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El aumento de penas como solución a los problemas de seguridad es un punto que no satisface a todos los sectores frenteamplistas. Sin embargo, ante dificultades para el manejo de la inseguridad ciudadana, el gobierno y el partido oficialista recurrieron a esta herramienta en dos oportunidades: en el mandato de José Mujica (junio de 2012) cuando anunciaron un paquete de medidas “por la vida y la convivencia”, y en la actual administración de Tabaré Vázquez cuando reunieron a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para negociar una serie de proyectos de ley.
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Pese a que cuentan con el aval del Poder Ejecutivo y el apoyo de la oposición, algunos proyectos aún están en discusión en el Parlamento. Esta semana la bancada de senadores del Frente Amplio decidió postergar la discusión y aprobación del proyecto de ley que aumenta la pena mínima a dos años de cárcel para quien cometa un delito de homicidio intencional, lo que vuelve la pena inexcarcelable. Los legisladores resolvieron quitarlo del primer lugar del orden del día de la Comisión de Constitución y Códigos —donde ingresó cuando el Poder Ejecutivo lo envió— y pasarlo a lo último de la lista.
Los senadores resolvieron que el proyecto sea estudiado en profundidad tanto en Senado como en Diputados. Para eso, consultarán a catedráticos y diversas organizaciones sociales sobre su posición respecto del aumento de penas.
Esta definición fue tomada después de que el sector de la senadora Constanza Moreira, Casa Grande, planteó en la bancada la necesidad de rediscutir el acuerdo multipartidario que encabezó el presidente Vázquez. “Pedimos como Casa Grande que se dé una discusión seria y profunda en el Frente Amplio y que después se tome posición”, dijo la senadora a Búsqueda. Aclaró que se llegó a una posición intermedia y el proyecto será analizado en el ámbito parlamentario por los frenteamplistas.
“Resolvimos atrasarlo y sacarlo del primer lugar en el orden del día. Ganó la sensatez, la cordura y el espíritu de reflexión”, agregó.
La senadora Daniela Payssé (Frente Líber Seregni) dijo a Búsqueda que considera que el proyecto será aprobado en la Cámara de Senadores antes de fin de año. A pesar de eso, en el oficialismo no hay una postura tomada sobre el aumento de penas y algunos sectores como Casa Grande y una parte del Partido Socialista aspiran a que el proyecto no prospere.
El proyecto, que fue caratulado como “Modificaciones al delito de homicidios”, tiene cuatro artículos y establece que el homicidio intencional pase a ser inexcarcelable. Excluye a la legítima defensa y determina como agravante el homicidio a funcionarios judiciales, fiscales o policías.
Para la senadora Moreira el proyecto es parte de un acuerdo multipartidario que cayó cuando la oposición interpeló al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el jueves 27 de octubre. Además, dijo que el Frente Amplio asumió el compromiso de no aumentar las penas en el momento que apoyó la campaña de “No a la baja”, que logró impedir que prosperara una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad a 16 años.
Moreira explicó que sobre esta discusión hay claras divisiones dentro del partido de gobierno. “Hay una discusión pendiente de qué es una política de izquierda en seguridad y la tenemos que dar como Frente Amplio”, dijo. Añadió que es importante hacer un análisis sobre lo que se ha conseguido con los proyectos de ley de aumento de penas aprobados en el período pasado. A su entender no lograron resultados suficientes, pero sí colocaron al partido de gobierno en un largo debate no saldado. “Si en estos proyectos de ley nos ha costado tanto y no existe un resultado, ¿para qué vamos a seguir avanzando?”, dijo Moreira.
Apoyo.
Mientras esas diferencias se procesan en la bancada oficialista, el presidente Vázquez volvió a respaldar la gestión del ministro Bonomi, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
El apoyo del mandatario llegó durante la reunión del Consejo de Ministros del lunes 7, después de escuchar un informe del ministro. Bonomi presentó los resultados del nuevo plan de patrullaje que aplica la Policía y que logró, según los datos oficiales, un descenso de las rapiñas. Además anunció también que habían acordado con el Ministerio de Economía abrir la licitación para instalar 3.200 cámaras.
