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Uruguay tiene uno de sus déficits principales en la trayectoria declinante de su nivel educativo general. La agenda pública y la percepción ciudadana es que se trata de un eje vertebrador de la identidad nacional y se vincula con la capacidad de crecer, desarrollarse, de incluir, de lograr seguridad ciudadana en libertad y con DDHH.
No es lo mismo comenzar de cero, en sociedades nuevas donde está todo por hacer, que tratar de construir sobre edificaciones históricas, inerciales con valores definidos, institucionalidad legal, actores portadores de intereses legítimos y corporaciones con aspiración de protagonismo en la conducción nacional y lucha presupuestal.
Uruguay detuvo su desarrollo educativo en la década de los cincuenta en una primera etapa histórica y luego por el desguace acometido en el proceso cívico militar, que pretendió también realizar su reforma educativa a imagen y semejanza de su verticalidad.
Este proceso fue argumentado, desde el marco de la doctrina de la seguridad nacional, con el trasfondo de la guerra fría en la periferia.
Los PPTT percibieron, con razón, que las fuerzas de izquierda habían tomado el campo educativo como espacio de una batalla estratégica, para el logro del poder. Mucho de ello está demostrado en los anémicos presupuestos brindados hasta el año 2005 con el eje del 3% del PBI.
Y la reacción simétrica de la educación superior al considerarse como la “República de la Universidad”. autopercepción todavía viva donde lo mejor y lo ético solo puede provenir de la Universidad estatal y su sistema de gestión.
Es la crónica de un desastre ilustrado y previsible. La izquierda con su visión y misión de que el campo educativo era/es fértil para formar y disciplinar ciudadanos conscientes, críticos, revolucionarios y que lo demás en pedagogía y metas técnicas era lo de menos. La disciplina, el rendimiento individual, la eficacia y eficiencia, la investigación y desarrollo atados a la producción, la conciencia de costos, eran visiones instrumentalistas, de la burguesía nacional, en todo caso visiones neoliberales —que reducían los fines superiores de la educación según el alineamiento de ella a un desarrollo de una sociedad sin clases sociales.
Caídos los discursos totales omnipotentes y aceptados algunos conceptos de la economía clásica y neoclásica, la izquierda debe administrar el capitalismo, pero queda paralizada frente a su incapacidad de construcción de futuro deliberado y la educación lo exige. Su escenario y aspiraciones, que se construyen desde valores educativos, están confusos, difusos y en disputa.
Convergen en este mismo escenario, preelectoral, fuerzas de oposición tradicionales que recalcan los fracasos, pero no tienen legitimidad y autoridad, y no generan puentes o canales de diálogo cierto con los actores de la educación, dado su afán táctico de reconquista del poder político, con una izquierda tradicional que teniendo el poder navega intentando defender algo que sabe que no funciona y en todo caso quisiera creer y lograr.
Hay salidas para este atolladero, no basta con declarar rotundos fracasos, que no por ser ciertos dejan indemnes a nadie. Nadie puede declarar inocencia o tirar la primera piedra.
Y tampoco nadie puede andar prometiendo en vía electoral 6 % de nada, si no discute el marco lógico desde donde se va a presupuestar. Primero responsabilidad institucional. Y esto solo se logra con un pacto transelectoral, suprapartidario, que diseñe líneas estratégicas para los próximos 20 años.
Cuyas autoridades en la implementación sean electas por mayorías especiales del Parlamento, aspirando a una educación pública fuerte, conductora y equitativa en su financiamiento, y mixta en su prestación.
