“Aún se encuentran en proceso los monitoreos ambientales exigidos. Con lo cual, no se estaría actualmente en condiciones de poder evaluar las siguientes fases”, señala el documento.
Sobre la posibilidad de aumentar la ventana temporal operativa a más allá de abril en toda el área definida para la temporada 2 —con excepción del área de cría permanente de merluza—, el informe repasó los argumentos presentados por la empresa. Según indica, la compañía basó su solicitud en la evaluación de la propagación acústica en el medio acuático, la cual “confirma que la modelación empleada resultó marcadamente precautoria”. A eso se suma la incorporación del área asignada a APA en la temporada 2 en aguas significativamente más profundas —superiores a los 3.000 metros—, la cual “no presenta superposición con las áreas de mayor intensidad de actividad pesquera para ninguna de las categorías analizadas”.
Al denegar el pedido el ministerio argumentó que esa restricción no solo se definió en función de la posible afectación al recurso pesquero, sino que también tomó en consideración el período del año de menor solapamiento con especies de mamíferos marinos en la zona a realizar la actividad, un análisis que surge de la consultoría realizada por la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) denominada “Sostenibilidad marina para el fortalecimiento de las acciones de conservación marina en Uruguay”.
“Dinabise elaboró un informe para resumir y proponer medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos derivados de la actividad sísmica sobre la megafauna marina susceptible a esta actividad, el cual fue tomado como insumo oportunamente para la evaluación de la solicitud de AAP, de donde surge que el período autorizado para la actividad sísmica es el que representa un menor solapamiento. Por lo cual, se sugiere no autorizar una ampliación de la ventana temporal para la ejecución de la actividad”, indica el documento, y advierte que el cambio requeriría una modificación de la AAP con la correspondiente posterior evaluación.
Además, la consultoría encontró puntualmente que la ballena franca austral utiliza el espacio marino uruguayo, tanto en zona costera como en aguas más profundas, entre los meses de junio y octubre en sus migraciones entre zonas subantárticas y Santa Catarina, Brasil. En tanto, la ballena jorobada lo hace desde febrero hasta junio, mientras la ballena minke antártica usa las aguas uruguayas como área de parto y cría entre abril y diciembre.
Por último, respecto a flexibilizar la medida de mitigación vinculada a disminuir el tiempo de 60 a 30 minutos de prewatch de megafauna marina a profundidades mayores a 200 metros antes del encendido de fuentes de sonido, la empresa fundamentó su solicitud en una revisión de las prácticas de otros países. Según recoge el informe ministerial, en otros territorios se complementa el avistamiento previo con el monitoreo acústico pasivo, así como otras medidas de mitigación para prescindir de un prewatch prolongado para detectar especies que se sumergen durante extensos períodos de tiempo. Asimismo, CGG afirmó que las inmersiones prolongadas se asocian a actividades de forrajeo (búsqueda de alimento realizada por los animales) donde las especies vocalizan, y también hizo énfasis en la baja frecuencia de observaciones de especies de buceo prolongado registradas durante la temporada 1.
Al rechazar el pedido el ministerio señaló que “no hay suficiente evidencia científica que permita reducir el tiempo de avistamiento de cetáceos de buceo prolongado y sustituir este por el monitoreo acústico pasivo”. Afirmó, por el contrario, que sí hay evidencia de que los cetáceos de buceo prolongado no vocalizan durante todo el tiempo que se encuentran sumergidos y, por tanto, “pueden existir ciertos momentos en que el sensor de sonido” no los detecte.
“La bibliografía científica ha demostrado que los individuos no vocalizan durante todo el tiempo de la inmersión o incluso se han reportado inmersiones prolongadas asociadas a otras actividades donde no vocalizan, como descanso o socialización. A su vez, en los avistamientos visuales de cachalotes registrados durante la temporada 1, en los que se registró el comportamiento de buceo, no estaba en funcionamiento el PAM (Passive Acoustic Monitoring), por lo cual no fue posible comprobar si hubieran sido detectados por este método”, señalan las técnicas.
De esta manera, el MA mantuvo las condiciones impuestas en la resolución ministerial aprobada en diciembre de 2025 a través de la que se le concedió la AAP a la compañía. Y el pasado 16 de octubre una resolución firmada por el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de la cartera, Alejandro Nario, le confirió vista a CGG, que ya aceptó la respuesta.
Ayer, miércoles 18, se realizó una nueva instancia judicial para tratar la medida cautelar que promueven las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma, con el objetivo de suspender la ejecución de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos offshore, así como las actividades de prospección y perforación, hasta que se determine si dichos contratos son válidos o nulos. En la instancia, declararon como testigos funcionarios del MA y técnicos responsables de la empresa CGG, así como científicos vinculados al sector que se oponen al comienzo de las actividades.
