Como parte de la cobertura sobre el default de Argentina, una cadena internacional de televisión presentó la semana pasada en vivo a un reportero que, desde el centro de Buenos Aires, aseguraba que nada anormal sucedía en las calles. En los estudios en Estados Unidos (EEUU) esperaban ver gente enojada movilizándose por la cesación de pagos que se estaba produciendo en el marco de un reclamo judicial liderado por fondos de inversión extranjeros, pero las cámaras solo mostraban gente caminando o comprando como siempre. Algunas personas parecían impactadas, pero por la muerte del presidente de la entidad rectora del fútbol argentino, el poderoso Julio Grondona.
Entre ese clima de aparente indiferencia de la población reforzado por el mensaje de las autoridades del país de que el impago forzoso en que incurrió “no tiene ningún efecto” en la economía, transcurrieron los días posteriores al default, que —sin embargo— desencadenó la degradación de la calificación de la deuda pública argentina y de los depósitos bancarios. También surgieron nuevos intentos de arreglo, que volvieron a frustrarse, y la amenaza del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de llevar el conflicto a tribunales internacionales y ante la Comisión de Valores de EEUU. Las supuestas gestiones que habrían hecho algunos banqueros para comprar los bonos que están en default desde hace años, fracasaron, aunque ayer miércoles 5 se especuló en torno a un pool de empresarios interesados en realizar esa operación.
En Uruguay, donde el dólar acentuó su valorización al final de la semana pasada por la incertidumbre por Argentina (ver página 30), las autoridades observan el panorama sin alarma. “No vemos elementos puntuales que vayan a tener una afectación directa” sobre la economía uruguaya, declaró el 31 de julio el ministro de Economía, Mario Bergara.
Diferenció la situación actual de la cesación de pago declarada por Argentina en 2001 —entre aplausos por el Congreso y el caos en las calles—. Lo de hoy es “muy distinto” y se trata de un “default forzado por una decisión judicial en EEUU pero con Argentina mostrando un talante de voluntad de cumplimiento de las obligaciones. No es lo mismo tampoco cómo estaba preparada la economía uruguaya, el sistema financiero uruguayo y las finanzas públicas del Uruguay en 2001 —que decir que estaba preparada es un eufemismo, como ya sabemos— con la situación actual”, comentó Bergara en una rueda de prensa.
“No es de ninguna manera un elemento de dramatismo ni nada que se le parezca. Uruguay ha mejorado en reducción de vulnerabilidades”, sostuvo por su parte el presidente del Banco Central, Alberto Graña, al disertar en la noche del 31 de julio en un foro organizado por la revista “Somos Uruguay”.
“Ningún efecto”
Por segunda vez en 13 años, a la hora cero del 31 de julio Argentina entró en default. Ambos incumplimientos tienen puntos de contacto, pero las consecuencias de uno y otro parecen ser muy distintas, al menos en lo inmediato. “En la vida cotidiana esto no tiene ningún efecto directo”, dijo el lunes 4 el secretario de Política Económica, Emmanuele Álvarez Agis.
En medio de una debacle política y económica, en los últimos días de 2001 el Congreso resolvió dejar de pagar los bonos soberanos, lo que se hizo efectivo al comienzo de 2002. Ese default profundizó la crisis aunque luego, con la instalación de un nuevo gobierno, la situación se estabilizó. Más de 94% de la deuda impaga fue reprogramada mediante dos canjes (2005 y 2010), pero algunos fondos estadounidenses y otros inversores no aceptaron las fuertes quitas en el capital y la prórroga del plazo de vencimiento; esos holdouts optaron por reclamar judicialmente el cobro en las condiciones originales.
El juez estadounidense de la causa, Thomas Griesa, falló a favor de los holdouts: dio plazo hasta el 30 de julio pasado para que Argentina arreglase el pago al mismo tiempo que, como forma de presión, congeló un giro que había hecho en junio pasado el Estado argentino a un banco de Nueva York para abonar intereses de bonos reestructurados. Al fracasar un acuerdo, ese dinero —U$S 539 millones— no pudo ser cobrado por los inversores.
Standard & Poor’s fue la primera agencia que degradó la nota de la deuda de Argentina; lo hizo incluso horas antes de que el 30 de julio expirara el plazo que había dado Griesa. El 31, Fitch colocó la nota en el rango de “default restringido” porque el país incurrió en una “situación de impago”. Según esa calificadora, la economía argentina “ya está en recesión y es probable que esto empeore a medida que el default afecte la confianza y especialmente restrinja los flujos de divisas”. Así, no descarta que la presión sobre las reservas del país se “reanude, en especial el próximo año, ya que hay vencimientos importantes” de algunos de estos bonos.
