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En el Casmu ven una segunda prórroga de la intervención como el escenario más factible y esperado
La medida, que vence el 29 de julio, fue tomada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y continuada en el de Yamandú Orsi; el MSP no adelantó cuál será la determinación
El 29 de julio, en tres semanas, es la fecha fijada para el cese de la intervención en el Casmu, el tercer prestador privado del país en número de afiliados. La medida fue adoptada inicialmente por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2024 y la actual administración, encabezada por Yamandú Orsi, resolvió prorrogarla por un año más luego de la aprobación, en abril de 2025, de la llamada “ley Casmu”.
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Luego de esta prórroga, “el Poder Ejecutivo mantuvo reuniones periódicas con los interventores a efectos de realizar un seguimiento permanente de la situación económico-financiera y asistencial de la institución, al tiempo que se llevaron a cabo instancias de intercambio con las autoridades de CASMU-IAMPP”, señaló la exposición de motivos de la rendición de cuentas que ingresó al Parlamento el pasado martes 30.
En la mutualista no solo no ven mal que continúe esta situación, sino que, según los contactos que mantienen sus dirigentes, esta es una posibilidad más que factible. El presidente del Casmu, Domingo Beltramelli, dijo a Búsqueda que, “de forma extraoficial”, saben que el gobierno tiene “intenciones de continuar la intervención”.
“La verdad que a nosotros no nos molesta, al contrario. Creo que cuando los interventores nos hacen las observaciones estas son correctas. No nos molesta que nos estén controlando. Me parece que está bien que sigamos con ese control ante la situación en que estaba el Casmu y creo que es bueno que sigamos así”, añadió quien preside la mutualista desde el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, recordó que eso es un resorte “del gobierno”, no del prestador.
El expresidente del Casmu Raúl Rodríguez, bajo cuya gestión se firmó el decreto de la intervención, señaló a Búsqueda que, en su opinión, esa acción “siempre fue innecesaria”, pero que ahora “sirve como escudo”. El hoy dirigente por la minoría dice que valora el accionar de los interventores en esta última función, la de escudo, “porque si se habla de aportar, aportan poco”.
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), que tendrá la última palabra, no se quiso adelantar cuál será el camino a seguir. Al Parlamento aún no llegó petición para elaborar norma alguna, según afirmaron legisladores de ambas cámaras consultados por este semanario. En los últimos dos años, el Poder Legislativo aprobó las leyes 20.325, el 23 de agosto de 2024, y 20.404, el 11 de abril de 2025. La primera habilitó al Casmu a acceder, “con carácter excepcional y por única vez”, al Fondo de Garantía para el sistema mutual por un monto de hasta $ 2.184,3 millones; la segunda autorizó la liberación del último tramo de ese fondo, además de prorrogar un año más la intervención.
Ese fondo de garantías, creado por ley en 2008, “tiene como objetivo garantizar el repago del financiamiento que obtienen las instituciones que atraviesen situaciones de insolvencia o grave dificultad económica”, recordó la rendición de cuentas. Según este documento, el saldo de la deuda garantizada a mayo de 2026 por este último salvataje, considerando los intereses, ascendía a $ 2.924,5 millones.
Transcurso
El segundo año de la intervención, que el MSP anunció como “una segunda etapa” centrada en “medidas concretas de gestión”, trajo aparejados cambios relevantes en el organigrama de la mutualista, con nueva gerenta general y nuevo director técnico. En el primero de los puestos asumió Raquel Panone, quien fuera médica personal del expresidente José Mujica. Ese nombre fue designado por la propia cartera, dijeron entonces fuentes médicas a Búsqueda.
El 17 de setiembre de 2025 se celebraron las elecciones en una mutualista intervenida. La agrupación opositora El Casmu que Queremos ganó por más de 300 votos de diferencia, sobre un total de casi 3.200 médicos capitalizadores habilitados para votar, al entonces oficialista Casmu Primero, que postulaba a Rodríguez para un tercer período. El entonces último informe de los interventores, con fecha 30 de junio del año pasado, había sido declarado confidencial por el MSP, dada su “naturaleza estratégica, financiera y sensible”. Esto fue particularmente criticado por la opción luego vencedora.
Este segundo año fue movido. El Casmu llegó a un acuerdo reparatorio con el actual presidente del Colegio Médico del Uruguay, Álvaro Niggemeyer, por aproximadamente $ 11 millones. Niggemeyer había sido despedido del Casmu como médico y como socio capitalizador en enero de 2024, durante la administración de Rodríguez. El acuerdo reparatorio fue duramente criticado por un grupo de médicos cercanos a la oposición en el Casmu, quienes cuestionaron también a los interventores por autorizar esa erogación en una empresa que transita una severa crisis financiera. Para el oficialismo, en cambio, fue una manera de evitar daños legales mayores que repercutieran en la caja.
En su memoria y balance votados en marzo, la comisión fiscal del Casmu presentó “una alerta institucional de máxima gravedad” y “un escenario de extrema fragilidad financiera”. Por eso, “de no adoptarse medidas estructurales urgentes y profundas”, hay un “riesgo real” para la “continuidad prestacional” de la mutualista, que cuenta con casi 180.000 afiliados, y “para el sustento laboral” de más de 6.000 trabajadores, entre personal técnico y no técnico. El ejercicio negativo fue de US$ 26 millones. “Recibimos un mandato muy claro de los socios capitalizadores del Casmu para que se realice una investigación para determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimientos de normas durante la gestión anterior”, dijo entonces Beltramelli a la prensa, en referencia a sus predecesores.
En junio se conoció que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) arrendó con opción a compra el sanatorio 1 del Casmu, ubicado en Arenal Grande y Colonia, en sus zonas “abandonadas”, señaló Beltramelli. El edificio no funcionaba desde hacía seis años, con excepción de la policlínica y la farmacia. Ese arrendamiento está en el entorno de los US$ 60.000 mensuales, dijeron a Búsqueda fuentes de la mutualista.
