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La inclusión financiera ha sido “un proceso muy exitoso en Uruguay. (…) En solamente seis años las operaciones con tarjetas de débito pasaron de menos de uno a 70 millones, y las transferencias interbancarias pasaron de menos de 100.000 a cuatro millones. Y en los últimos cuatro años se generaron un millón de instrumentos de dinero electrónico y 850.000 tarjetas de débito nuevas. Esto ha colocado a Uruguay en un lugar de privilegio en América Latina”, dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al presentar el mes pasado un acuerdo entre entidades financieras y organizaciones de empresarios para bajar costos de transacción con dinero electrónico.
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Un estudio hecho por dos economistas del Banco Central (BCU) como documento de trabajo constató, sin embargo, un enlentecimiento en el ritmo de crecimiento de la inclusión financiera entre las familias. Ello “puede señalar que es necesaria una mayor profundización” de las medidas para su promoción, en especial en el interior, donde el desarrollo ha sido muy desigual, sostienen Cecilia Dassatti y Natalia Mariño.
Una ley aprobada en 2014 e implementada en etapas apuntó a estimular el uso de medios electrónicos de pago en sustitución del efectivo, por razones de eficiencia, universalización del acceso a los servicios financieros y mejor fiscalización. Este programa impulsado por el gobierno supuso, entre otras cosas, hacer forzoso el pago de salarios a través de cuentas bancarias y el reintegro de algunos puntos de IVA en los consumos abonados con tarjetas, como estímulo a su uso. Complementariamente, se está subsidiando el arrendamiento de los aparatos (conocidos por la sigla POS) empleados para registrar esas transacciones en los comercios.
Las economistas del BCU elaboraron un índice para medir la evolución de la inclusión, que abarca una dimensión de “uso” y otra de “acceso” a los servicios prestados por bancos, cooperativas de intermediación financiera y casas financieras (deja de lado a las administradoras de crédito ante la ausencia de información necesaria). En el documento muestran su cálculo para el período entre junio de 2009 y diciembre de 2016, por lo que —señalan— no es posible observar los resultados de la obligatoriedad del cobro de sueldos y otros ingresos en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico, que es más reciente.
Respecto al uso, el índice combina datos para períodos semestrales de la cantidad de operaciones con tarjetas de débito (cada 10.000 adultos) y crédito (en relación con el número de tarjetahabientes), transferencias compensadas (cada 10.000 adultos), uso de cajeros y dispensadores de efectivo (retiros, depósitos y pagos cada 10.000 adultos), volumen total de préstamos y depósitos totales sobre el Producto Bruto Interno así como clientes de ese tipo de servicios. Por el lado del acceso, tiene en cuenta las sucursales, POS, cajeros y corresponsales bancarios cada 1.000 kilómetros cuadrados.
En cuanto a la dimensión de uso de los servicios financieros, el índice mostró una gran disparidad por departamentos. A Montevideo se le asigna un valor máximo; Salto es el que más se acerca (43% respecto de la capital), en tanto que San José, Río Negro, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, Rocha y Soriano “no alcanzan ni siquiera un 20%”.
En relación con el acceso a estos servicios, a Montevideo le sigue Maldonado (60% frente a la capital). En este caso Salto presenta el valor más bajo.
En un índice combinado de ambas dimensiones, los mejor ubicados del interior son Maldonado (con 45% respecto al máximo asignado a Montevideo), Rocha (25%) y Colonia (24%), en tanto que San José y Artigas se ubican en el otro extremo.
Es en algunos departamentos del interior del país donde han surgido las voces más fuertes de resistencia a este programa de inclusión financiera liderado por el Ministerio de Economía. Por ejemplo, un grupo de comerciantes de Maldonado —acompañados por algunos dirigentes de la oposición política— y la organización de almaceneros, baristas y autoservicios (Cambadu) están recolectando firmas para someter la “bancarización obligatoria” a una consulta popular.
A escala nacional, el indicador de uso calculado por las economistas del BCU registró un incremento, sobre todo entre el segundo semestre de 2013 y el primero de 2014, aunque más recientemente se moderó el ritmo de aumento. Una evolución similar mostró el índice de acceso. Por tanto, el índice de inclusión financiera que combina ambas dimensiones (uso y acceso) tuvo ese mismo comportamiento.
Empresas y familias.
El análisis en particular de las familias es “clave para medir avances” en la inclusión financiera, puntualiza el estudio. En ese sector, la cantidad de operaciones de préstamos, tarjetas de crédito, depósitos a plazo y cajas de ahorro mostraron una tendencia al crecimiento, si bien en el último año analizado (2016) dichas variables “detienen levemente” su crecimiento, de modo “consistente con la evolución del consumo privado”.
En el caso de las empresas, los indicadores relativos a la inclusión registraron un aumento “significativo” en créditos y depósitos hasta mediados de 2014, y luego una caída. Las tarjetas de crédito y cajas de ahorro crecieron durante todo el período.