Hasta una calificadora china —Dagong Global— le bajó el pulgar a Argentina y la consideró en default.
El viernes 1º y a instancias de un banco suizo también se pronunció la Asociación Internacional de Swaps y Derivados declarando que Argentina incurrió en un default. Ello desencadena el pago de seguros de cobertura por cerca de U$S 1.000 millones, según se informó.
La academia también dio su visión: “No sabemos cuán grande será la explosión y no es solo de Argentina”, comentó el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz citado por “The New York Times”.
El gobierno de Fernández rechaza haber incumplido el pago y alega que el dinero fue girado pero que un juez impidió a los inversores cobrarlo. Griesa convocó el viernes 31 a una reunión entre las partes que no condujo a nada.
“Mala praxis”.
Con el argumento de que en el caso hubo una “mala praxis por parte del Poder Judicial en Estados Unidos”, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el gobierno podría apelar a la Corte Internacional de La Haya y ante la Organización de las Naciones Unidas para evitar que un grupo de “fondos buitre fulmine” la reestructura de deuda que realizó el país en 2005 y 2010. Así denominan a los inversores que, cuando Argentina estaba en crisis a comienzos de la década pasada, compraron baratos sus bonos y ahora pretenden cobrarlos en las condiciones originales.
La administración argentina también pidió a Griesa que remueva a quien puso como mediador alegando que tiene la “camiseta” puesta de los fondos buitre, pero el lunes 4 el juez lo confirmó en esa función. Y ayer miércoles 5, hablando en una radio porteña, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reclamó al gobierno de EEUU que le ponga “límites” al magistrado.
El asunto tiene otras complicaciones. Una cláusula prevista en los bonos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010 les da el derecho a quienes los posean a exigir las mismas condiciones que se establezcan en cualquier otro acuerdo al que el gobierno argentino llegue con aquellos que no aceptaron esas reestructuraciones. Potencialmente, eso supone juicios por U$S 120.000 millones, una cifra impagable para el país.
¿Todo sigue igual?
En medio de estas tensiones con la Justicia de EEUU y los holdouts, Fernández anunció algunas medidas en el área social. Bajo cánticos de “Patria sí, colonia no”, la presidenta procuró recuperar la iniciativa y quitarle dramatismo al episodio de default técnico.
“Hoy es 31 de julio y el mundo sigue andando”, dijo al inicio de su discurso. Anunció, por un lado, un aumento de las jubilaciones de 17,21% desde el mes próximo. Por otro, informó que se propondrá al Congreso crear un ámbito en la Justicia para que los consumidores y las empresas diriman sus diferencias. También se eliminarán las penas de prisión y se aumentarán las multas por incumplir los acuerdos de precios que alienta su gobierno.
Según una encuesta de la consultora CEOP, el nivel de las opiniones positivas de la jefa de Estado y también de Kicillof “pegó un salto grande” en julio (a 54% y 52% en cada caso) a raíz del conflicto con los llamados “fondos buitre”, aseguró el domingo 3 el diario “Página 12”.
“Es de esperar (...) una contracción ulterior en los niveles de actividad y empleo. De más está agregar que, tan pronto la sociedad comience a percibir la agudización del deterioro económico, el repunte reciente en la popularidad (del gobierno) se diluirá sin remedio”, opinó Federico Muñoz, de la consultora homónima.
Según el semanario “El economista” de Buenos Aires, la discusión jurídica y semántica sobre si Argentina cayó en cesación de pagos es casi bizantina y quienes juzgarán el estado de las cosas serán los inversores. En los primeros días pos default, no ocurrieron ajustes dramáticos en los precios de los bonos soberanos y en las acciones de corporaciones argentinas. Tampoco hubo saltos cambiarios, aunque ayer la cotización del dólar “blue” o paralelo volvió a aproximarse a los 13 pesos argentinos.
Por el lado de la “economía real”, las tendencias que se venían observando, “que no eran buenas, se agravarían”, añadió esa publicación citando a Dante Sica, director de la consultora abeceb.com.
“El default, de prolongarse en el tiempo, habrá de tener efectos negativos sobre la actividad económica. La magnitud dependerá de la duración de esta situación y de cómo se gestionen los diversos frentes que se irán abriendo”, opinaron por su parte Marcelo Capello y Néstor Grión, de la Fundación Mediterránea.
