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En el marco de una tormenta política generada por el “caso Pluna”, el Ministerio de Economía realizó ayer miércoles 12 un movimiento táctico y se presentó en la Justicia Civil para cobrar finalmente el aval de U$S 13,6 millones que el Banco de la República (BROU) otorgó a la empresa Cosmo y cederlo al fideicomiso que administra los fondos de la compañía liquidada, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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El hecho de que el MEF fuera el beneficiario del aval y no el fideicomiso había llamado la atención en el juzgado especializado en crimen organizado en el que se tramita una investigación penal por estos episodios, lo que fue informado por Búsqueda el 14 de noviembre. Este punto fue el aspecto central de la indagatoria que el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos realizaron al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, al presidente del BROU, Fernando Calloia, y al propio empresario Juan Carlos López Mena, propietarios de Buquebus y BQB.
Según las fuentes, el MEF presentó un escrito en el Juzgado Letrado Civil de noveno turno con un doble contenido.
El documento pide al juez Alejandro Recarey que ceda el crédito del MEF al fideicomiso para que éste lo cobre. Pero si eso no es posible, Economía exige que el BROU le pague al propio Ministerio el aval para que sea éste el que lo deposite en la cuenta del fideicomiso.
“De ese modo el aval se cobra o se cobra”, dijo una fuente cercana al caso.
“Si esto no fuera así queda en evidencia que el aval es inejecutable y habría que preguntarse quién es el responsable de que eso sea así”, agregó
Minutos después de la presentación de este escrito en la Justicia un alguacil se presentó en el BROU para intimar el pago al fideicomiso.
Fuentes cercanas al ministro Lorenzo subrayaron que el jerarca “no tenía ni idea” de que el MEF había sido puesto como beneficiario del aval y que se enteró una vez que la subasta estaba hecha.
“Eso lo complicó”, reconocieron los informantes.
No obstante, esperan que esta movida, en la que también participaron los servicios jurídicos del propio Ministerio, permita que el aval finalmente se cobre y que el MEF quede desvinculado de este tema.
Sin embargo, fuentes empresariales señalaron que este asunto puede seguir complicando al gobierno y al ministro Lorenzo en particular.
“Se ha hablado poco sobre de qué forma un derecho que tenía el MEF por 13 millones de dólares se cedió a un tercero, que es el fideicomiso. Cuando se cede un derecho dentro del Estado, no basta con firmar al dorso de la póliza porque ese derecho ingresó al Estado y es un activo que tiene el Estado”, señaló una fuente del sector privado.
“¿Eso es jurídicamente aceptable?”, se preguntó. Y de inmediato añadió: “El MEF debería fundar en un acto administrativo por qué cedió ese derecho. Y eso no existe porque debió haber sido publicado en el Diario Oficial. ¿Endosaron una póliza como si fuera un cheque entre particulares? No tienen salida respecto a esto. No es una interpretación sino un hecho de la realidad”.
La fuente agregó que a su juicio esto es “muy importante” porque “no hay ningún documento que acredite cómo el MEF hizo eso”.
“Si usted sabe que un documento no le pertenece, no lo puede ceder. Tiene que decir que no es para usted. Por eso Lorenzo queda muy complicado”, insistió.
