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“El venezolano que no muere luchando en la calle, lo hace por la inseguridad, el hambre o la falta de medicamentos”. Ese testimonio fue uno de los tantos que escucharon los ediles de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, cuando en junio de 2017 recibieron a una delegación de cuatro venezolanos exiliados en Uruguay. Durante la instancia, además de plantear asuntos relativos a su nueva vida en el país, denunciaron las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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Cuando el encuentro finalizó, los ediles del Frente Amplio decidieron eliminar la versión taquigráfica de esa sesión, argumentando que los temas planteados por los venezolanos “no se ajustaban al orden del día”. Además, afirmaron que los invitados “estaban faltando a la verdad” y reflejaban “solo una campana”.
Pese a las críticas de los ediles de la oposición, la versión taquigráfica nunca fue publicada, tal como informó Búsqueda en julio de 2017 (Nº 1.926).
Sin embargo, más de dos años después, las actas vieron la luz. Los ediles de la Concertación, Roberto Gossi (presidente de la comisión en esa época) y Gustavo Zúñiga lograron hacerse con ellas tras un largo proceso administrativo y judicial.
“No se sabía si las actas se habían destruido u ocultado”, dijo Gossi a Búsqueda. Según explicó, luego de reclamar sin éxito dos veces por la vía administrativa, acudieron a la Justicia de lo contencioso administrativo, tal como prevé la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública.
No obstante, un día antes de que se celebrara la audiencia judicial, fijada para el 26 de setiembre, el secretario general adjunto de la Junta, Federico Silva, e integrantes del Departamento Jurídico informaron a los ediles que podían entregarles una copia de las actas.
“Ahí surgen las declaraciones que en su momento no quisieron dejar relucir. Se mostró una ‘solidaridad’ con el gobierno venezolano que no corresponde”, cuestionó Gossi. “Eran integrantes de la comunidad que venían con un planteo y comentaron la desesperanza que vivieron. Eso evidentemente no le gustó a la gente que no comparte la democracia”, agregó.
Para Zúñiga, que denunciaran aspectos políticos no estaba fuera de lugar, ya que los invitados estaban en Uruguay “escapando de un régimen”. “Eso fue motivo para que el FA decidiera borrar todo”, sostuvo, lo que a su juicio sentó un precedente “terrible”.
Según dijeron, los ediles oficialistas incluso solicitaron que se eliminara del acta que ellos habían pedido suprimir la versión taquigráfica. Los ediles, que encabezan una nueva lista al Senado (60.000) en apoyo al colorado Ernesto Talvi, afirmaron que lo que quieren con la difusión de las actas es que “la gente sepa la verdad y que cada uno lo valore”.