Discursos para trogloditas ciegos

¿Cómo reaccionaría el presidente José Mujica si esas mismas hordas irrumpieran en la sede del Poder Ejecutivo para impedirle refrendar una ley o cambiar a un ministro? ¿Qué haría el vicepresidente Danilo Astori si esos energúmenos coparan el hemiciclo para impedir la función legislativa? Los denunciarían, porque los obliga la ley.

ADES propuso una “campaña nacional e internacional de denuncia de estos atropellos (¿atropello una decisión judicial?) violatorios de libertades y garantías fundamentales”. Para el PIT-CNT, el procesamiento fue “un profundo error jurídico y político (¿político un fallo judicial?) que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”.

Teme ADES que debido al procesamiento Borda pierda su empleo. ¿Nadie le advirtió que ese era uno de los riesgos que asumía al copar la Corte? Mientras tanto, para extorsionar, dejan sin clase a miles de estudiantes y preparan otras medidas para arriar a las ovejas.

Todos olvidan que Merialdo se apartó del pedido de procesamiento con prisión del fiscal Gustavo Zubía por el delito de “atentado” y aplicó un delito más leve y sin prisión. Deberían agradecerle.

Entre dislate y dislate, nadie cita lo central: los aspectos institucionales y legales. Por el contrario, los desprecian.

El Estado de derecho se respalda en un sistema de leyes e instituciones basados en la Constitución que fundamenta y sostiene jurídicamente a las autoridades de la República, las que deben someterse a lo establecido en las normas y en la Carta. Toda acción debe estar relacionada con una norma jurídica. Lo contrario son las dictaduras. En democracia todos estamos sujetos a esas normas y autoridades y debemos guiarnos por el principio de legalidad. Lo opuesto fue el allanamiento a la Corte. Por eso el debate sobre la tipificación es más estéril que fajar hormigas.

Pero el desprecio por la ley y las instituciones se extiende. Lo demuestra un primitivo comentario de la senadora Lucía Topolansky en Metrópolis FM. Al referirse a la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la “ley de Pluna”, dijo que le llamó “muchísimo la atención” que fuera por mayoría y no por unanimidad y que eso “desconcierta”. ¡Señora! ¡Entiendo que no lo sepa, pero eso se llama democracia! Es el mismo sistema que aplicó la Mesa Política del FA para cuestionar el fallo de Merialdo resuelto por mayoría y no por unanimidad sin que nadie se desconcertara. ¡Y eso que la Mesa Política, en un comunicado de apenas 60 palabras ¿mete la pata? y le atribuye el procesamiento a la Corte!

Otro ejemplo al borde de lo delictivo es el de Alejandra Ostria, coordinadora del Frente Líber Seregni y esposa del ministro de Transporte, Enrique Pintado, creador intelectual de la “ley de Pluna”. Al referirse a varias sentencias de la Corte, Ostria afirmó en Facebook que “están operando intereses políticos dentro del Poder Judicial y claramente en contra del gobierno del Frente Amplio”. ¿Son corruptos los ministros de la Corte?

El desarrollo de discursos falsos y tramposos es comprensible porque están destinados a trogloditas ciegos que no razonan. Si les dijeran la verdad podrían recuperar la visión y no les conviene.

La otra cuestión central sobre los procesamientos es la jurídica. Hay que recordar que un procesamiento no implica culpabilidad. Se trata del inicio de un proceso judicial ante la existencia de “elementos de convicción suficientes”, como dice del Código del Proceso Penal (CPP). El proceso comienza cuando se produce un hecho con apariencia delictiva que deriva en una contienda en la que participan el fiscal, el juez y el abogado defensor. Desde ese momento se busca desentrañar la responsabilidad de quien queda sometido a ese juicio.

Cada imputado, a través de su abogado, intentará demostrar su inocencia ante un Tribunal de Apelaciones. A la apelación de los procesados se sumará el fiscal quien insistirá en la prisión para Zabalza, Borda, Leites y Alvaro Jaume, a quienes considera instigadores.

Si el Tribunal confirmara los procesamientos seguirá el trámite que termina con la sentencia que también puede ser recurrida ante el Tribunal. Cuando llegue el momento de la condena intervendrá la jueza Blanca Rieiro que la semana pasada sustituyó a Merialdo. ¿Más garantías? Imposible.

Por lo tanto, ni violación a las garantías, a las leyes, al sistema democrático ni a la sociedad civil. Es el camino del Estado de derecho que todos nos hemos dado y debemos respetar. Salvo quienes prefieren disfrazarse de mártires para actuar como dictadores fascistas.