una negociación colectiva y no necesariamente de una ley”.
El proyecto en cuestión fue aprobado por el Senado el miércoles 17. Lo votaron todos los partidos, pero eso no contentó a todos: representantes de organizaciones de discapacitados que estaban en las barras se retiraron molestos ante cambios introducidos a la iniciativa.
El texto, que pasó a Diputados para su consideración. establece que las empresas privadas con 25 o más trabajadores permanentes deberán “emplear a personas con discapacidad” siempre y cuando reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo. Plantea una escala de porcentaje según la cantidad de empleados: una empresa con una plantilla de entre 25 y 50 deberá tener 1,5% de personas con discapacidad y las que emplean a más de 500, un 4%.
Durante la discusión en el Senado el blanco Álvaro Delgado respaldó el proyecto pero advirtió por la situación “muy complicada” en la que están las “pequeñas empresas”. Agregó: “Tenemos que ser muy conscientes de no obligarlas a cosas que después no se pueden cumplir”.