El 1 de diciembre tendrá lugar la audiencia pública organizada por el MA vinculada al proyecto de prospección de la empresa APA, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de perforación exploratoria en el bloque OFF-6.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Edgardo Ortuño: las medidas “fueron efectivas”
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo a Búsqueda que, si bien las actividades de prospección tienen larga data en Uruguay, la actual administración definió que esta nueva etapa se realice con las medidas de protección ambiental más exigentes a nivel internacional, con el fin de garantizar que no se afectará a la fauna marina.
En ese sentido, recordó que el informe presentado en mayo ante el Secretariado del Frente Amplio (FA) sobre la primera etapa de las prospecciones llevada adelante entre marzo y abril confirmó la efectividad de las medidas de mitigación exigidas: se registraron 487 avistamientos de distintas especies marinas, de los cuales 259 ocurrieron dentro del radio de mitigación de 1.000 metros y 228 fuera de esa área; no se registraron muertes de animales vinculadas a la prospección sísmica —las necropsias realizadas por Facultad de Veterinaria descartaron que la actividad fuera la causa de los casos de fauna varada que tomaron estado público—, y solo se presentaron dos reclamos para activar el mecanismo de compensación económica a la pesca establecido como garantía al sector por primera vez en esta campaña.
“Las medidas que tomamos en su momento, como duplicar el área de protección a la fauna marina, el fortalecimiento del control de varamientos, aumentar la presencia de observadores en los buques o el limitar los meses de actividad, fueron efectivas”, aseguró el ministro, y reafirmó que “realmente se aumentaron las medidas de prevención y de inspección en forma significativa”.
En referencia a la decisión del ministerio de rechazar la solicitud de la empresa, Ortuño señaló que refleja la importancia de las medidas y “de la firmeza de la cartera para mantenerlas”. “Es el compromiso que asumimos desde el día cero y que quedó respaldado en la efectividad de los resultados”, mencionó.
El pasado 29 de setiembre, El Observador informó que CGG denunció en los informes finales de operaciones de la empresa relativos a la actividad de este año que la combinación de medidas de mitigación ambiental, en particular las asociadas al monitoreo de fauna marina con las condiciones meteorológicas, representó el “principal condicionante para la ejecución de la campaña”. Afirmaron que “la frecuencia y duración de las interrupciones” redujeron significativamente la eficiencia operacional respecto de la planificación inicial, e incluso señalaron que solo pudieron relevar de forma completa el 54% del área total prevista debido al cumplimiento de las medidas de mitigación.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Movimientos parlamentarios y constitucionales
El sistema político discute cómo avanzar en la aprobación de una nueva normativa para definir el destino de las ganancias estatales en caso de que se encuentre petróleo en el mar territorial. Senadores de los tres partidos con representación en esa cámara coinciden en la necesidad de hacerlo antes de que se extraiga la primera gota.
El senador colorado Pedro Bordaberry presentó el 3 de setiembre un proyecto de ley que crea el Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera. Por iniciativa del senador Felipe Carballo, la bancada de senadores del FA ingresó este martes 17 una iniciativa que crea el Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay. Y el senador blanco Sebastián da Silva redactó un anteproyecto de ley, al que accedió Búsqueda, que crea el Fondo Soberano de Inversión Intergeneracional.
Las palabras para definir este fondo que promueven crear desde los tres principales partidos políticos del país se repiten, al igual que el propósito: evitar que un gobierno gaste en el corto plazo los recursos que podría conseguir producto de la explotación petrolera.
La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, compareció el miércoles 18 ante la Comisión de Industria y Energía del Senado, donde destacó los cuidados ambientales con respecto a la prospección sísmica. “Hay un trabajo legislativo que se va a requerir para el desarrollo de esta actividad”, dijo luego la jerarca en rueda de prensa, en alusión a los proyectos de ley mencionados.
Uno de los ingenieros de Ancap que acompañaron a San Román informó en comisión que la empresa estatal ha recaudado US$ 75 millones desde el año 2010 hasta hoy por la venta de información vinculada a la prospección sísmica, dijo Carballo a Búsqueda.
En paralelo a estos movimientos políticos, el senador frenteamplista Daniel Caggiani impulsa la idea de realizar un plebiscito en octubre de 2029 para que quede consagrado en la Constitución de la República que los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Estado.
El artículo 4 del Código de Minería, un decreto-ley del año 1982, declara que “todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible el dominio del Estado”. Caggiani ha planteado a dirigentes del FA que esta norma presenta cierta “debilidad”, puesto que al ser ley podría modificarse con mayoría parlamentaria. Para evitar que suceda algo así, promueve una consulta popular que consagre la protección constitucionalmente, informaron fuentes políticas a Búsqueda.
Varios países de la región —como México, Bolivia, Ecuador y Chile— consagran en sus constituciones que los minerales e hidrocarburos son propiedad del Estado. En Uruguay existe un antecedente: el plebiscito de 2004 que propuso incorporar el agua a la Constitución como derecho humano fundamental y bien público logró ser aprobado con el 64% de los votos.
Caggiani también ha advertido que al impulsar una iniciativa de este tipo el FA presentaría un contrapunto a la consulta popular que impulsa el senador blanco Carlos Camy para habilitar los allanamientos nocturnos.